Desde este sábado a las 6 a. m., los 15 pueblos que hacen parte de las Autoridades Indígenas del Bakatá comenzarán el proceso para abandonar el parque Nacional, luego de ocho meses de ocupación. Así lo anunciaron anoche en rueda de prensa el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, y Jairo Montañez, coordinador técnico de las comunidades.
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Desde el jueves se había confirmado que todo estaba listo para que el parque fuera desocupado y para que los indígenas volvieran a sus regiones en Chocó y Risaralda, no obstante, solo hasta ayer se anunciaron las condiciones de dicho retorno y los plazos establecidos por el Distrito.
La primera fase de dicho retorno contempla el traslado de todos los miembros de la comunidad a la Unidad de Protección Integral La Florida, en Engativá.
“El Distrito les asegurará alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia, y se abrirán espacios para la comercialización de sus productos”, explicó Jiménez.
El acuerdo logrado en la mesa de diálogo incluye un plan de choque para la reivindicación de sus derechos, la posibilidad de participar en la política pública indígena que el Distrito iniciará en los próximos días y la apertura de más espacios para su participación.
Jairo Montañez, coordinador de las autoridades indígenas dijo: “Tenemos fe en que los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional y Distrital se cumplan. No solo beneficia a los 15 pueblos indígenas, sino a toda una ciudadanía”.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas se encargarán de garantizar el regreso a sus territorios con todas las garantías de seguridad. “Se les dará apoyo económico para financiar sus proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales”, explicaron.
Con las familias que quieran quedarse en Bogotá, las autoridades distritales y nacionales acordaron brindar apoyo para la reorganización y acompañamiento psicosocial de los indígenas, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas.
Por último, se realizarán mesas de trabajo para hacer seguimiento al cumplimiento de los puntos acordados entre las partes.
Uaesp, Jardín Botánico, Idipron y Secretaría de Gobierno estarán a cargo de las reparaciones del parque, las cuales arrancarán desde el momento en que los indígenas abandonen el espacio.
El 29 de septiembre de 2021, 350 miembros de la comunidad emberá y de otros pueblos indígenas, se establecieron en el parque Nacional luego de ser desalojados de las viviendas en las que permanecían desde abril.
Líderes de la comunidad pedieron al Gobierno Nacional y al Distrito, garantías para su reubicación y una solución digna de vivienda para aquellos que no deseaban retornar a sus regiones en Chocó y Risaralda. Al no lograr llegar a un acuerdo y en medio de una fallida audiencia de recuperación del espacio público programada que tuvo lugar el 19 de octubre, dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno resultaron heridos, lo que generó una crisis entre ambas partes.
Crisis que se ahondó el 18 de noviembre cuando el Distrito denunció explotación de menores emberás con fines económicos y señalaron que algunas personas estaban detrás de contratos. Líderes de las Autoridades Indigena en Bakatá negaron las acusaciones y señalaron que sus necesidades básicas no estaban siendo atendidas. No obstante, un menor de edad falleció en el hospital San Ignacio de Bogotá, el 29 de noviembre de 2021, tras presentar quebrantos de salud durante varios días.
El 1.° de diciembre del 2021 se realizó el primer retorno de indígenas a sus regiones. 423 personas regresaron a Risaralda con el apoyo de la Unidad para las Víctimas. Días más tarde, un juez de Bogotá falló a favor de las comunidades indígenas una acción de tutela interpuesta por el personero Julián Pinilla, que obligaba al Distrito a brindar “todas las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria y salubridad” y coordinar junto con el Gobierno Nacional la caracterización de los indígenas del parque Nacional.
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El segundo retorno ocurrió el 20 de diciembre, cuando 490 miembros de la comunidad emberá que se encontraban asentados en la UPI del parque La Florida volvieron a Pueblo Rico y Mistrató, en el departamento de Risaralda.
En cumplimiento del fallo, la Secretaría de Gobierno ofreció cinco opciones de reubicación -tres coliseos, un edificio de la ERU y la UPI La Florida- a los indígenas, pero todas fueron rechazadas por los líderes de la comunidad, porque, según ellos, no cumplían con las condiciones mínimas para una vida digna.
El 25 de enero de 2022 ocurrió uno de los episodios más lamentables de la crisis. Ermilda Tunay Sintua, el bebé que esperaba y su pequeña hija Sara Camila García Tunay, murieron arrollados por el camión de Hildebrando Rivera Gantiva, quien fue linchado por un grupo emberás de la UPI La Florida.
Dos meses después, por fin, se pudo llevar a cabo la caracterización de los emberá, la cual arrojó que en el parque había 536 núcleos familiares y 1.585 personas, de las cuales, 747 eran de la comunidad emberá Katío y Chamí y 838, a otros pueblos indígenas. La Unidad para las Víctimas anunció la toma de intencionalidad para determinar quiénes deseaban volver a sus territorios, sin embargo, el trámite no se culminó.
No obstante, dicha cifra ha ido fluctuando con el paso de las semanas debido a que, según el Distrito, solo un porcentaje de las personas que ocuparon el parque pasan la noche allí. Las últimas cifras entregadas por la Secretaría de Gobierno dan cuenta de más de 1.800 personas, de las cuales solo 400 pernoctaban en este espacio.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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