De los 20.903 recicladores que hoy están registrados de forma oficial en el Distrito, solo 8.700 aparecen activos en la calle con los llamados ‘zorritos’, carros que usan para recoger y transportar materiales. Se calcula que a diario mueven 1.200 toneladas de material útil.
Si esta población estuviera organizada con reglas de juego claras, podrían aprovechar las más de 3.000 toneladas que la ciudad produce de reciclaje y que por mal manejo terminan en el relleno sanitario de Doña Juana.
Sin embargo, no es una tarea fácil. Desde que la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos al trabajo de esta población vulnerable y le ordenó al Estado buscar los mecanismos para reducir las desigualdades sociales, culturales y económicas, con el fin de generar equidad a través de acciones afirmativas, ha resultado todo un galimatías tratar de ponerlos de acuerdo.
El tema se ha agitado nuevamente ahora que se avecina una nueva licitación de aseo y el Distrito ha dicho que mientras el servicio de recolección de basuras se hará a través de áreas de uso exclusivo, mantendrá la libre competencia para el caso de los recicladores.
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La explicación radica en que tratar de cobijarlos a ellos en el mismo esquema de los operadores de aseo beneficiaría a solo el 5 por ciento de los recicladores que se encuentran legalmente organizados a través de empresas. Pero el grueso de esa población se quedaría por fuera.
La semana pasada, uno de los dos bloques que detentan el poder y el liderazgo de las demás organizaciones denunció ante la Corte Constitucional la presunta injerencia de dos exfuncionarias que estarían realizando asesorías para obligar al Distrito a consolidar las áreas de servicio exclusivo para ellos.
A juicio de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), al definir áreas específicas, se afectaría a más del 75 por ciento de quienes hoy no están organizados. En otras palabras, solo se les podría pagar a las organizaciones y no a los que recogen cartón en la calle.
“Esta posición atenta contra el acceso cierto y seguro al material reciclable, nos expone a dejarnos por fuera del oficio y sin la posibilidad de seguir contando con el pago por tonelada recolectada”, dice Nora Padilla, la líder de ARB.
En el documento radicado por su organización, piden que las dos exfuncionarias sean investigadas por la Procuraduría, porque consideran que ellas de alguna manera fueron las que en la pasada administración ayudaron a definir las zonas exclusivas para reciclaje.
Campo Elías Jiménez, de la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá (Arub) y a quien señalan de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra la libre competencia, le reconoció a EL TIEMPO que las exfuncionarias sí han colaborado con algunas organizaciones, pero sin remuneración alguna.
Jiménez defendió las zonas exclusivas y considera que la libre competencia ampara los intereses de los bodegueros, de los intermediarios, y que a través de ese esquema “cualquier persona puede terminar como reciclador de oficio”.
Por si lo anterior fuera poco, ahora se denuncian supuestos carteles de la ‘basura’, que facturan más peso del que llevan y que así queda registrado en las planillas para poder cobrar por cargas que en realidad no ingresaron, en una alianza con algunos bodegueros e intermediarios, tema que investiga la Fiscalía.
Así pues, además de que por años fueron ignorados por el Estado, estigmatizados por los ciudadanos y utilizados por grupos políticos y económicos, al interior de las organizaciones se vive una profunda división que no les permite avanzar en la consolidación como empresas prestadoras de servicios públicos.
Los recicladores son pieza clave en el nuevo esquema de aseo de la ciudad, un asunto que en este momento se encuentra en revisión financiera por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
El Distrito está a la espera del visto bueno de la CRA para poder sacar adelante el proceso de licitación, que permita reorganizar los residuos no aprovechables para que sean recogidos en los camiones, en un esquema que contempla cinco Áreas de Servicio Especial (ASE) y que incluye la limpieza de las zonas públicas, la instalación de canecas y, además, el barrido de unos 277.000 kilómetros.
Para los materiales que sí son recuperables, la propuesta del Distrito es que el esquema se quede en libre competencia, con el fin de garantizar a los recicladores organizados y a los que están por fuera de todo proceso de formalización el acceso cierto y seguro a los materiales.
Esto significa que los concesionarios –y eso está claro en el proceso licitatorio– no pueden recoger ni comercializar las bolsas blancas ni levantar las canecas que contengan materiales reciclados.
Solo en el 2016 se giraron poco más de 33.000 millones de pesos a las personas vinculadas con esta actividad, según cifras oficiales. Recursos que salen de lo que los ciudadanos pagan por el servicio de recuperación de residuos.
BOGOTÁ
