“La alcaldesa Claudia López ha objetado la declaratoria de emergencia climática de Bogotá en el punto específico en donde decíamos que, a partir del año 2022, el Distrito no compraría más flota con base en combustibles fósiles": denuncia la concejal Susama Muhamad, quien afirma que la alcaldesa actúa de forma contradictoria al aprobar la mayoría de estrategias del proyecto de acuerdo 256 de 2020, excepto este punto crucial que ayudaría a reducir en un 50 % las emisiones de gases efecto invernadero en el año 2030.
La alcaldesa @ClaudiaLopez objeta el artículo de la declaratoria de #EmergenciaClimáticaYa que pone freno en el 2022 a la compra de buses con combustibles fósiles, si las decisiones no son consecuentes y radicales las metas no se cumplen, no hay tiempo. Ya estamos en emergencia. pic.twitter.com/6snyuBrJUZ
— SusanaMuhamad (@susanamuhamad) December 1, 2020
Su denuncia se basa en el documento enviado por la mandataria al presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el cual expresa que la declaratoria de emergencia climática es pertinente para la ciudad, pero, a su criterio, tiene un lado débil: "(...) el no haber consagrado las fuentes de financiación correspondientes que permitan dar cumplimiento a dicho mandato resulta inconveniente e inviabiliza el mismo”.
Puntualmente, López presenta una objeción dirigida únicamente al contenido del numeral 4.1.3. del artículo 5 'Mandatos', que reza así:
"A partir del 1 de enero de 2022, el Distrito Capital no podrá adelantar procesos de adquisición de la flota de transporte público, cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todos los componentes de la flota zonal o troncal del transporte público”.
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Las razones son cuatro. En primera instancia, la alcaldesa afirma que la meta del mandato "no se encuentra alineada con el ordenamiento jurídico aplicable" en el orden nacional y distrital. Para el primer caso, señala, que el Acuerdo de París plantea que el país deberá, en 2030, haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %.
Por su parte, en el ámbito distrital la mandataria señala que el proyecto difiere del Acuerdo Distrital 732 de 2018 en el cual la ciudad se compromete a que el componente troncal del SITP genere cero emisiones de material particulado en 2025, mientras que el componente zonal tiene plazo de hacerlo hasta 2036 o hasta que finalicen los actuales contratos.
El segundo argumento de la objeción es que la implementación de tecnologías de cero emisiones requiere ajustes en infraestructura de recarga, tecnologías de buses,
estándares de recarga que en este momento el Distrito no puede proporcionar.
"Se debe tener en cuenta la necesidad de contar con la red de suministro de repuestos y la garantía de los recursos financieros, para adelantar esta renovación tecnológica y la flexibilidad operacional del sistema. Para lograrlos, se tendría que disponer de los espacios y recursos para adecuar la recarga o abastecimiento energético
de los buses de nuevas tecnologías que en la actualidad no se tienen", señala el documento.
Asimismo, la objeción resalta que el mandato no tiene en cuenta que esos ajustes varían dependiendo del tipo de servicio dentro del Sistema Integrado de Transporte Público.
En tercer lugar, la alcaldesa deja en claro que "adelantar los futuros procesos de renovación de flota con vehículos 100% eléctricos para el Sistema Integrado de Transporte Público acarrea una mayor inversión en la flota" que impactaría aún más las golpeadas finanzas del Distrito durante la pandemia, por lo que López insta a que el Concejo de Bogotá "incorpore y apruebe las fuentes adicionales de financiación para estos propósitos".
TransMilenio y los costos que debería asumir la empresa también salen a relucir en el cuarto motivo: "De realizar la renovación y adquisición de flota exclusivamente en tecnología eléctrica frente a otras tecnologías como Diesel y/o Gas, a partir de 2022, la diferencia en el FET 2021 – 2031 sería de cuatro billones doscientos ochenta y siete mil novecientos dos millones de pesos ($4.287.902.000.000)".
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En ese punto, la concejal Muhamad afirma en su denuncia que, detrás de esa posición de la Alcaldía, lo que hay es "una defensa del diésel y, sobre todo, del negocio del gas". Además, para la cabildante las cuentas de TransMilenio no contemplan el beneficio total de invertir en cambiar la flota.
"Si el bus eléctrico cuesta más en cuanto a la inversión, cuesta mucho menos en su mantenimiento. Además puede operar en el sistema durante 15 años, mientras el bus diésel solo puede operar diez”, agregó.
Finalmente, la alcaldesa expresa en la misiva que realizar una transformación de
combustibles fósiles a tecnologías limpias de cero emisiones debe ser un proceso planeado y gradual que, bajo las actuales condiciones que plantea el proyecto de acuerdo, no es del todo viable. Y, acto seguido, declara "no es procedente la sanción del Proyecto de Acuerdo Distrital 256 de 2020".
REDACCIÓN BOGOTÁ
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