El sargento que asesinó a un joven porque miró a su esposa

Mirar a la esposa de un sargento del Ejército Nacional fue la sentencia de muerte de Juan David Vargas. La noche del viernes 13 de octubre del 2017, el joven, de 27 años y estudiante de tercer semestre de derecho, no tenía planes porque era la semana de receso.

Llamó a una de sus tres hermanas, la mayor y quien trabajaba en el Batallón de Artillería n.° 13, en el sur de Bogotá. Ella le dijo que la recogiera, que ahí miraban qué hacer.

“Ingresó allá, lo invitaron a una cerveza; él había prestado servicio militar en ese batallón, por lo que tenía algunos conocidos, pero en un momento salió a fumarse un cigarrillo y fue ahí que pasó el desagradable hecho que terminó con su vida”.

Quien habla es Paola Vargas, otra de sus hermanas. Según explica, el sargento del Ejército Nacional David Alexánder Valencia lo increpó porque, supuestamente, Juan miró a su pareja. Del reclamo se pasó, aparentemente, a una riña.

El uniformado fue hasta su vehículo –un Renault Twingo–, rebuscó por un instante, encontró una navaja, caminó de vuelta; algunos de sus compañeros trataron de controlarlo, pero los superó. También la hermana de Juan, “cálmese, él viene conmigo”. Nada importó; fijó su ira y su cuchillo en el corazón de Juan, y el golpe, con el puño cerrado, fue certero. El hijo de Rafael Vargas y María Rubby Ramírez quedó tendido en el piso.

El asesino volvió a su carro, esta vez con su esposa, y salió del batallón. Nadie lo detuvo.

El cuerpo del universitario fue alzado por dos soldados en medio de los gritos de desespero de su hermana. Atravesaron la avenida Caracas, un carro lo recogió y lo llevó al hospital de Tunjuelito, donde dijeron que la muerte había sido instantánea.

“Se nos acabó la vida. Se acabaron las ilusiones, se acabó todo porque es la muerte de un hijo, y más en la forma en que ocurrió; es muy doloroso. Se perdió todo lo que él quería ser en la vida. Se perdió la alegría en la familia, la tranquilidad, a mí se me acabó la vida”, contiene sus lágrimas Rafael Vargas, quien aún no asimila lo ocurrido hace casi dos años.

Juan David Vargas nació en Bogotá el Jueves Santo de 1990. Era el menor, el único hombre de la familia, el niño consentido. Estudió su infancia y bachillerato en un colegio de sacerdotes del barrio Olaya, en el sur de la ciudad.

Tras graduarse decidió darse un tiempo de descanso; le gustaba viajar, estar en fiestas, compartir con sus amigos. Pero finalmente se decidió por la abogacía, y soñaba con convertirse en abogado penalista y viajar por el mundo.

“Era un chino supervivaz, alegre, una persona que tenía un plan de vida extenso, muchas ilusiones; había proyectos que por razones que desconocemos se cortaron. Era el picante de la familia, esa chispita, el payasito en las reuniones, el que estaba detrás de uno animando el día”, lo recuerda con la foto entre los dedos su otra hermana, Luz.

La tragedia de esta familia continuó con una intensa batalla en los estrados judiciales. El 16 de octubre del 2017, 13 días después del asesinarlo, el sargento se presentó voluntariamente.

La Fiscalía le imputó cargos por homicidio, y la primera determinación del juez que asumió el caso fue cobijarlo con prisión domiciliaria, por no considerarlo un peligro para la sociedad.

“Soy respetuosa de las leyes, pero ¿no es un peligro para la sociedad una persona que tiene dentro de un carro un cuchillo y lo saca para atentar contra la vida de un joven de 27 años que no le había hecho nada, o si le había hecho algo por una riña ridícula le tiene que quitar la vida?”, se cuestiona Paola, quien ha sido la más comprometida de la casa, junto con Luz, con todo el proceso judicial.

Después de muchas audiencias, el 23 de octubre del 2018 lo condenaron a 18 años y dos meses de prisión. Esta determinación fue apelada por los Vargas, y en un fallo de segunda instancia, emitido el pasado 12 de febrero, aumentaron la sentencia 12 meses.
Sin embargo, la familia no entiende la razón por la que el sargento está cumpliendo su condena en el centro de reclusión militar del Batallón de Artillería n.° 13, el mismo lugar en el que asesinó a Juan.

“Ellos piden que le den una prisión militar por su condición de uniformado, a lo que el juez en segunda instancia falló que no, porque no había sido en sus funciones y no tenía ningún beneficio como militar. Lo paradójico es que hoy, después de ocho meses, el señor esté en el batallón de artillería –se asume que en una celda–, pero claramente tiene privilegios porque está en un batallón”, reclama Paola.

En el Ejército Nacional confirmaron que, en efecto, el sargento está recluido en este sitio, pero, según explicaron, no tiene ningún privilegio y permanece en las celdas dispuestas para miembros de la Fuerza Pública.

Pese a esto, Luz considera irrisoria la condena de 19 años y dos meses.

“Es increíble que se burlen del dolor de una familia que busca justicia. ¿Cómo condenan a un chico que roba una buseta a 18 años, y a este hombre que saca un arma y mata a mi hermano, sencillamente porque dice que le estaba mirando la esposa, le dan lo mismo? En este país no tenemos derecho a mirar, a voltear la cara para ver al personaje que está al frente porque me vienen a reclamar y a matar”.

Pero, más allá de la muerte de Juan David, de la leve condena en contra de su homicida, hay otra tragedia que la familia vive todos los días. La hermana mayor, quien lo tuvo entre sus brazos mientras moría, no volvió a ser la misma persona; debe tomar pastillas para conciliar el sueño en las noches. Hay conflictos internos. Buscan culpables. Las sonrisas se agotaron.

“Mi hermana todavía trabaja en el Ejército. Ella, por encima de esto, lo respeta, ama a su institución, y es difícil contrariar con ella. Mi papá les sirvió, mi hermano sirvió al Ejército, que se supone es un estamento para el respeto; pero no, estamos contrariadas con mi hermana. ¿Cómo puede seguir en un sitio al que le dio su vida y en donde mi hermano murió sencillamente por una persona intolerante?”.

Esta es la quinta nota de una serie de crónicas que se publicarán semanalmente y que reflejan el grado de intolerancia al que estamos llegando en la ciudad y la importancia de reflexionar sobre un problema de convivencia y autocontrol que en muchas ocasiones tiene desenlaces fatales. Lea aquí el cuarto episodio.

ÓSCAR MURILLO MOJICA
REDACCIÓN EL TIEMPO
Twitter: @oscarmurillom