Disfrazados de vendedores ambulantes, funcionarios de la Alcaldía o de la Empresa de Acueducto de Bogotá, investigadores de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana se sumergieron en el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad, para rescatar a 18 menores de edad que eran víctimas de explotación sexual. Todas, adolescentes venezolanas entre los 14 y los 17 años de edad.
En los más de 18 meses que los detectives estuvieron esculcando el sector, la conclusión a la que llegaron, por las labores investigativas realizadas, es que en un 90 por ciento las trabajadoras sexuales que están hoy en esta zona son del país vecino.
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Fueron funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, en medio de un operativo de inspección, vigilancia y control, los que percibieron movimientos y personas sospechosas, que daban pie a pensar que un nutrido grupo de jóvenes estaban ofreciendo servicios sexuales en las esquinas, pese a que no tenían la mayoría de edad.
En la zona, para nadie es un secreto que esto sucede, pero pocos se atreven a denunciar. El ambiente de rumba, drogas, riñas, poca presencia de la policía, residencias clandestinas, principalmente en horas de la noche y la madrugada, es propicio para que prosperen negocios ilegales ante la mirada de autoridades y vecinos que poco pueden hacer. En las tardes, pese a la pandemia, el movimiento de personas es masivo.
Entre esa maraña, con meticulosidad y precisión de relojero para no despertar sospechas, los investigadores lograron verificar que las denuncias elevadas por la Secretaría de Seguridad eran ciertas. Seis detectives asumieron el caso.
“Adelantamos actividades de civil, el trabajo es incógnito. Íbamos, realizábamos verificaciones, tratábamos de no involucrarnos con la dinámica del sector en cuestión de las problemáticas; cuando había situaciones complejas como peleas o hurtos, nos apartábamos y coordinábamos con los cuadrantes para que acudieran”, empieza su relato el investigador jefe del caso.
Santa Fe, localidad de Los Mártires, mueve mucho dinero informal y formal, pero es barato para vivir. Una habitación en una residencia es fácil de pagar, y muchos migrantes hacen de su hogar este sector. Esta fue la historia de las menores que fueron rescatadas allí. Llegaron buscando ingresos para poder enviar a sus familias en Venezuela, pero tenían que resolver varios inconvenientes antes, como entender la dinámica de la prostitución y evadir los controles de las autoridades. No hubo alguien que las contactara o las obligara, según explicaron los investigadores
Las autoridades capturaron a ocho personas por el delito de estímulo a la prostitución infantil.
Policía de Bogotá
“Lo que se logró establecer es que posteriormente a estar en las esquinas y vías públicas, ubicaban los clientes, los demandantes de servicios sexuales, y una vez concretaban el negocio, las adolescentes establecían un precio y pagaban una habitación. Lo importante es que estas jóvenes sabían en qué lugares no hacían ningún control para determinar su edad o identificación. Cuando ingresaban, al parecer pagaban el rato en esos cuartos”, explicó un uniformado que se infiltró en la zona y que con cámaras espía lograba identificar estos movimientos y empezaba a focalizar los establecimientos permisivos. Fueron siete. Uno de ellos funcionaba como lavadero de carros y parqueadero.
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La labor de los detectives era identificar mujeres con apariencia de menores, acercarse a ellas, hacerse pasar por supuestos clientes, cerciorarse de que ofrecían servicios sexuales e informar a los policías del cuadrante la ubicación para que verificaran sus documentos. Pero no era una tarea sencilla: cuando los policías llegaban, o las niñas ya no estaban o presentaban cédulas o contraseñas falsas que no eran fáciles de validar. Se necesitó incorporar a la investigación peritos en documentos; ellos determinaron que había un sitio donde se estarían falsificando los papeles que usaban las adolescentes.
Una miscelánea y una papelería fueron ubicadas en el sector, y empezaron a vigilarlas. Con cámaras de seguridad se detectó un movimiento inusual de mujeres que ingresaban y salían recurrentemente. Allí tenían plantillas; solo se reemplazaban las fotografías, se ponían los datos, se imprimían y plastificaban. Cobraban entre 20.000 y 50.000 pesos. El aporte de la ciudadanía que repudia esta práctica también fue clave para entender cómo en estos lugares se facilitaba el ingreso de las víctimas.
Recuerdo que dos de las adolescentes lograron decir que estaban cansadas de esa vida.
El rescate de las 18 menores fue paulatino. Cuando se iba identificando que en efecto no eran mayores de edad, eran enviadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para el restablecimiento de derechos. En su mayoría, no se reconocían como víctimas, lo hacían por necesidad, porque no tenían más opción laboral. Sin embargo, no fue el caso de todas.
“Recuerdo que dos de las adolescentes lograron decir que estaban cansadas de esa vida, que estaban ejerciendo la prostitución por necesidad y múltiples cosas, ellas sí se reconocieron como víctimas”, narró el investigador jefe.
Cada vez que había certeza de que en un lugar ocurría esto, se programaban diligencias de allanamiento. Los siete inmuebles identificados fueron sellados, y ocho personas, identificadas previamente como administradores de los lugares, fueron capturadas. Hubo sitios en donde fueron detenidas de a dos o tres personas.
El tipo penal por el que fueron imputados estos ciudadanos es estímulo a la prostitución de menores de edad, un delito que tiene prevista una pena de 10 a 14 años de prisión. Ellos permanecen en prisión a la espera de su juicio, mientras que las niñas están bajo la custodia del ICBF.
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Óscar Murillo Mojica
EL TIEMPO
Twitter: @BogotáET
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