La deuda pendiente del operador de Doña Juana

La deuda pendiente del operador de Doña Juana

EL TIEMPO entrevistó a la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, sobre los líos de manejo.

La deuda pendiente del operador de Doña Juana

Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), en reunión por emergencia en Doña Juana.

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Alcaldía de Bogotá

Por: Guillermo Reinoso*
29 de abril 2020 , 04:26 p.m.

Los problemas con el operador del relleno sanitario Doña Juana, a donde llegan cada día cerca de 6.800 toneladas de residuos sólidos, parecen un tema de nunca acabar. 

Aunque en 2019 se aumentaron las tarifas para que se pudiera realizar una mejor disposición y, tras demandar al Distrito, quedó obligado a realizar millonarias    inversiones, estas, según Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), no se han cumplido.

Y si bien se tratan los lixiviados, estos todavía no cumplen con todos los parámetros, y sigue disponiendo los residuos en celdas de contingencia porque ha venido aplazando la entrega de la celda permanente y no ha construido la de seis meses. Sin embargo, Camacho dice que desde cuando llegó a la entidad distrital ya les advirtió que el contrato “se cumple o se cumple”.

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¿Por qué dice que el operador del relleno Doña Juana no tiene capacidad?

El año pasado, o antepasado, el operador interpuso una demanda contra la Uaesp porque decía que no tenía capacidad con las tarifas que tenía. En el 2018, el alcalde Peñalosa le solicitó a la CRA una modificación de la tarifa de disposición final para poder alcanzar el nivel de costos del operador a fin de prestar el servicio como se debía. Se suponía que con ese incremento, el operador ya tendría que cumplir con las obligaciones, pero resultó que demandó a la Uaesp por una supuesta insuficiencia financiera, debido a los costos en que había incurrido y que no habían sido cubiertos por la tarifa en su totalidad. Eso se fue a un tribunal de arbitramento, pero el laudo le ordenó al concesionario CGR (Centro de Gerenciamiento de Residuos) que hiciera determinadas obras.

¿Qué obras ordenó?

Ordenó la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados; tener una celda permanente, como dice el contrato, para la disposición de los residuos que llegan al relleno, y varias cosas menores. El laudo, según los costos que el mismo operador había citado en su demanda, resultó ser por 150.000 millones de pesos.

¿Eso lo tenía que traducir en infraestructura?

En inversiones, que eran necesarias para que la prestación fuera óptima.

¿Qué ha cumplido?

La optimización de la planta de tratamiento de lixiviados no se ha hecho. Esa cuesta alrededor de 95.000 millones de pesos. Hoy hay una planta de tratamiento de lixiviados que ya se quedó corta frente al nivel de lixiviados que está llegando a las piscinas.

¿Cuál es el nivel de tratamiento de lixiviados?

Ellos tienen que cumplir más de 50 parámetros y no los están cumpliendo, cumplen una tercera parte, razón por la cual la Anla les dio unos plazos. El primer plazo no lo cumplieron, entonces solicitaron un plan de mejoramiento y la Anla lo admitió, y ahora lo está revisando. Por la interventoría, que hace la revisión financiera, administrativa, jurídica y técnica, sabemos que no están cumpliendo con la totalidad de los parámetros, y nuestra supervisión también dice lo mismo.

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¿A dónde van a parar los lixiviados?

Los lixiviados están llegando al río Tunjuelo con tratamiento, pero sin cumplir todos los parámetros. Con toda razón, la comunidad está enojada. Dicen que los líquidos se van derecho al río. Nosotros no lo hemos podido comprobar, pero sabemos que están cayendo al río Tunjuelo sin el total cumplimiento de los parámetros que exige la ley. Eso ya lo tiene la Anla, ya lo saben el Ministerio de Vivienda y la Superservicios, y todos tienen acciones operativas o jurídicas. Nosotros tenemos que adelantar las acciones jurídicas y legales que nos obligan las normas y el contrato.

¿Cuál es la segunda obligación del operador?

Son dos. El contrato dice que, además de la celda permanente (para disponer los residuos sólidos), debe tener una celda back up, que debería estar dispuesta para recibir residuos por seis meses, en caso de que la permanente presente alguna contingencia; es un plan B. Además de la celda permanente y la celda de seis meses, deben tener una celda de contingencia, para un plan C. El tribunal ordenó construir la celda permanente, y ellos se han demorado y tampoco han cumplido con la celda de seis meses.

¿Qué capacidad debe tener la celda permanente?

Ellos deben llegar hasta 2.999 metros cúbicos, hasta que colmen ese volumen, ahí se cumple la vida útil. Ahorita están como en el 64 por ciento. Digamos que capacidad habría.

¿Cuándo debió estar la celda permanente?

La están construyendo, lo que pasa es que cada vez se ha corrido el plazo de entrega. Esa celda debió estar el año pasado. Cuando yo llegué me dijeron que en febrero, en febrero, que en marzo y en marzo, que en abril.

¿Cómo afecta esto al relleno?

En el relleno se está prestando servicio, no vamos a parar la prestación del servicio, eso no va a pasar. Lo que está pasando es que se está trabajando sobre las celdas de contingencia, que son más pequeñas, que no es el deber ser. Por eso es que le pusimos mano dura a esto. Estamos realizando una supervisión real, porque la Uaesp no puede ser un invitado de piedra.

Le pusimos mano dura a esto. Estamos realizando una supervisión real, porque la Uaesp no puede ser un invitado de piedra

¿Qué han hecho ustedes para que el operador cumpla?

Muchas cosas en estos tres meses. Antes de la cuarentena hicimos varias mesas de trabajo con la interventoría, primero. Después nos reunimos con el operador en un par de ocasiones para hacerle entender que vamos a hacer cumplir el contrato. En segundo lugar, tenemos un equipo operativo; el nuevo subdirector de disposición final estaba yendo permanentemente antes de la cuarentena al relleno para ver cómo estaba la operación. Y tengo una asesora para eso todo el tiempo y una química que está evaluando el tratamiento de lixiviados. Adicionalmente, en nuestra Subdirección de Asuntos Legales estamos adelantando las acciones que nos dicta la ley.

¿Qué les ha dicho el operador?


Que en el tiempo que no le subieron la tarifa tuvo grandes pérdidas y que por eso demandó. Sin embargo, en la vida real lo que podemos observar es que los recursos que recuperó a través de la subida de la tarifa no han sido dispuestos de la madera como se debe, porque no ha cumplido con el laudo arbitral.

Pasando a otro tema, ¿ha habido reducción de la basura por la cuarentena?

Estábamos recibiendo entre 6.500 y 6.800 toneladas diarias y en este momento estamos recibiendo entre 5.200 y 5.400 toneladas.

¿Esto beneficia al operador?

Al operador y a la ciudad. Que todos seamos más juiciosos en la disposición y la presentación de las bolsas ayuda muchísimo. En conjunto con la alcaldía y las secretarías de Ambiente y Hábitat iniciamos en redes sociales una campaña para que la gente vaya entendiendo que esto es una obligación, es una necesidad.

Igualmente, el hecho de que el comercio y la industria estén quietos, pues disminuye sensiblemente la disposición en el relleno. Y nuestros operadores de aseo, de recolección, de barrido y limpieza nos dicen que la presentación de los residuos en la calle está mucho mejor y esto ha hecho que baje mucho el nivel que se llevaba al relleno. Pero, también, al no haber gente en la calle, los residuos por barrido disminuyeron.

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Después de que se levante la contingencia no se puede volver atrás…

Las malas prácticas son las que hacen que aumente la disposición de residuos en el relleno. Esto nos ha obligado a ser más cuidadosos, más conscientes, que es lo que Claudia López planteó desde su campaña y en el plan de desarrollo sobre una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible, y un nuevo contrato ambiental y social. Es lo que está pasando hoy. Y hay una cosa que ha funcionado muy bien con nuestros operarios de barrido, conductores de camión, recolectores y recicladores, y es que la gente les ha reconocido el trabajo. Si la gente los tiene en la retina, eso redunda en las acciones diarias de cada uno.

Si siguiéramos con las mismas acciones antes de la cuarentena, ¿qué capacidad tendría el relleno?

Podíamos ir hasta 2022 en las condiciones que estamos hoy. Pero que quede claro, no vamos a parar la prestación del servicio.

¿Se puede ampliar la capacidad?

El mundo está entrando en otras alternativas, y hay otras formas alternativas, integrales y complementarias con el entierro de residuos. El plan de desarrollo de Claudia López nos obliga a buscar esas otras alternativas, para que esto no impacte ni social ni ambientalmente. Somos ejemplo de una producción altísima de residuos que no se aprovechan, por eso somos tan llamativos para inversionistas nacionales y extranjeros, porque hoy por hoy los residuos son dinero.

¿Cuánto se puede reducir?

Mucho. Las anteriores administraciones habían manejado 6 por ciento menos residuos que llegan al relleno. Nosotros dejamos en el plan de desarrollo el 10 por ciento, pero le estamos apuntando al 20 por ciento. Puede que lleguen las mismas 6.800 toneladas, pero qué pasa si solo enterramos el 30 por ciento y el resto se aprovecha.

¿Los vectores y olores disminuyeron?

Había una gran cantidad de residuos que llegan por la variable puntos clandestinos, que no están en la tarifa, pero deben llegar al relleno. Habían acumulado un volumen importante y no los habían dispuesto adecuadamente. La comunidad decía que esa acumulación estaba produciendo más vectores. Con nuestra llegada, la acumulación se acabó y disminuyeron los vectores. Con respecto a los olores, como hemos estado encima, el operador ha sido más cuidadoso. Esto es un tema de autoridad.

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GUILLERMO REINOSO
EDITOR REDACCIÓN BOGOTÁ
EL TIEMPO

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