Dos meses después de haber comenzado el proceso de recolección de firmas que buscan la revocatoria del Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, el colectivo Revoquemos a Peñalosa asegura que hasta el pasado 12 de febrero habían conseguido 100.000 firmas, de las cerca de 240.000 que necesitan (verificables para ser válidas) para que se convoque.
En las calles, la actividad se da con trabajo de activistas que se oponen a la gestión de la Bogotá Mejor para Todos. En redes sociales e internet, la información va y viene, a veces con claridad y certeza, y otras con inexactitud y engaño.
Entre tanto, la Administración ha redoblado sus estrategias de comunicación para transmitir sus logros y convencer a los ciudadanos de los avances alcanzados, evitando referirse abiertamente al asunto.
Para que los lectores tengan un panorama claro, EL TIEMPO contrastó los temas centrales que promueven los impulsores de la revocatoria y las respuestas de la Administración.
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Educación y salud aparecen como los ejes del debate, pues es allí donde ha habido los mayores ajustes, mientras el metro elevado es el caballo de batalla de exfuncionarios de la pasada administración.
De los puntos que los promotores de la revocatoria dicen que son críticos, el de presupuesto es uno de los que aportan cifras, así: “Según informe de la Contraloría, en septiembre del 2016 la ejecución del presupuesto del año era tan baja, 47 %, que se evidenciaron efectos negativos para cumplir metas del Plan de Desarrollo y en atención a necesidades ciudadanas”.
Secretaría de Hacienda aclara: la afirmación es falsa. A pesar de ser el primer año de cada gobierno el que tradicionalmente registra menor porcentaje de ejecución presupuestal, en el caso de la actual Administración los resultados fueron positivos.
Al cierre del 2016 el nivel de giros del Distrito fue del 80 %, y es el mayor alcanzado si se comparan el primer año de gobierno de cada plan de desarrollo de otras administraciones, desde el 2004. En total, la ejecución de la inversión del Presupuesto Anual del 2016 fue del 88 %, y la inversión directa, 91,2 %”.
Entre los postulados que se encuentran en internet, uno plantea: “El Alcalde prometió que crearía 20 centros de atención prioritaria (Caps), pero lo que hizo fue cerrar 21 Centros de Atención Médica Inmediata (Cami), que atendían urgencias de baja, media y alta complejidad, a diferencia de los ‘nuevos’ Caps, que solo atienden casos de baja complejidad y no funcionan las 24 horas como lo hacían los Cami”.
Responde la Secretaría de salud: “No prometimos la apertura de 20 Caps sino de 40 (ya se abrieron). Además, el Distrito tiene 27 Camis y no se ha cerrado ninguno. Y una aclaración: ninguno de los 27 Camis atiende urgencias de mediana y alta complejidad, solamente tienen médico y enfermera. En cambio, los Caps tienen servicio de consulta especializada, toma de muestras de laboratorio, servicio de imágenes diagnósticas y rehabilitación.
Gracias al funcionamiento de los CAPS se redujo el hacinamiento en el sistema, del 250 % en enero del 2016 a 134 % en enero del 2017”.
Dicen los firmantes que “en el plan de gobierno se prometieron 35.000 cupos adicionales para educación superior, pero en el 2016 la Secretaría de Educación anunció que en el plan de desarrollo de Bogotá se bajó la cifra a 25.000”.
Secretaría de Educación
“La Administración fijó la meta de promover el acceso a 35.000 cupos, mediante estrategias dirigidas al fortalecimiento de la oferta (presencial y virtual). La afirmación de la reducción a 25.000 es falsa y contraria a lo establecido en el documento ‘Bases del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos’.
Se proyecta alcanzar los 35.000 cupos, apropiando los recursos presupuestales en el proyecto de inversión 1074 ‘Acceso con calidad a la educación superior’, ejecutado desde Educación, mediante estrategias dirigidas a egresados de colegios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Esta estrategia se llevará a cabo a través de las líneas de financiación con las cuales se promueven 12.000 créditos-becas”.
Ciudadanos manifiestan que Enrique Peñalosa, como mandatario, volverá a subir, en el 2017, el costo del pasaje en TransMilenio, “afectando a los usuarios”.
Responde TransMilenio:
“El Distrito estudia un aumento de tarifas, pues todos los costos de prestación del servicio aumentan cada año, al igual que otros servicios. Las tarifas deben ajustarse al incremento del costo de vida, con el fin de garantizar y mejorar la calidad del servicio.
Hoy, los ingresos del sistema son menores a los costos de operación, y por eso se genera un déficit, que en 2015 fue de $ 738.000 millones y en 2016, de $ 661.000 millones.
Entre 2011 y 2015, las tarifas presentaron incrementos muy inferiores al aumento del salario mínimo y la inflación, con un incremento de solo 5,88 % en los cuatro años. Sin embargo, el incremento de la inflación (IPC) entre 2011 y 2015 fue de 15,58 % y el del salario mínimo, de 20,3 %”.
Una de las críticas más fuertes entre los firmantes es que “en su campaña, Peñalosa dijo que apostaba por la construcción del metro, combinando eventualmente tramos elevados. Sin embargo, los estudios de prefactibilidad del 2016 se refieren a un metro totalmente elevado. Entonces se incumple la promesa de campaña”.
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Secretaría de Movilidad responde: “En campaña se afirmó estar comprometido con la construcción del metro, buscando la solución técnica que permitiera hacerlo con celeridad, menor riesgo de costos y sobrecostos, combinando eventualmente tramos elevados. Tras realizar los estudios, se optó por un metro exclusivamente elevado porque permitirá un ahorro por kilómetro de hasta $ 145.000 millones, se reducirá en un 40 % el tiempo de obra y dará un ahorro de hasta 25 % en costos de operación y mantenimiento”.
En las calles se difunde una versión según la cual habrá “prohibición de ventas ambulantes a los adultos mayores que se ganan la vida con puestos de dulces y venta de frutas. Se les niega el derecho al trabajo”. Tras oír este enunciado, los bogotanos se animan a firmar la revocatoria. Pero ¿qué tan cierta es la información?
Secretaría de Desarrollo Económico:
“La afirmación es falsa, pues la Secretaría, a través del Instituto para la Economía Social (Ipes), les brinda oportunidades a los adultos mayores que se encuentran ocupando el espacio público. Lo hace a través del programa ‘Emprendimiento social antojitos para todos’, que consiste en la reubicación de estas personas en un mobiliario instalado en entidades públicas del orden distrital, nacional y empresas privadas, donde pueden desarrollar su actividad comercial, como la venta de confitería, dulces, jugos y productos de paquete, entro otros.
Así, los adultos mayores pueden realizar su actividad comercial de manera organizada en lugares dignos y seguros, protegidos de la lluvia y el sol. De este programa también se benefician personas en condición de discapacidad y mayores de 18 años.
El compromiso es seguir trabajando en la reubicación de los adultos mayores que realizan ventas en el espacio público”.
FELIPE MOTOA FRANCO
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter: @felipemotoa
