"Nosotros no queremos volver a tener chupas", esta frase de la alcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a revivir el debate sobre si es una buena medida que las funciones de tránsito, desarrolladas por la Policía Nacional, pasen a las manos de civiles capacitados, una experiencia amarga en el pasado de la ciudad por problemas de corrupción e incompetencia.
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Este cuerpo de vigilancia ya había hecho parte de la ciudad hasta 1997, cuando el exalcalde Antanas Mockus decidió desmontarlo por las denuncias de la ciudadanía. Ahora la pregunta es: ¿por qué el cambio?
Este proyecto está consignado en la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana que fue presentada en diciembre del 2019 por el presidente de Colombia Iván Duque.
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Contempla que las funciones de tránsito desarrolladas por la Policía Nacional en los distritos y ciudades capitales sean desmontadas gradualmente para reubicar el servicio de estos uniformados en la modalidad de vigilancia. Esto quiere decir que los entes territoriales deberán planificar la conformación de un nuevo esquema de tránsito civil que garantice el cumplimiento de las normas en las vías.
La política de Gobierno contempla que para todos los temas de seguridad y convivencia, los miembros de la Policía pasen de desarrollar labores administrativas o de tránsito en las ciudades a reforzar la vigilancia al servicio de la ciudadanía. Y aunque la Dirección de Tránsito seguirá atendiendo en las carreteras nacionales, en las ciudades lo harán los civiles, como ocurre en casi todo el país en ciudades como Cali y Bucaramanga, según Mindefensa.
La cartera le explicó a este medio que este proceso se ha llevado a cabo de forma gradual, que se ha socializado y trabajado con las ciudades que conservan policías de tránsito para que todo el proceso sea gradual.
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Pero la labor no será nada fácil sobre todo en materia de capacitación. La Policía de Tránsito de Bogotá explicó que en la capital hay unos 1.000 agentes en el área, todos preparados como técnicos profesionales en seguridad vial, muchos especializados en reconstrucción de accidentes de tránsito, levantamiento y peritaje. Esto se hace en la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional y hay enfoques especiales para el manejo de motocicletas y vehículos. Muchos, incluso, han ido a otros países a capacitarse. En promedio, este curso dura un año y medio.
Pese a la renuencia de la Administración por este mandato, la Secretaría de Movilidad le confirmó a este diario que el cambio de policías de tránsito por agentes civiles en Bogotá se tiene planeado para el próximo año. La entidad hará un piloto con 43 agentes en enero de 2021 y completará 300 al final del año. La transición durará tres años hasta completar 1.000 agentes civiles.
Al respecto, la alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo: "No queremos volver a tener 'chupas' como les decían en el pasado, no fue una buena historia esa, pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la Policía de Tránsito y solamente existir policía de vigilancia".
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No queremos volver a tener 'chupas', como les decían en el pasado; no fue una buena historia esa pero Mindefensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la Policía de Tránsito
La mandataria le hizo un llamado al Ministerio de Defensa porque dice, es volver a repetir una historia que ya se vivió. "Nosotros felices de crecer nuestro equipo de seguridad en vía, que es el que tenemos aquí, pero preferiríamos que la Policía de Tránsito siguiera siendo la Policía de Tránsito". También explicó que ese cambio se haría solo por mandato nacional, pero que el deseo de la Administración Distrital es que no se haga.
¿Qué opinan los expertos?Según Johan Avendaño, analista en políticas públicas, esta medida es controversial. Explicó que esta es una estrategia para aumentar el pie de fuerza en las ciudades dado el déficit de unidades sin incrementar los costos. "Todos sabemos que formar a un policía profesional implica una inversión grande y tener a agentes civiles es una solución para el Gobierno". Agregó que el problema no es si un civil o un cuerpo policial se encarga de esta labor sino que estos nos sean objetos de corrupción, una de las quejas más comunes de la ciudadanía. También en cómo van a ser formados y las herramientas que se les van a brindar. "Incluso, debe haber formación de la ciudadanía sobre el uso de los espacios públicos y un diálogo entre quienes ejercerán el control y los ciudadanos".
Omar Oróstegui, analista en asuntos urbanos, dijo que la medida, aunque es una oportunidad para mejorar el pie de fuerza de la Policía, también representa un desafío para que la ciudad asuma la responsabilidad del control de tránsito, que hace 23 años le trasladó a la Policía Nacional, ante los actos de corrupción y malas prácticas que ejercían los agentes civiles. "El proceso de transición debe tener el mayor control ciudadano y un amplio debate público para evitar que regresen la corrupción, y que se convierta también en un ente burocrático susceptible de la politiquería".
Agregó, sin embargo, que hay varios temas para considerar que generan inquietudes: el impacto en el presupuesto distrital por la creación de una nueva entidad o dirección, la selección y capacitación del recurso humano requerido, las inversiones que se han realizado a la Policía Metropolitana para el control de tránsito (equipos, infraestructura, vehículos), la articulación con los municipios del área urbana donde la policía siga ejerciendo controles de tránsito, e incluso si se contempla la posibilidad que estos agentes civiles lleven armas.
Oróstegui concluyó que independientemente de la decisión que se tome, si continuamos con el actual esquema o lo cambiamos, es necesario recuperar la confianza en esta figura para que el control del tránsito y tráfico de la ciudad mejore.
Es necesario recuperar la confianza en esta figura para que en control del tránsito y tráfico de la ciudad mejore
Por su parte, el experto en seguridad Andrés Nieto dijo que en términos de seguridad ciudadana habría que darles la bienvenida a estos nuevos policías, pues hoy estamos ante un déficit de más del 39 por ciento en el número de uniformados para garantizar la seguridad, pero agregó que en términos de movilidad se requiere que el cambio sea paulatino y que este nuevo grupo tenga una formación clara, experta y sin improvisaciones para controlar el tránsito y que no terminemos en una anomia vehicular.
Agregó que lo más preocupante es que los pequeños municipios no cuentan con recursos presupuestales para poder poner en marcha estos nuevos grupos y ahí es donde está el cuello de botella. "Se requiere de medidas y de riguroso control para que no terminemos en problemas de corrupción, de extorsión a conductores o de negocios por debajo de la mesa, como ocurrió en Bogotá hasta 1997, cuando Antanas Mockus, analizando todas las quejas por corrupción, decidió eliminar el grupo que se encargaba del tránsito en esa época".
REDACCIÓN BOGOTÁ
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