El primer tramo de la peatonalización de la carrera 7.ª entre la calle 10.ª y la avenida Jiménez, que se puso al servicio hace dos años y le costó a la ciudad poco más de 15.800 millones de pesos, se hunde.
En varios puntos hay encharcamientos, los adoquines se levantan, hay ondulaciones, las losas se desprenden y algunos comerciantes sacan las basuras que escurren lixiviados (líquidos contaminantes) y la manchan y deterioran más.
Desde el inicio de los trabajos –entre el 2014 y el 2015–, el contratista enfrentó crisis financiera, multas y prórroga, y llegó a incumplir el pago a trabajadores y proveedores. En un reporte solicitado por EL TIEMPO al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se advierte que faltan acabados en varios puntos del espacio público, hay problemas en los remates de las losas de mármol, el adoquín se desprende y hay líos con museografía: los vidrios para que los ciudadanos vean los rieles y rememoren que por allí pasó algún día el tranvía, están opacos, rayados, se encharcan y no cumplen lo que solicitó la autoridad patrimonial.
Tampoco se conoce el mapa de redes y no se sabe cómo quedaron las instalaciones de cables y ductos.
Por estos y otros inconvenientes, el gobierno pasado se abstuvo de recibir a completa satisfacción la obra, y la actual administración tomó la misma actitud: se niega a liquidar el contrato debido a los problemas.
La obra sigue en poder del contratista y, según la Ley 80, mientras no se reciba, ninguna entidad pública puede intervenirla porque, de lo contrario, se corre el riesgo de perder las pólizas que garantizan que el Distrito pueda reclamar. Así, esa primera fase de la peatonalización está en el limbo.
Desde hace varios meses, este reportero ha realizado un seguimiento permanente. Además de las fallas anotadas por los ingenieros, es evidente que la vía está abombada, es decir, ya comienza a mostrar sus primeros pasos hacia desniveles y hundimiento.
En este momento está en curso la declaratoria del presunto incumplimiento del contrato, que llevaría a su caducidad y a que el IDU tome posesión de la vía y haga los mantenimientos correctivos. Si se logra imponer esta medida, la entidad deberá reclamar a la aseguradora. El IDU se abstuvo de dar detalles sobre este proceso.
La peatonalización de esta primera fase se adjudicó en diciembre de 2013, con un plazo de cuatro meses para la complementación de diseños y seis para la ejecución de la obra. Luego de varios tropiezos y vaivenes, el contratista, consorcio PV Ingeniería, solicitó más plazo y el tiempo se fue extendiendo hasta el 25 de agosto del 2015, cuando se terminó en un 90 por ciento. Hoy, la entrega sigue al garete.
En este tramo de la 7.ª se ampliaron los andenes del costado oriental en 50 centímetros, con un sistema urbano de drenaje sostenible a manera de jardín de biorretención y se adecuó la calzada de cuatro metros exclusiva para vehículos de servicios y emergencias. Es la que presenta ondulaciones.
Hay una ciclorruta de 2,40 metros que no está demarcada ni diferenciada de la zona peatonal o vehicular y genera alto riesgo para los usuarios, además de haberse ganado siete metros de espacio público, pero hoy no se sabe si se cumplió técnicamente con la calidad de materas, bancas y materiales.
“Yo no puedo decir que sea un contratista ejemplar; tuvimos serios problemas para la finalización de las obras e inclusive para la entrega, y eso está documentado en las actas de seguimiento del contrato”, afirmó el exdirector del IDU en la pasada administración, William Camargo.
Advirtió que es un problema de todo el país y no solo de Bogotá. “Un proceso de licitación puede estar muy bien estructurado, pero en la adjudicación, si los oferentes cumplen, uno no tiene certeza de qué tan virtuoso puede ser o no un contratista porque, desafortunadamente, la norma colombiana no califica la calidad histórica de los contratistas”, explicó.
Según el exdirector, si una persona ha sido conflictiva desde el inicio del proceso, así mismo va a terminar y es poco probable que cambie su actitud. Bajo su dirección, dijo, el IDU abrió más de 65 procesos de inicio de incumplimiento y multas a contratistas.
La actual directora de la entidad, Yaneth Mantilla Barón, advirtió que están trabajando “para evitar encontrarnos, en las obras públicas, con estos contratistas de tercera que vienen por equis o ye razón, se ganan un proceso licitatorio y no le cumplen a la ciudad, dejan las obras a mitad de camino y se desaparecen”.
En el caso de la 7.ª, insistió en que la obra no se recibirá hasta tanto tener el visto bueno de las empresas de servicios públicos, de las autoridades patrimoniales, de la interventoría con remates bien hechos, con lozas de mármol en perfecto estado, los adoquines en su puesto y, en general, que sea una obra de calidad para la ciudad.
Según el IDU, el contratista no atiende estos requerimientos y por eso es que no se descarta que se vea comprometido en un proceso de presunto incumplimiento del contrato. “Como la obra lleva desatendida tanto tiempo, sin mantenimiento, por eso ya comienza a sufrir las consecuencias”, dice el informe del IDU.
De ahí que tampoco se descarte el inicio de un presunto detrimento patrimonial.
La directora del IDU, Yaneth Mantilla Barón, habló con EL TIEMPO sobre el control a las obras y de cómo evitar que se repitan estos casos.
¿Qué hacer para que contratistas de ‘tercera’, como los llama, no repitan?
Lo que mismo que estamos haciendo en la Sirena, en TransMicable, en la 94: una planeación, un seguimiento exhaustivo a cada uno de los procesos. Aquí (en el IDU) vamos a fortalecer el seguimiento, a tener coordinadores serios, exigentes, que se vean como un apoyo entre el contratista y el interventor y no como una talanquera.
Pero talanqueras hay...
Si hay talanqueras, el proyecto no avanza de forma rigurosa. No queremos coordinadores sentados haciendo papeleo y tramitología. Los queremos afuera, en la obra, trabajando ladrillo por ladrillo, revisando bulto por bulto, varilla por varilla, y no traspapelados.
¿Cómo se va a trabajar en el II tramo de la 7.ª?
Nos hemos reunido en mesas de trabajo con los comerciantes y se les ha explicado la obra. Lo más importante es que la quieran, que la cuiden, que la protejan, que entiendan que es de ellos.
¿Pero también hay deterioro por parte de restaurantes?
Es triste ver cómo los que trabajan en los restaurantes sacan basura al adoquín nuevo: lavan las ollas, le arrojan grasa al espacio público recién recuperado. Por eso es un llamado a los ciudadanos para que quieran el espacio público, que lo respeten, que por ahí pasamos todos los días.
¿Y para los constructores y empresarios?
A que hagamos las cosas bien, que tengamos la conciencia de dejarle una obra buena a la ciudad. Esto no se resuelve con abogados sino con calidad. Aquí pueden venir todos los empresarios: les damos garantías con presupuestos reales, garantías de transparencia y nada ficticio.
HUGO PARRA
Redactor de EL TIEMPO
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