Comienza la cuenta regresiva para que la construcción del metro elevado quede amarrada con los recursos de la Nación, que, según dijo este jueves el alcalde Enrique Peñalosa, serían de unos 18,7 billones de pesos, y los del Distrito, estimados en 7 billones de pesos.
Para este viernes se espera que el Consejo de Política Fiscal (Confis) entregue el aval fiscal, y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) declare cumplidos los requisitos técnicos fijados en el Conpes 3882 de enero pasado como requisito para que la Nación y el Distrito puedan firmar el convenio de cofinanciación del megaproyecto.
Con el Conpes aprobado, el Distrito procederá a tramitar ante el Concejo las vigencias futuras, es decir, la autorización para que la ciudad comprometa ingresos futuros para cumplir con su parte de la financiación. El alcalde Peñalosa dijo que si este viernes salen el Confis y el Conpes, el lunes radica las vigencias.
Según la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez, la cifra que está en estudio es de 7 billones de pesos. Según Peñalosa, se están ultimando los detalles de esas vigencias.
En principio, de lo que se trata es de comprometer para el metro el 50 por ciento de los ingresos por sobretasa a la gasolina de los próximos 25 o 30 años.
Se estima que cada año, a la ciudad le ingresan 190.000 millones de pesos por esta tasa, es decir que 95.000 millones irían a pagar la deuda a la banca multilateral que le preste la plata a Bogotá.
Otros recursos con los que cuenta el Distrito para apalancar esa cofinanciación del metro elevado salen de los 815.000 millones que hay por el cupo de endeudamiento y fueron aprobados en la administración pasada. Hay 750.000 millones de pesos de las utilidades de las Empresa de Telecomunicaciones (ETB) y de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), reservas que están disponibles solo para ese proyecto.
La aprobación de estas vigencias es un requisito para firmar el convenio de cofinanciación con la Nación. Por esa razón, el Alcalde señaló que este convenio será el documento más “potente” de todo este proceso, pues en ese momento el metro elevado de Bogotá no tendría marcha atrás.
Cuando Peñalosa habla de “detalles” se refiere a que se tienen que poner de acuerdo Nación y Distrito para llevar un solo paquete que incluya metro y las troncales que alimentan el sistema, o si deciden esperar un par de meses para presentar luego los alimentadores por separado.
El mandatario dijo que se trabaja a toda máquina con el Gobierno para poder sacar adelante las etapas previas que aún faltan. No en vano, agradeció este jueves al Ejecutivo, a los concejales y a los ciudadanos por su apoyo (a estos por últimos por el pago de los impuestos).
En este sentido, se espera que el convenio de cofinanciación quede en firme antes del 11 de noviembre, fecha en la cual entra en vigencia la ley de garantías y que pone restricciones a la contratación pública.
Las vigencias futuras son el instrumento mediante el cual la Nación y el Distrito le garantizan a la banca multilateral que tenga recursos a largo plazo para pagar la deuda de la construcción del metro elevado.
Es como cuando un padre de familia pide a la empresa que le descuente por nómina un préstamo bancario para comprar un carro, casa o algún otro proyecto de inversión, dependiendo de los ingresos y del cupo que tenga para endeudarse.
Por eso se acude a cubrir las deudas con fuentes ordinarias, es decir, con ingresos permanentes como el salario.
En este caso, Bogotá va a comprometer parte de la sobretasa a la gasolina. Con esto se garantiza la contrapartida que tiene que poner el Distrito para apalancar el metro, que corresponde al 30 por ciento.
Todo este movimiento se hace porque ni la Nación ni el Distrito tienen la plata en efectivo para invertir en este tipo de megaproyectos estratégicos, en los cuales se requieren inversiones en billones de pesos.
Así, mientras el Concejo de Bogotá debate las vigencias futuras, a su vez la Nación debe garantizar, por medio del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), los recursos que año por año se deben emplear para cumplir con el 70 por ciento.
De ahí que se acuda a pignorar los recursos que se van a recibir a lo largo del tiempo: mientras que la banca desembolsa a medida que avanza la obra, la ciudad difiere los pagos del préstamo a 25 o 30 años.
BOGOTÁ
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