El día que Angélica María Bernal quedó atrapada en un trancón por más de una hora por culpa del bloqueo ilegal que hicieron los educadores para hacerse sentir en sus reclamos laborales, 54.000 personas, unas en TransMilenio, otras en carro particular o, como ella, en un bus del SITP, sufrieron del mismo síndrome colectivo: la hora de infarto en la movilidad.
Aunque ella considera válidas las exigencias de los docentes, lo que desconoce es el impacto acumulado en horas perdidas por los pasajeros y conductores atrapados en ese nudo vial que significó más de 46.800 horas desperdiciadas: es decir, unos cinco años y tres meses en demoras. En otras palabras, tiempo y plata perdidas.
En un documento solicitado por EL TIEMPO a la Secretaría de Movilidad para calcular el impacto por estos bloqueos por las vías de hecho, el grupo de modelación de tránsito hizo un análisis tipo en el que tomó tres vías afectadas en simultánea: la calle 26 frente a la Secretaría de Educación, la calle 72 y la NQS (carrera 30) con calle 45.
Los resultados advierten que los pasajeros particulares se demoraron 2.600 horas mientras que a los del SITP se les fueron 9.200 horas; para los que viajaban en TransMilenio se calculan unas 35.000 horas.
Exigir derechos propios no puede ser excusa para atropellar los derechos de los demás
Estos resultados, de acuerdo con el modelo de transporte que opera en la ciudad, son asociados a los desvíos que a la larga, como siempre, golpean a los más vulnerables.
Y aunque todas esas horas se esfumaron, la realidad es delicada. Entre enero y septiembre de este año se registraron 211 bloqueos, de los cuales 35 contaban con el permiso para marchar –que no para bloquear– mientras que las otras 176 manifestaciones se realizaron sin permiso de la autoridad competente.
En diez de los bloqueos más duros la afectación fue por más de 50 horas; para la ciudad es un golpe de oportunidad difícil de recuperar. Además del estrés que causa llegar tarde a la oficina, del trauma de salir a buscar transporte, del transbordo y tomar un nuevo rumbo, hay otras cifras que pocos se alcanzan a imaginar y que por ahora, al final de cuentas, nadie se atreve a calcular a ciencia cierta.
Solo para tener una idea de lo que estamos hablando, si todas esas 54.000 personas ganaran el salario mínimo, significa que en una sola hora de un trancón simultáneo se perderían poco más de 250 millones de pesos. Si esto se multiplica por las horas perdidas a lo largo del año, las cuentas resultan astronómicas. Lo cierto es que en los trabajos que desempeñan esas personas se perdió en productividad por el tiempo que duró su ausencia.
El Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (Odeb) dice que un día de protestas con 10.000 asistentes que ganan el salario mínimo podría costar, en términos de oportunidad, 1.100 millones de pesos, es decir el 0,1 % de la producción diaria de la capital.
Así, el taxímetro de las pérdidas aumenta cada vez que se le añade un ingrediente nuevo a la situación, como, por ejemplo, el de los comerciantes. Según Fenalco, con un solo día de paro, el 73 por ciento reporta que se les bajan las ventas en un 20 por ciento, el 38 por ciento dice que afecta los horarios de trabajo y el 29 por ciento que se golpea la productividad laboral.
Darío Hidalgo, experto en movilidad, asegura que si en una hora pico se llega a bloquear todo TransMilenio, el impacto sería sobre 250.000 pasajeros, lo que significa más de 1.100 millones de pesos.
Esto, apunta Hidalgo, sin contar con otras réplicas como padres que no alcanzan a llegar a recoger niños al colegio, estudiantes que pierden la oportunidad de llegar a los exámenes a tiempo y de los empleados que pueden tener problemas en sus empleos, o de empleadores que no cuentan con personal para cumplir sus obligaciones. Y, por supuesto, hay que sumar los daños físicos a la infraestructura en estaciones, señalización, andenes, paredes, buses y negocios cerrados.
En todo caso, coinciden los expertos consultados por este diario, es difícil cuantificar con precisión el impacto económico. Finalmente, sobre este tema, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, advierte que “exigir derechos propios no puede ser excusa para atropellar los derechos de los demás, y protestar se puede siempre y cuando no afecte a los demás”.
HUGO PARRA
EL TIEMPO@hugoparragomez
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