La crisis ocasionada en la ciudad por el asentamiento de 15 comunidades indígenas en el parque Nacional desde el 29 de septiembre de 2021 ha dejado consecuencias en las arcas del Distrito, por más de 9.100 millones de pesos.
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A eso habrá que sumarle lo que costará la readecuación del parque –cuya cuantía será calculada el día en que el espacio sea desocupado– y el gasto necesario para cumplir el acuerdo firmado con los indígenas, el cual incluye un plan de choque con 61 acciones a cargo de diversas entidades.
Esta crisis no arrancó hace ocho meses con la ocupación del parque Nacional, sino hace ya dos años, cuando se tomaron el parque Tercer Milenio, y desde ese momento el Distrito ha desembolsado millones de pesos para la atención de los emberás y otros pueblos indígenas.
De hecho, el 12 de agosto de 2020 la Secretaría de Gobierno señaló que había invertido 744 millones de pesos en ayudas para los indígenas. Dicha inversión incluía transferencias monetarias, bonos canjeables por alimentos y pagos de arriendo para 160 familias.
Catorce meses después, cuando esas comunidades habían sido desalojados de las viviendas que habitaban en Ciudad Bolívar y llevaban poco más de una semana asentadas en el parque Nacional, el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, señaló que la cifra destinada para la atención de los 15 pueblos ascendía a los 1.895 millones.
Del total, la Alta Consejería de Paz del Distrito había costeado 508 millones en atención humanitaria inmediata (alojamiento, alimentación y enseres) y 692 millones en bonos de arriendo durante la emergencia sanitaria, que se pagaron directamente a los arrendatarios. Además, la Secretaría del Hábitat había entregado 181 millones de pesos en arriendos, y la Secretaría de Integración Social, 161 bonos de arriendo por cuatro meses, kits de alimentos y aseo, mercado, 396 alojamientos por un valor de 514 millones de pesos.
“A partir del auto 149 de 2020 de la Corte Constitucional, el Distrito generó una oferta específica, temporal y excepcional para atender a los miembros del pueblo emberá con ocasión de la emergencia declarada por la pandemia. Sin embargo, se hace necesario contar con una intervención integral que requiere la gestión de la Nación”, expresó en su momento Gómez, hoy jefe de Gabinete de la Alcaldía.
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En el caso de la Secretaría de Gobierno se han brindado ayudas por más de 270 millones de pesos para atender a los emberás.
En las cifras más recientes, entregadas el 3 de mayo de este año, la Administración distrital explicó que desde principios de 2020, cuando la crisis empezó, se han invertido más de 9.116 millones de pesos para la atención de esta comunidad en temas de salud, alimentación, educación, cultura y actividades para las mujeres y personas de la tercera edad.
Esta suma ha sido aportada por entidades como la Alta Consejería de Paz, las secretarías de Gobierno, Salud, Integración, Hábitat y de Seguridad; el Idiger y el Idiprón.
“En el caso de la Secretaría de Gobierno se han brindado ayudas por más de 270 millones de pesos para atender a los emberás con el servicio de baños, transporte y acompañamiento, las 24 horas, de lunes a domingo, de 43 gestores de Diálogo”, explicó la entidad.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas ha reportado una inversión cercana a los 2.307 –que se suman a lo invertido por el Distrito– millones de pesos, destinados, principalmente, a su retorno. Ese monto fue clave para que 1.543 personas regresaran a sus territorios.
Pese a esto, Jairo Montañez, coordinador técnico de las Autoridades Indígenas en Bakatá, señaló en más de una ocasión que los habitantes del parque “vivían gracias a las donaciones de los bogotanos” y que en muchas oportunidades “las ayudas del Distrito no llegaban a la comunidad”.
En el marco de los diálogos entre comunidades indígenas, Distrito y Gobierno Nacional se concertaron 61 acciones con los siguientes sectores: cultura, desarrollo económico, educación, gobierno, mujer, salud y gestión pública. “Con las familias que decidan quedarse, se acordó que tendrán apoyo para su reorganización con acompañamiento psicosocial, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas durante el tiempo que se define la construcción de un plan de retorno”, explicaron desde Gobierno.
Además, la entidad señaló que los integrantes de esta población también tendrán participación en la reformulación de la política pública indígena que el Distrito iniciará en los próximos días.
Con respecto al costo que tendrá el paquete de ayudas anunciadas, EL TIEMPO consultó con la Secretaría de Gobierno; sin embargo, la entidad señaló que aún no se conocen dichas cifras: “Sobre lo que va a costar la recuperación del parque todavía no hay cifras, y sobre los costos puntuales de cada entidad según lo firmado en el acuerdo, tampoco”.
Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, lamentó que el Distrito haya tardado en resolver el tema. “Vemos que han gastado 9.000 millones, y uno dice: ‘¿En qué han gastado 9.000 millones? ¿Van a cumplir o no van a cumplir?’. No hay ninguna posibilidad de que podamos controlar que no se vuelvan a tomar el parque, y más con la debilidad institucional que permitió que se tomarán el espacio durante tanto tiempo”, advirtió.
“La posición de la Administración distrital es compleja. Por un lado, ha realizado inversión pero no en el ejercicio de derechos, sino en el marco de obligaciones jurídicas y no por cumplimiento de los mandatos del decreto ley 4633, en ejercicio de corresponsabilidad. Ahora bien, los 9.000 millones no transformaron la situación objetiva de las comunidades y habría que hacer un ejercicio de medición sobre el impacto de los mismos”, agregó la concejal Ati Quigua.
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Para Armando Silva, semiólogo y profesor de la Universidad Nacional, la ocupación del parque tiene un costo social en dos vías. “Implica nada menos que una pérdida del espacio público, que como tal quiere decir compartido; y en segundo lugar, cuando un grupo se lo toma de manera violenta genera un nicho, es decir, un acto abusivo en cuanto los espacios son de la ciudad. Es importante tener en cuenta que espacio público quiere decir de todos, no de cualquiera. El indígena tiene derecho a este, pero no a considerar que tiene más derechos que los bogotanos mismos”, aseguró.
Continúa el traslado de indígenasEste martes se llevará a cabo el cuarto día de las labores de traslado de las comunidades indígenas asentadas en el parque Nacional hacia la UPI La Florida. Dichas labores se han dado en medio de las dificultades por las condiciones climáticas y por un retraso en la llegada de los buses, según líderes de la comunidad. Van 583 personas trasladadas.
REDACCIÓN BOGOTÁ