Aunque los concejales no hacen parte del grupo de altos funcionarios del Estado que en virtud de su cargo deben tener esquemas de protección, según el decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior, los de Bogotá sí tienen ese beneficio.
De hecho, según fuentes oficiales del Concejo, de los 45 cabildantes, no han aceptado el esquema de seguridad que les proporciona el cabildo distrital y la Policía Luis Carlos Leal, Martín Rivera, Diego Laserna, Diego Cancino y Lucía Bastidas, de Alianza Verde; Marisol Gómez, de Bogotá para la Gente, y María Susana Muhamad, de Colombia Humana.
Cada concejal tiene asignados dos policías motorizados, para un total de 90 uniformados y 90 motos. Según una fuente del Distrito, cada policía y su vehículo le cuestan a la ciudad cerca de $ 40 millones al año (es decir, unos $ 3.600 millones).
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Los cabildantes tienen también una camioneta blindada, que les proporciona la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de un convenio con el Concejo que vence este viernes.
El alquiler de cada vehículo cuesta en promedio $ 14,8 millones mensuales, es decir, más de $ 7.000 millones en el año. A esto se suman, según una fuente en el Concejo, cerca de 4 millones en gasolina, más el conductor, que es cubierto por cada unidad de apoyo normativo.
Diego Laserna dice que no aceptó el esquema de seguridad porque no tiene riesgo y afirma que los dos policías que le asignaron son “más útiles para la ciudad haciendo su trabajo en los barrios que acompañándome”.
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Frente a la camioneta blindada, señala que los recursos destinados para el alquiler se pueden “usar mejor en las prioridades sociales de la ciudad”.
“Creo que para que los políticos podamos representar bien a los ciudadanos necesitamos movernos como ellos. Caminando, en bus o en bici. No en camioneta blindada y con dos policías detrás”, le dijo a este diario.
Otro de los funcionarios que decidió entregar el esquema de seguridad fue Marisol Gómez, quien, precisamente, es la autora de un proyecto que busca que los concejales de la ciudad que no tienen riesgos de seguridad entreguen los dos policías motorizados asignados.
Así, de acuerdo con Gómez, se liberarían 90 uniformados, con sus respectivas motocicletas. Con ellos se podría conformar, por ejemplo, un grupo de reacción inmediata para atender los hechos en las estaciones y troncales de TransMilenio.
Otro caso es el de Lucía Bastidas, quien dice que desde que ingresó al Concejo capitalino, hace seis años, decidió no tener escoltas. Dice que no los necesita.
Bastidas, quien sí tiene vehículo de la UNP, dice que no ha aceptado los policías pese a que para la época de los debates sobre la venta de la ETB fue víctima de “agresiones” personales y por redes.
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Y si bien algunos concejales sí necesitan esquema de seguridad, también es cierto que no todos lo requieren. Eso lo puede determinar, como lo ha expuesto Gómez, un estudio de la UNP sobre el nivel de riesgo.
Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo y cabeza de Bogotá para la Gente, dice que 40 concejales solicitaron el estudio de riesgo. Galán está de acuerdo con que tengan protección solo quienes tienen “un nivel de riesgo que justifique” y que haya sido establecido por autoridad competente. Y aclara que el esquema “no debe ser estándar”.
Sobre el tema, Yefer Vega, de Cambio Radical, dijo que la iniciativa es procedente si se establece y analiza cada caso de los 45 concejales. “Cada uno tiene la autonomía, pero Bogotá es complejo. Algunos no conocen la verdadera ciudad”, afirmó Vega.
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