Los líos de la Ptar de Chía que enredan a tres exfuncionarios

Los líos de la Ptar de Chía que enredan a tres exfuncionarios

El exalcalde de la población y el exsecretario de Obras, entre otros, están siendo investigados.

Ptar de Chía

La tecnología de la Ptar I es obsoleta. Los residentes dicen que produce malos olores. Debía modernizarse para implementar una tecnología más avanzada.

Foto:

Alejandra Ipuz / Contraloría de Cundinamarca

Por: BOGOTÁ
12 de noviembre 2018 , 07:48 p.m.

En una bodega de la localidad de Fontibón, en Bogotá, se encuentran guardados los materiales con los que se debía actualizar la tecnología de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) I del municipio de Chía, Cundinamarca.

La obra, que es clave para aportar a la descontaminación del río Bogotá y cuya construcción debe realizar obligatoriamente el municipio por un fallo del Consejo de Estado del 2014, se vio envuelta en un presunto caso de corrupción, que hoy investigan los entes de control nacionales y departamentales.

La Ptar funcionaba, pero con tecnología obsoleta, pues implementó durante años un modelo de lagunas de oxidación anaeróbicas, que con el tiempo terminaron generando malos olores. Esta es una queja recurrente de los habitantes de Chía, y con la modernización de la infraestructura se esperaba eliminar el problema.

En esa planta se tratan cerca del 35 por ciento de las aguas residuales que salen del municipio, según explicó el alcalde de la población, Leonardo Donoso. Sin embargo, esa Ptar no está hoy quitándoles a las aguas negras su carga contaminante ni está cumpliendo con los estándares ambientales, lo que significa que “hoy Chía casi que vierte todas las aguas sin tratar al río Bogotá”, explicó el mandatario.

La investigación

Ante la necesidad de modernizar la planta, en el 2015 el exalcalde de Chía Guillermo Varela Romero realizó “el contrato de arrendamiento financiero, leasing, n.° 181565 con Leasing Bancolombia, el cual fue adjudicado mediante resolución 1915 del 18 de junio del 2015”, registró en el expediente de la investigación la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.

Con esos recursos se buscaba financiar el diseño, construcción y optimización de la planta. Luego, el 18 de noviembre del 2015, “mediante contratación directa, argumentando la inexistencia de pluralidad de oferentes, contrató a la sociedad Gehs Global Enviromental and Healt Solutions de Colombia (Gehs) para que seleccionara al proveedor de la tecnología por implementar”, indica el expediente.

Con este leasing se realizó un desembolso cercano a los 17.850 millones de pesos para el 10 de diciembre del 2015, y el municipio tendría un plazo para pagarlo de 84 meses. Quedó un saldo de 1.142 millones de pesos.

Este hecho fue alertado a las autoridades por parte de la comunidad y líderes de Chía, y desde el 2016 comenzó una indagación del caso.

Por ejemplo, la Contraloría de Cundinamarca, que integra la Comisión de Moralización, en la que se articulan diferentes entes de control, realizó una visita a la zona para octubre de ese año.

Lo que encontró fue que en el terreno de la planta no se había comenzado la construcción ni adecuación de la optimización, mientras que en otra visita encontraron los materiales en una bodega de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Desde entonces, el contralor departamental, Ricardo López, comenzó una investigación por responsabilidad fiscal contra el exalcalde del municipio Guillermo Varela, el exsecretario de Obras Rafael Antonio Ballesteros y el exsecretario del despacho Luis Alejandro Prieto González.

Tras varias auditorías y meses de trabajo, la Contraloría departamental citó a un proceso verbal de responsabilidad fiscal por 19.000 millones de pesos a los tres exfuncionarios para el pasado 1.° de noviembre. Sin embargo, tanto el exalcalde como el exsecretario de Obras no se presentaron ni enviaron a sus apoderados legales.
Por esta razón, se les asignaron abogadas de oficio, pero la audiencia tuvo que ser aplazada para el próximo 26 de noviembre de este año, con el fin de que las juristas puedan documentarse de todo lo correspondiente al proceso.

Acciones judiciales

Pero estas no son las únicas acciones judiciales. El pasado 29 de octubre, el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá les impuso medida de aseguramiento de casa por cárcel tanto al exalcalde Varela como a sus dos exfuncionarios por la investigación adelantada por la Fiscalía General.

Los delitos de los que se los acusa son peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido de contratos. Este proceso penal es diferente al proceso fiscal que adelanta la Contraloría de Cundinamarca.
Los tres exfuncionarios públicos continúan vinculados a la investigación mientras se continúa con el proceso y se realiza el juicio en su contra.

Por otro lado, la Procuraduría General formuló pliego de cargos en agosto de este año contra el exalcalde, el exsecretario y contra el exjefe de la Oficina de Programación de la dependencia Mauricio Enrique Cabrera Marín.

En los cargos, por ejemplo, se le reprocha a Guillermo Varela adjudicar el contrato desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva, por realizar el proceso sin contar con estudios técnicos y económicos serios, y por haber ordenado la importación de los materiales sin que existiera garantía en el buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Ahora los habitantes del municipio esperan que no solo se condene a los responsables de las trabas que vive hoy la Ptar Chía I, sino que se recuperen los recursos para poder continuar con esta obra que es primordial para la salud ambiental del municipio.


REDACCIÓN BOGOTÁ
En Twitter: @BogotaET

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