Taurinos arremeten contra acuerdo que desestimula los toros en Bogotá

Taurinos arremeten contra acuerdo que desestimula los toros en Bogotá

Empresa que administra La Santamaría dice que no es el Concejo sino el Congreso el que debe legislar

Escaramuzas

En el parque de la Independiencia, en inmediaciones de la plaza de toros, grupos antitaurinos continuan protestando.

Foto:

Guillermo Legaria / AFP

Por: Bogotá
10 de junio 2020 , 08:22 p.m.

El proyecto de acuerdo que desestimula las corridas de toros en Bogotá activó una vieja disputa jurídica que sostienen taurinos y antitaurinos en la ciudad. Pocas horas después de la aprobación de la iniciativa en el Concejo, la empresa que administra la plaza de toros La Santamaría anunció que demandará la nueva norma distrital, a la cual solo le falta la sanción de la alcaldesa Claudia López.

El proyecto reduce de 8 a 3 las tardes de toros en el año, prohíbe la utilización de elementos cortopunzantes en la plaza y establece medidas como un aumento en los impuestos y que un 30 % del presupuesto de publicidad sea para campañas sobre violencia y maltrato animal.

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La iniciativa, cuya autora es la concejala animalista Andrea Padilla, había sido aprobada en marzo pasado, en la Comisión del Plan de la corporación distrital, y en la noche del martes la votó a favor la plenaria.

“El Concejo está haciendo historia”, dijo Padilla tras la aprobación del proyecto, y agregó: “Lamentablemente los concejales no podemos prohibir estos espectáculos de tortura y matanza de animales, porque es una facultad del Congreso, pero sí podemos adoptar medidas de desincentivo”.

La decisión fue celebrada por la alcaldesa, quien en un tuit felicitó a la concejala y a la corporación distrital. “Nos propusimos respetar todas las formas de vida y así lo haremos en virtud de la decisión ciudadana y autonomía de nuestro territorio”, escribió López, quien desde el inicio de su administración promovió la llamada Temporada Antitaurina, que incluyó actividades culturales y activismo, simultáneamente a la temporada de toros. De hecho, en años anteriores, se habían presentado duros choques entre unos y otros.

Nos propusimos respetar todas las formas de vida y así lo haremos en virtud de la decisión ciudadana y autonomía de nuestro territorio

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Anwar Farías, director general de Casa Toreros Consorcio Colombia, empresa que administra la plaza de toros, dijo que una vez sea sancionado el proyecto van a instaurar una demanda contra el acuerdo.

“Se están extralimitando en sus funciones, no es competencia de una alcaldía ni de un concejo legislar sobre la tradición de los toros, cuando ya hay cinco sentencias en las que la Corte Constitucional ha dicho que las corridas son constitucionales”, agregó Farías.

Casa Toreros Consorcio Colombia firmó en diciembre un contrato con el Distrito para la realización de ocho corridas en el año: cinco entre febrero y marzo y tres más en agosto. Es por eso que el representante de esa empresa dice que el acuerdo no solo desconoce la legislación, sino el contrato. “Estamos convencidos de que eso se va a caer”, insistió Farías.

Una opinión similar tiene Juan Bernardo Caicedo, gerente de la Corporación Taurina de Bogotá, quien dijo que un acuerdo municipal no puede modificar, alterar ni suprimir una ley ni desconocer sentencias. “Es una extralimitación y vamos a interponer todas las acciones disciplinarias, penales y constitucionales a que haya lugar”, afirmó el ganadero.

EL TIEMPO consultó sobre este tema al constitucionalista Juan Manuel Charry, quien señaló que el acuerdo del Distrito “no debe violar la ley 916 de 2004 o reglamento taurino”, donde la plaza de Bogotá es considerara como permanente y de primera categoría.

“Si una plaza es permanente por ley, podría usarse permanentemente, de forma que un acto administrativo no puede reducir o limitar su uso”, explicó el jurista.
En marzo del año pasado, al estudiar dos demandas contra un artículo de la ley de maltrato animal, el alto tribunal constitucional revivió las corridas de toros al indicar que no se pueden prohibir.

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Así mantuvo lo que había dicho desde 2010 en la sentencia C-666, en el sentido de que las corridas tienen arraigo cultural, lo que significa que no pueden ser penalizadas como conductas de maltrato animal. No obstante, según la sentencia, se deben crear mecanismos para morigerar el sufrimiento de los animales.

La concejal Padilla le dijo a EL TIEMPO que "el Concejo ha actuado dentro de sus competencias, aplicando el principio legal y constitucional de rigor subsidiario para hacer más rigurosas las medidas de protección animal".

Explicó que el acuerdo "no busca prohibir las actividades taurinas, tarea que la Corte Constitucional ha reservado al Congreso; y por otra, establece una serie de medidas para desincentivar estas prácticas y proteger a los animales, tal y como lo autorizan y lo ordenan las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012". 

Pero más allá del acuerdo y de las demandas que anuncian los taurinos, la decisión del Concejo de Bogotá activó una vieja disputa jurídica que parecía haberse apaciguado por la cuarentena.​

Guillermo Reinoso Rodríguez
Editor de Bogotá@guirei24

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