Seis exdirectores y cinco funcionarios técnicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), cuatro operadores de aseo y una empresa fiduciaria tendrán que responder por detrimento patrimonial en el manejo de las tarifas de aseo de Bogotá.
Después de un juicio fiscal de seis años, la Contraloría General de la República concluyó que incurrieron en detrimento por financiar con parte de las tarifas de aseo que pagaron los bogotanos del 2007 al 2011 costos y gastos que no estaban autorizados por el esquema tarifario.
El organismo de control fiscal dijo en su fallo que la fiduciaria Bancolombia y los operadores de aseo Atesa, Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia tendrán que responder solidariamente por $ 47.425’968.533.
Fabiola Ramos Bermúdez, directora encargada entre el 10 de enero y el 19 de noviembre del 2008, responderá por $ 71’757.288; Victoria Eugenia Virviescas Calvete, directora en propiedad del 21 de noviembre del 2008 al 15 de diciembre del 2009, por $ 7.902’768.929.
Gerardo Enrique Cuenca Melo, director encargado entre el 4 y el 5 de noviembre del 2010, por 3.764’504.912; Miriam Margoth Martínez Díaz, directora en propiedad entre el 16 de septiembre del 2009 y el 12 de agosto del 2011, por 13.046’659.953 pesos.
Juan Carlos Junca Salas, director en propiedad entre el 16 de agosto del 2011 y el 2 de enero del 2012, responderá por $ 15.461’271.143. Bertha Cruz Forero, directora general encargada, por 1.477’864.913. La Contraloría también falló en contra de Catalina Franco Gómez, Esther Prieto Rodríguez, Rigoberto Morales Becerra, Bertha Cruz Forero y Gerardo Enrique Cuenca Melo, en calidad de exdirectores técnicos de la división jurídica de la Uaesp.
El mal uso de los recursos de tarifas, según la providencia, está relacionado con la prórroga permanente de la concesión del servicio de aseo que se hizo en la ciudad entre el 2007 y el 2011, debido al fracaso de los procesos de licitación para adjudicar la concesión de aseo.
A petición de la comisión Cuarta del Senado, la Contraloría General asumió el control preferente del tema y comprobó que en ejercicio de las distintas prorrogas se usaron recursos de las tarifas en gastos que no están autorizados por la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).
A los operadores de aseo los responsabiliza porque en el contrato original que les entregó la concesión, quedaron como responsables de una fiducia que se creó para manejar en una bolsa común las tarifas que pagaban los usuarios. De esa bolsa, salen los recursos que se pagan a los operadores, pero solo puede hacerse por costos y gastos que autoriza la CRA.
Todos los directores, en propiedad y encargados, que estuvieron en ese periodo, tendrán que responder fiscalmente. El fallo advierte que la Uaesp “no es la destinataria” de los ingresos por concepto de tarifas de aseo, y los remanentes que quedan después de pagar los costos de los operadores no se podían incorporar a su presupuesto. “Mediante los contratos y resoluciones celebrados por los servidores públicos imputados (la Uaesp) terminó apropiándoselos para financiar actividades propias del funcionamiento de dicha entidad distrital”, dice el fallo.
“El Despacho confirma su reproche a los concesionarios y a la sociedad fiduciaria por su conducta gravemente culposa a título de contribución como administradores de los recursos fideicomitidos”, afirma.
Para poder tapar el hueco fiscal de la operación de disponer las basuras en el relleno sanitario de Doña Juana, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) le pedirá a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) un ajuste tarifario para cobrar lo mismo que en Medellín.
De esta manera, se pasaría de 18.000 pesos por tonelada dispuesta a 40.000 pesos. En el mercado mundial la tarifa es de 120.000 pesos en promedio.
Mauricio Bernal, representante legal de CGR, dijo que esto significaría un aumento en la factura del aseo que iría de 800 pesos para el estrato tres hasta 1.200 pesos mensuales para el estrato seis.
Entre tanto, ayer, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Cárdenas, dijo que en la licitación internacional para el nuevo esquema de aseo, que está por salir a pliegos, los operadores que ofrezcan reducir la tarifa de aseo tendrán mejores puntajes.
A juicio de responsabilidad fiscal ante la Contraloría Distrital, por el presunto detrimento de 4.100 millones de pesos, se tendrán que enfrentar 19 funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por desembolsar recursos para la optimización del tratamiento de los lixiviados (agua podrida que escurre de la basura) del relleno sanitario de Doña Juana, tema que, a juicio del organismo de control, no se ha cumplido.
Entre los investigados están dos exdirectoras, la actual directora, así como el consorcio que opera ese relleno y el interventor de las obras. El contralor, Juan Carlos Granados Becerra, dijo que la plata se giró en el 2011 y que era deber de todos los directores hacer cumplir la obligación o reclamar los recursos. En cuanto a la vinculación de la actual directora de la entidad, dijo que hoy el riesgo ambiental es más alto por la acumulación de lixiviados, que ocupan el tamaño de seis piscinas olímpicas de agua podrida.
“En caso de que los lixiviados estén llegando al río (Tunjuelo), el riesgo para la vida de humanos y animales es muy alto, es muy peligroso”, advirtió el jefe de ese organismo de control.
Entre tanto, la directora de la Uaesp, Beatriz Elena Cárdenas Casas, dijo que una vez sea notificada, allegará toda la información solicitada por la Contraloría.
BOGOTÁ
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