Mosquera anunció en una rueda de prensa que el próximo lunes 2 de diciembre interpondrá los recursos correspondientes y solicitará una aclaración del auto en el que la magistrada Nelly Yolanda Villamizar le ordena al Concejo reabrir el debate del proyecto de POT del alcalde Enrique Peñalosa.
En el auto, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar declara “el incumplimiento a la orden 4:18” de la sentencia del Consejo de Estado, que ordena adecuar los POT a ese fallo, con un plazo de 12 meses después de expedido el plan de manejo (Pomca) del río. Ese plan se aprobó en abril de este año, y el plazo para adecuar el POT vence en abril del 2020.
Villamizar es la magistrada encargada por el Consejo de Estado de hacer seguimiento a las órdenes de la sentencia para hacerlas cumplir. Ella fue la que en primera instancia en el 2004 emitió fallo para salvar el río Bogotá.
El auto de esta semana les ordena a los concejales que procedan a continuar con el primero y el segundo debate al POT que tramitó la alcaldía de Enrique Peñalosa, que fue votado negativamente y archivado en la comisión del plan a comienzos de noviembre, cuando se votó a favor de la ponencia del concejal Celio Nieves, que propuso negar el proyecto.
El auto hace referencia a que ahora el Concejo debe votar una a una las normas (los artículos) y no en bloque, después de hacerle al proyecto del alcalde las modificaciones que considere pertinentes.
“El Cabildo Distrital tiene una independencia y ha tomado una decisión que debe ser respetada”, dijo Mosquera en una rueda de prensa. “Actuaremos en defensa de la autonomía e institucionalidad del Concejo de Bogotá”.
“Los concejales no podemos pasar por encima de la normatividad, debemos cumplir con los términos de radicación y estudio de los proyectos de acuerdo presentados ante el Concejo de Bogotá”, dijo Mosquera.
En el auto, la magistrada asegura que la expedición del POT no es un acto político, sino un acto administrativo reglado mediante la creación de unas normas cuya competencia la ley les asigna a los concejos.
“La función asignada por el ordenamiento jurídico a los concejales de expedir normas y no solamente decisiones políticas sería letra muerta frente al cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas para salvaguardar los derechos colectivos de primacía constitucional”, se lee en la providencia.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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