Con 100.000 millones de pesos que saldrán del recién aprobado cupo de endeudamiento, el Distrito busca rescatar la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en el sector de El Salitre, por la que ya se pagó, desde el 2010, cerca de $ 30.000 millones, correspondientes a los pagos que se hicieron a la constructora.
Esta sede debía estar lista en mayo del 2011, pero hoy, lejos de ser la moderna edificación que se planeó, es una construcción a medias con problemas estructurales y sanitarios.
Ante ese panorama, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SCJ) solicitó del cupo de endeudamiento de 6,9 billones de pesos –avalado por el Concejo–, una suma de $ 234.100 millones, de los cuales saldrá el dinero para terminar la edificación.
Además de la nueva sede de la Policía, se comprarán cámaras de vigilancia, se terminará la estación de Usaquén, se construirá la Casa de Justicia en Santa Fe y se desarrollará un centro de atención especializado en Ciudad Bolívar.
Estas cuatro inversiones estaban contempladas en el anterior cupo de endeudamiento; sin embargo, lo de revivir la sede de la Mebog fue añadido en la categoría de ‘Necesidades adicionales de cupo’.
“En términos estrictos, se trata del proyecto de reforzamiento estructural y terminación de la nueva sede del comando, incluido en las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos”, se lee en el documento con el que se aprobó el cupo de endeudamiento.
En definitiva, con la inversión de $ 100.000 millones se pretende terminar esta obra inconclusa, ubicada en la carrera 55 con calle 22, y que cuenta con un área construida de 40.000 metros cuadrados, repartidos en cinco bloques.
En términos estrictos, se trata del proyecto de reforzamiento estructural y terminación de la nueva sede del comando, incluido en las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos
Según la SCJ, la obra debe estar lista en el segundo semestre del 2019, y para que sea exitosa y se cumplan los términos, ya se implementaron una serie de medidas. La primera de ellas fue escuchar las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que, tras una inspección en noviembre del 2016, concluyó que las condiciones de la edificación no eran aptas para atender las cargas requeridas y no podía ser ocupada.
“Dado que se encontraron graves problemas de diseño y construcción, se recomienda proceder a la ejecución de reforzamientos y medidas correctivas”, sugirieron en la SCI.
Atenta a estas sugerencias, la Administración Distrital inició un plan que incluyó el drenaje de las aguas empozadas del sótano, que habían propagado plagas y roedores.
Seguridad también confirmó que, en cuanto a la estructura, “las vigas, columnas, pilotes y en general todos los elementos portantes se encuentran en buen estado de acuerdo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros”.
Pese a esto, las placas y los voladizos del edificio presentan doblamientos y fisuras que requieren de intervenciones. En cuanto al actual porcentaje de avance físico del inmueble, la Secretaría aseguró que aún no está definido.
“El porcentaje de avance financiero de la construcción del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá es de 72 por ciento, teniendo en cuenta las facturas avaladas y pagadas por el Fondo de Vigilancia”, precisaron en la SCJ.
En definitiva, cuando esté listo, el nuevo complejo de la Policía contará con un bloque conformado por plaza de armas, dos correspondientes a parqueaderos y zonas de recreación y dos más serán una edificación de seis pisos que contará con un equipamiento de seguridad y una sede administrativa.
En el 2010, durante el gobierno de Samuel Moreno, el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) suscribió el convenio interadministrativo 409 que tenía como objeto la “construcción, adecuación, incluyendo la interventoría, y dotación técnica de la nueva sede del comando de la Policía”.
Para hacer realidad este proyecto, el FVS adjudicó el contrato de obra 0730 del 19 de noviembre del 2010 a la constructora Castell Camel Ltda. –hoy S.A.S.– por un costo cercano a los $ 44.000 millones. Con la llegada de Gustavo Petro en el 2012 a la Alcaldía, las dudas por la ejecución de este contrato empezaron, y el mismo exmandatario denunció ante la Fiscalía las irregularidades.
En el 2014, y dado que las pesquisas del ente de control no avanzaban a buen ritmo, el entonces secretario de Gobierno, Hugo Zárate, pidió celeridad en la investigación.
El proceso avanzó en mayo de este año, cuando la Fiscalía anunció la imputación de cargos a Mauricio Fernando Solano, exdirector del Fondo de Vigilancia y Seguridad, por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación de terceros. En una diligencia llevada a cabo en la vivienda de Solano (10 de mayo del 2017), el exfuncionario se declaró inocente.El detrimento para la ciudad fue estimado en unos 30.000 millones de pesos.
Ante el descuido de una estructura de esas dimensiones, son varias las afectaciones que se presentan. Empozamientos de agua en los sótanos, grafitis que se tomaron las paredes de la edificación y la inseguridad son algunos de ellos.
“Durante el tiempo que el contrato estuvo suspendido, entraron personas no autorizadas a realizar grafitis, por lo que la estructura presenta estos rayones en todo sus elementos”, aclararon en la SCJ. Para impedir más inconvenientes de este tipo, las autoridades construyeron un cerramiento perimetral y arreglaron el existente. También asignaron de manera permanente a dos miembros de la policía para vigilar el predio.
De acuerdo con los documentos presentados por la Secretaría de Seguridad para la discusión sobre los recursos del cupo de endeudamiento, el reforzamiento estructural tendría un costo de $ 20.000 millones. Los detalles de esta etapa se conocerán tras una consultoría que está en proceso.
Por otro lado, las instalaciones técnicas, complementarias y de uso integral, sumarían un valor de $ 56.923 millones. Estos trabajos integran las redes e instalaciones de servicios públicos, sistemas especializados de voz y datos, acabados y en general todas las actividades para entregar la edificación lista para ser usada.
Finalmente, $ 23.077 millones irían a temas de administración e imprevistos. “Se adopta un valor del 30 por ciento sobre el valor de los costos directos, correspondientes al reforzamiento estructural, más las instalaciones técnicas, obras complementarias y de uso integral”, se sustenta en el documento técnico del Proyecto de Acuerdo 497 del 2017, que finalmente fue acogido por el Concejo.
“El impacto de esta obra es para toda Bogotá, allí funcionará el comando que se encarga de la seguridad de más de ocho millones de ciudadanos”, concluyeron en la Secretaría de Seguridad.
ÓSCAR MURILLO MÓJICA
Redactor de EL TIEMPO
Comentar