¿Prosperarán las demandas en contra de la valorización?

¿Prosperarán las demandas en contra de la valorización?

Concejales que votaron a favor del cobro dicen que detrás de estas acciones hay intereses políticos.

Canal Córdoba

Esta imagen representa el Canal Cördoba, una de las obras que se van a realizar por valorización.

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Cortesía IDU

Por: Bogotá
17 de diciembre 2018 , 07:46 a.m.

No ha pasado un mes desde la aprobación del cobro por valorización en Bogotá y ya son dos las acciones jurídicas que están en trámite y que buscan tumbarlo. La primera es una demanda de nulidad presentada el pasado 7 de diciembre por la concejal del Centro Democrático, Ángela Garzón. La segunda es una solicitud de medidas cautelares radicada el viernes de la semana pasada por el exviceministro del Interior Luis Ernesto Gómez y respaldada por un movimiento ciudadano.

Ante este panorama, ha surgido un intenso debate sobre las posibilidades que tienen estos recursos de prosperar y detener el cobro con el que el Distrito busca recaudar $ 906.579 millones.

En la demanda presentada por la concejal Garzón, los principales argumentos son que, según ella, no hubo un estudio de capacidad económica de los contribuyentes y que las obras incluidas no están priorizadas en el Plan de Desarrollo.

“No existió un estudio de capacidad económica reciente. El que se presentó era del 2014, cuando la situación del país y de la ciudad era muy diferente a la actual. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que se ha pronunciado al respecto, y que además dice que no se puede ahogar a los contribuyentes”, sostuvo la cabildante.

Añadió que para apoyar su demanda emprendió la recolección de firmas en la ciudad y que, desde el jueves de la semana pasada hasta ayer domingo 16 de diciembre, había recolectado más de 4.000 firmas de personas que están en contra del cobro. Manifestó que las radicará hoy.

“La Administración Distrital, que tuvo más de un año para socializar el proyecto con la ciudadanía, solo lo hizo con unas 700 personas, y no sabemos si estaban en contra o a favor, solo que participaron de las reuniones”, argumentó.

Por su parte, el concejal Emel Rojas, del movimiento Libres, y quien votó a favor de la iniciativa del Distrito, contradijo lo expresado por Garzón, señaló que considera que ninguna de las acciones interpuestas van a prosperar y que estas responden exclusivamente a intereses políticos.

“En mi criterio, ninguna de las dos demandas tienen argumentos jurídicos para lograr la nulidad, el proyecto fue presentado hace más de un año, fue suficientemente socializado; más de un año de debates, foros y distintos escenarios”, afirmó Rojas, y agregó: “Incluso Cambio Radical, de donde salieron los ponentes, solicitaron en la primera presentación modificaciones que se hicieron para el segundo proyecto”, sostuvo.

Medidas cautelares

Entre tanto, Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, explicó que la solicitud de medidas cautelares que presentó incluye algunos elementos que no se tuvieron en cuenta en la otra demanda y que complementa los reclamos de esta.

“Un argumento fundamental que no fue invocado por la otra demanda es que la ley establece que este tipo de cobros no pueden quedar a discrecionalidad del Ejecutivo, tienen que quedar definidos expresamente por el legislador, en este caso el Concejo”, explicó Gómez.

Según aclaró, este acuerdo de valorización lo que hace es darle facultades al IDU “para que sea el que determine el cobro final con unos criterios muy amplios para el avalúo”.


Además, dijo que en el proyecto se definió una asignación de cerca de 80.000 millones de pesos para administrar el recaudo, y que esto es ilegal teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda dispone de la infraestructura para hacerlo.
Pese a esto, el concejal Rojas dijo que no es un impuesto sino una contribución, por lo que no es necesaria la participación de la Secretaría de Hacienda.

No es ilegal porque todos cumplimos con la normatividad y requisitos que se expidieron para las valorizaciones, es un tema de réditos políticos en función de campañas electorales

Por otro lado, la concejal Lucía Bastidas, de Alianza Verde, quien votó positivamente el cobro, señaló que quienes se oponen lo hacen por intereses electorales.

“No es ilegal porque todos cumplimos con la normatividad y requisitos que se expidieron para las valorizaciones, es un tema de réditos políticos en función de campañas electorales”, expresó, y agregó que habrá que esperar las decisiones judiciales.

“Las opiniones de los jueces son tan relativas, pero tienen que ver cómo fue el debate y entender que esta herramienta se ha usado permanentemente. Yo creo que fuimos responsables, que son obras que se van a realizar y que tienen estudios y diseños”, señaló.

No obstante, los impulsores de las demandas son optimistas frente a sus reclamos y, pese a las vacaciones que se tomará la Rama Judicial desde el 19 de diciembre,
esperan que antes de finalizar enero del 2019 se haya tomado una decisión.

Por último, en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor declararon que aún no han sido notificados de las demandas y que cuando esto suceda, la Secretaría Jurídica se pronunciará al respecto.

BOGOTÁ
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