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Bogotá

77 % de LGBTI víctimas del conflicto, en riesgo de trata de personas

La dificultad para contactar a las personas LGBTI dificulta las políticas.

La dificultad para contactar a las personas LGBTI dificulta las políticas.

Foto:Archivo/ Mauricio León

El Distrito y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito identificaron amenazas.

Felipe Motoa
Ocho de cada diez personas de la comunidad LGBTI consultadas para un estudio de la Secretaría de Planeación y la ONU, que fueron victimizadas de alguna manera durante el conflicto armado colombiano, no hacen parte del Registro Único de Víctimas. Esto significa que la reparación a la que tendrían derecho está más lejos para ellos.
Así lo revela la investigación sobre sectores sociales LGBTI, conflicto armado y trata de personas, que fue asesorada por la Dirección de Diversidad Sexual de Planeación y llevada a término por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En esta, entrevistaron a 241 personas en siete localidades de Bogotá, algunas de ellas con alta vulnerabilidad para esta población: Barrios Unidos, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Los Mártires, Santa Fe y Suba (vea infografía).
No son datos estadísticos ni indicadores de ciudad, sino que permiten identificar tendencias. Por ejemplo, que existe una alta relación entre su condición sexual y el riesgo de ser víctimas de trata de personas o de haber sido víctimas del conflicto”, explicó Juan Carlos Prieto, director de Diversidad de la secretaría.
A propósito, en la capital, el 77 por ciento de estos ciudadanos corre el riesgo de caer en redes criminales dedicadas al tráfico de personas. Y lo dramático es que la carencia de afecto y personas cercanas, dada la exclusión a la que son sometidos por la sociedad, los hace más vulnerables.
“Cuando usted llega a una ciudad como Bogotá es muy susceptible de caer en una red de ese tipo. Por ejemplo, de ser objeto de prostitución por no encontrar más opciones de sustento. Incluso, por carecer de afecto, familia y apoyo, trabajar sexualmente para comprar ese cariño”, mencionó Prieto, sobre las condiciones más desfavorables.

Ser objeto de prostitución por no encontrar más opciones de sustento. Incluso, por carecer de afecto, familia y apoyo, trabajar sexualmente para comprar ese cariño

Además, reseñó una situación muy frecuente entre las personas transgénero, quienes adquieren grandes deudas para transformar su cuerpo, a través de cirugías, a lo que su condición les dicta. Después esa obligación de pago se les convierte en una vulneración de derechos, pues quedan expuestas a la disposición de terceros, que las explotan y les exigen trabajos sexuales victimizantes.
Lo anterior evidencia que la trata de personas no solo se da hacia el exterior del país sino que es un fenómeno cuya ejecución es continua dentro de Bogotá.
Al revisar los modos de vinculación a la trata se destacaron varios en el diagnóstico: el 29 % han recibido ofertas asociadas a un excelente sueldo; el 12 % relacionadas con préstamos, compra de tiquetes o facilidad de trámites; el 16 % a dinero o viajes a cambio de una relación sentimental, y el 30% a cambio de relaciones sexuales. Entre los entrevistados, uno de cada tres aceptó las señaladas ofertas que les condujeron a convertirse en víctimas. De estos, el 28 % lo hizo por motivos económicos.
“Estos insumos permiten mejorar la ruta de atención en el marco de la Política Pública LGBTI. También nos ayudan a tomar decisiones para intervenir”, explicó el director de Diversidad, quien aprovechó para indicar que “el Distrito y el Gobierno Nacional deben hacer un reconocimiento de la comunidad LGBTI como víctimas a priorizar”.
A esa conclusión también llegaron luego de observar cómo la mayoría de los encuestados (82 por ciento hombres o mujeres transgénero; 13 por ciento mujeres y 1 % persona intersexual) han llegado a considerar que solo por su condición sexual les ha pasado lo que les ha pasado durante el conflicto armado; como si tuvieran un grado de responsabilidad en esos hechos por haber vivido una condición sexual diversa.
En otras palabras, la mayoría ha naturalizado la violencia en su contra y no son conscientes de que son sujetos de derechos y que han padecido delitos.
A esto, complementa el estudio, se suma que el país sigue en discusiones sobre los derechos LGBTI y la exclusión social es palpable, lo que disuade a quienes han sido vulnerados de acudir a plataformas como el Registro Único de Víctimas, por considerar que el Estado y el Distrito aún no son verdaderos garantes de su intimidad y protección en la diversidad.

Aceptan su diferencia

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, 766 ciudadanos habían solicitado cambiar su identidad de género entre 2016 y marzo del 2018, lo que evidencia una mayor consciencia de los derechos adquiridos por la comunidad LGBTI en los años recientes.
La proporción es de uno a tres: por cada cambio de género femenino a masculino, se hacen tres de masculino a femenino. Estos trámites se concentran en tres ciudades principales: Bogotá, Medellín y Cali.
Felipe Motoa Franco
En Twitter: @felipemotoa
BOGOTÁ
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