Las secretarías de Gobierno y Educación tienen menos riesgo de caer en prácticas corruptas, según el primer Índice de Transparencia de Bogotá (ITB) realizado por la Veeduría Distrital, la Corporación Transparencia por Colombia, ProBogotá y la Cámara de Comercio.
¿Qué las hace merecedoras de tal reconocimiento? Entre 34 analizadas, ambas se destacaron por brindar acceso a la información, por los procesos y procedimientos de su gestión y una cultura de autorregulación y sanción a los hechos de corrupción.
Estos son los asuntos que mide este índice, que establece cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, medio, alto y muy alto.
El ejercicio mide la posibilidad de que ocurran hechos de corrupción en las entidades públicas, ante la existencia de ciertas condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales asociados a la gestión administrativa. Se determina mediante un puntaje entre 1 y 100.
Entre menos puntos, más alto el riesgo de actos de corrupción. Los puntajes más altos muestran mayor transparencia. La calificación promedio de las 34 entidades fue de 68,7 que significa un riesgo medio. Gobierno y Educación tuvieron 82,5 y 80,5, respectivamente.
Entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, que maneja quizá la contratación pública más alta del país, quedó calificada con riesgo medio (72,3), igual que Hacienda (69,8).
El veedor distrital, Jaime Torres-Melo, dijo que es la primera vez que una capital de América Latina mide los riesgos de las entidades con un mecanismo pionero, que se convierte en una herramienta en la lucha contra la corrupción, porque maneja evidencias y no percepciones.
Las entidades recogieron información sobre la divulgación de la información pública, presupuestal y financiera, de la gestión administrativa y los trámites de servicio al ciudadano; sobre la gestión del talento humano, la planeación y la contratación y sobre las políticas, medidas y estrategias anticorrupción, y en torno a la rendición de cuentas, el control social y la participación ciudadana, entre otros.
El factor de control y sanción fue el que tuvo la calificación más baja, 63,3 puntos. Solo el 52 por ciento de las entidades desarrolla un tratamiento específico para los requerimientos ciudadanos relacionados con corrupción. El estudio detectó que “la gestión de denuncias e investigaciones por hechos de corrupción ubica al Distrito en nivel alto de riesgo de corrupción, por ausencia de procesos y procedimientos de protección al denunciante”.
En los indicadores de institucionalidad, calificados con 65 puntos, el informe destaca como una de las alertas el hecho de que solo el 58 por ciento de las entidades incluyó metas o indicadores en su plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Resalta como positivo el hecho de que las entidades han bajado el uso de la contratación directa.
El mejor puntaje de la calificación fue el de la visibilidad, que estuvo en 79,1.
Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio, dijo que “el acceso a la información, la visibilidad de las acciones, que quede a disposición de los empresarios, de los ciudadanos, de la sociedad civil, es una de las mejores formas de ejercer control”.
Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, dijo que hay alertas que se deben atender como el acceso a la información y los procesos de gestión para la estabilidad del talento humano.
“Me preocupa ver las entidades de control que tienen riesgo medio y alto”, dijo Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá.
La contratación de la alimentación escolar, una pesadilla en el resto del país, en Bogotá se volvió ejemplo y modelo de gestión pública.
Cortesía Secretaría de Educación
Luego de conocer los indicadores de transparencia, el alcalde Enrique Peñalosa destacó el ejercicio técnico y se comprometió a reducir en cinco puntos porcentuales los riesgos asociados a posibles casos de corrupción en todas las entidades.
Esto quiere decir que en un año, cuando se entreguen los resultados de la segunda medición, la calificación debe estar como mínimo en 73,7 sobre 100 puntos.
Dijo que hará mayor énfasis en las cinco que están en la zona más vulnerable, como son el Servicio Civil, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Secretaría de Desarrollo Económico, el Jardín Botánico y el Instituto para la protección de la niñez (Idiprón).
Lo que se espera es que las entidades comiencen a trazar rutas, acciones y medidas que permitan a los ciudadanos acceder a la información, que se abran espacios de participación, que se entregue la información a los organismos de control y que en terminos generales, se apunte a reducir y bloquear la acción de los corruptos.
“Nosotros vamos a crear mecanismos de información, de divulgación, de transparencia, que sea de forma automática, donde no haya injerencia de intereses” , señaló el mandatario.
Nosotros vamos a crear mecanismos de información, de divulgación, de transparencia, que sea de forma automática, donde no haya injerencia de intereses
Peñalosa recordó casos exitosos como los de Educación y Salud, donde los funcionarios fueron citados en varias oportunidades a debates de control político, con el fin de tratar de boicotear la modernización de los procesos como se evidenció en la licitación de los alimentos escolares y también en la transformación de las 22 gerencias de los hospitales que pasaron a ser solo cuatro subredes.
“En Bogotá avanzamos 15 puntos en el índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación y hemos hecho múltiples esfuerzos en varios frentes como, por ejemplo –mencionó el alcalde Peñalosa– los procesos en las alcaldías locales, con un incremento entre el 400 y 500 por ciento de proponentes en las licitaciones.
“Todo esto para que en Bogotá cada peso de los bogotanos se invierta de forma íntegra, técnica y con eficiencia”, expresó Peñalosa en la presentación de los indicadores.
REDACCIÓN BOGOTÁ
