Un grupo de ciudadanos, conformado por veedores, ambientalistas, arquitectos y residentes nativos de Cajicá, trabajan en buscar medidas legales para que se declare ilegal el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de su municipio.
Para ellos, las modificaciones que le realizaron en la pasada administración no fueron concertadas con los pobladores, las cuales los afectarán gravemente.
“En esas modificaciones, que están vigentes, se amañó la normativa, se modificaron los usos del suelo, se redujo la estructura ecológica principal, que permite la construcción en zonas de reserva”, explicó el arquitecto Josué Frías, quien reside en esa población y es especialista en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública.
Otros de los invitados al panel aseguraron que las modificaciones al PBOT ya están teniendo consecuencias para la población. “Lo que está ocurriendo en toda la Sabana Centro de declarar a sus municipios dormitorios es una condena que atenta contra su economía local”, explicó Edilberto Afanador, también residente de Cajicá y con una maestría en Sociología de la Universidad de Brasilia.
Se trata de una especulación inmobiliaria. Esos condominios que se han construido no están habitados
Agregó que otra de las consecuencias del crecimiento desaforado de la construcción se relaciona con el aumento de los problemas de seguridad en Cajicá.
Para María Mercedes Maldonado, que fue Secretaria de Hábitat en Bogotá, y se le invitó al evento, hay una desproporcionalidad entre las proyecciones de población del Dane y la construcción de vivienda que, según ella, llega a triplicar la oferta requerida. “Se trata de una especulación inmobiliaria. Esos condominios que se han construido no están habitados”, aseveró.
Por esta razón, los participantes del foro señalaron que se deben comenzar a buscar los mecanismos legales con miras a que el PBOT sea declarado ilegal. “Es un fenómeno de volteo de tierras que afecta a toda la Sabana porque en los ordenamientos no está participando la ciudadanía. Se debe conseguir que sean concertados”, indicó José Antonio Parrado, que trabaja en la misma vía en Chía, donde según él se busca construir 45.000 nuevas unidades de vivienda sin ampliar las redes de servicios públicos, y sin soluciones viales.
Daniela Méndez, politóloga de la Universidad Nacional, les explicó que a través de lo que ella llama un juicio ciudadano se encontrarán las fórmulas legales para que el actual PBOT sea derogado.
Sobre las acciones del alcalde del municipio, Óscar Díaz, de suspender las licencias, los asistentes al foro consideraron que fueron un buen comienzo, pero afirmaron que Díaz se ha visto obligado a ceder por la presión de las mismas constructoras.
BOGOTÁ
