El alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño, y la exalcaldesa de Puente Aranda, Lady Castillo, deben presentarse en los próximos días a audiencia pública para presentar versión libre y descargos que respondan ante presuntas irregularidades que cometieron en materia de contratación.
Según la Personería de Bogotá, los mandatarios, en pliegos de condiciones para adjudicar contratos, exigieron requisitos desproporcionados que limitaban la participación plural de los interesados en realizar obras en las vías locales. La Personería fue el ente que formuló los cargos y los citó a audiencia. Lady Castillo debe presentarse este martes y Gustavo Niño el próximo 24 de noviembre. El también investigado exalcalde de Bosa, Fredy Martínez, tuvo la audiencia el pasado 16 de noviembre.
Sumadas las presuntas irregularidades en los contratos celebrados por los tres alcaldes se superan los $ 21.000 millones en afectaciones a los recursos públicos.
El mandatario de Santa Fe es cuestionado por presuntas anomalías en el proceso de licitación para contratos de mantenimiento y reconstrucción de malla vial y espacio público por $ 6.107 millones. Mientras que a Castillo se le cuestionan presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento y rehabilitación de vías, de adecuación de la sede de la alcaldía y de recuperación de parques de la localidad, por $ 8.841 millones. Estos contratos se celebraron entre enero y diciembre del año pasado.
Peñalosa, citado a conciliación en la Fiscalía
Este lunes, a las 8 de la mañana, el alcalde Enrique Peñalosa debe asistir a la Fiscalía para responder ante una denuncia por injuria interpuesta por el representante a la Cámara, Inti Asprilla. Esta citación es de carácter obligatoria, y la inasistencia injustificada por parte del Alcalde daría lugar a una investigación penal.
La denuncia del congresista se fundamenta en la declaración del Alcalde, dada el 27 de septiembre, en la que señaló que los organizadores del ‘Paro desde el sur de Bogotá’ tenían intereses económicos y políticos detrás del evento.
El representante asegura que las afirmaciones carecen de veracidad, afectan su dignidad y buen nombre y ofende a los habitantes del sur que optaron por protestar.
