Desde que comenzaron las protestas ha sido difícil establecer cuál es el número real de víctimas que dejaron las marchas y confrontaciones de diferentes índoles en Bogotá. Las cifras oficiales y las de organizaciones no gubernamentales (ONG) no coinciden por ausencia de información clara.
Según la Fiscalía General, desde el 28 de abril hasta el 15 de junio, de las 24 muertes que guardan relación directa con las manifestaciones, solo una se registró en Bogotá. El hecho sucedió el 1.° de mayo y la víctima fue Daniel Alejandro Zapata. Se avanza en la investigación de este hecho para dar con los presuntos responsables.
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Un registro importante es el relacionado con quienes habrían resultado afectados en sus ojos. En este momento hay 18 noticias criminales en las que se reportan lesiones de este tipo: cuatro mujeres y 14 hombres, para un total de 18 víctimas.
En cuanto a agresiones físicas, de acuerdo con la información reportada en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) en del periodo comprendido del 28 de abril al 8 de junio de 2021, se tiene un total de 98 víctimas de lesiones personales en Bogotá. Otro dato que sorprende es el tema relacionado con detenciones arbitrarias, que fueron queja común en las redes sociales, pues en sus registros solo se encontró un caso en la ciudad.
La Fiscalía investiga en cuáles casos se presentaron abusos de autoridad, y de ellos, en cuáles utilizaron indebidamente armas de fuego, pero hasta el momento no se dieron a conocer avances al respecto. En cuanto a violencia sexual, cometida presuntamente en el marco de las protestas sociales desde el 28 de abril del año en curso, tres de estas indagaciones son por hechos ocurridos en Bogotá.
Estas son objeto de un litigio estratégico direccionado por el Grupo de Trabajo de Violencia de Genero de la delegada para la Seguridad Ciudadana. En ninguno de los ítems la Fiscalía entregó detalles de modo y lugar de los casos reportados.
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Luego de los fuertes incidentes se confirmó la muerte de una persona en medio de las confrontaciones.
Hector Fabio Zamora
Las mismas preguntas se le formularon a la Policía Metropolitana y la respuesta fue que no tenía registro de muertes, agresiones o lesionados durante las manifestaciones. Con respecto al tema de detenciones arbitrarias, solo se remitieron a explicar que en este momento no se adelantan ni investigaciones disciplinarias, ni penales en la Jurisdicción Penal Militar. No dieron cuenta ni de sus policías agredidos ni de los ataques contra su infraestructura.
Otro es el panorama que le remitió a este periódico la Personería de Bogotá, cuyos datos fueron los mismos que la alcaldesa, Claudia López, le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU. Ellos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2021, velaron por el respeto de los derechos humanos en 308 jornadas de protesta lideradas por diferentes sectores. Y resaltan que en el 85,3 % no se presentó ninguna perturbación del orden público que generara la intervención de los uniformados de la Fuerza Pública.
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En cuanto a víctimas fatales, coinciden con la Fiscalía en que el Centro Regulador de Urgencias (Crue) informó sobre un joven (Daniel Alejandro, de 20 años) fallecido el 10 de mayo en la Clínica Eusalud Mandalay, quien había ingresado a esa institución con trauma craneoencefálico el día 1.º de mayo 2021 a las 9:25 de la mañana, “por objeto no claro durante manifestaciones en vía pública”, reza el informe.
Por otro lado, el ente tiene reporte de al menos 421 civiles y 378 uniformados heridos, para un total de 799 personas lesionadas en las jornadas.
Las localidades que han demandado mayor atención de la Personería han sido: Usme, Kennedy, San Cristóbal, Bosa, La Candelaria y Chapinero. En estas localidades se han generado enfrentamientos con la Fuerza Pública, en los que han resultado personas heridas, afectadas por gases lacrimógenos, como es el caso del día 26 de mayo en la localidad de Usme, en donde terminaron heridas 15 personas, y 95 más, afectadas por los gases, siendo atendidas por la Cruz Roja que se encontraba en Yomasa.
En cuanto a detenciones arbitrarias, la Personería hizo presencia en las cinco URI y realizó 179 intervenciones, así: 48 en la URI de Ciudad Bolívar, 12 en Engativá, 82 en Kennedy, 26 en Puente Aranda y 11 en Usaquén, y realizó verificación en los tres centros de traslado por protección aprobados por las autoridades, los cuales se encuentran ubicados en las estaciones de Policía de Usaquén, Tunjuelito y Candelaria. Se verificó que fueron trasladados un total de 154 ciudadanos: Tunjuelito, 63; Candelaria, 46, y Usaquén, 45. De estos hubo 12 mujeres; es decir, el 7,8 %, y 142 hombres, lo que equivale al 92,2 %.
Del 100 % de los trasladados a las tres estaciones habilitadas como CTP, el 8,44 % son de extranjeros y el 91,55 % son de colombianos. De las 154 personas trasladadas, 9 eran menores de edad y fueron entregados a un familiar, y 115, adultos. Según el ente de control, los ciudadanos fueron encontrados en buenas condiciones sin muestras de maltrato. Solo hay nueve quejas concretas de presuntas detenciones arbitrarias puestas en conocimiento de la entidad por la ciudadanía.
Sobre afectaciones en los ojos de las personas, la Personería ha recibido siete denuncias de presuntas agresiones oculares. Pero estas han llegado solo a través de correo electrónico.
En cuanto a civiles disparando de forma indiscriminada en la localidad de San Cristóbal, la Personería ha recibido denuncias de la comunidad en las que informan que en horas de la noche, cuando la jornada de protesta está terminando, grupos de aproximadamente 30 jóvenes realizan actos como agresiones a los vehículos que circulan por los alrededores y la exigencia de dinero a los conductores para permitirles el paso. Esto ha generado preocupación y desconcierto en los habitantes del sector.
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Por su parte, también se han recibido 17 denuncias de abusos en contra de la policía por agresiones y/o lesiones, así como de actos de violencia contra servidor público sufridos por la Fuerza Pública. La Personería dice conocer 100 casos de presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional. El mayor número, en Kennedy, con 22 casos, y 23 en los que no se reporta una localidad concreta. Hay reportes por exceso de uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, disparos, no permitir la presencia de defensores de derechos humanos, entre otras. En cuanto a violencia sexual, solo hay un registro de un presunto caso que denunció un líder comunitario.
Finalmente, se ha tenido conocimiento de 109 casos de personas reportadas como desaparecidas, de las cuales se reporta que 78 ya fueron ubicadas y de las 31 restantes aún no se cuenta con información.
EL TIEMPO también consultó a la ONG Temblores, pero estos tampoco tenían cómo entregar relación de caso por caso de los presuntos afectados detrás de las cifras periódicas que revelan sobre las víctimas del paro.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
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