Entre diciembre del 2013 y septiembre del 2016, en Bogotá se impusieron 10.916 multas a conductores por conducir en estado de embriaguez. Esta cifra hace que el Distrito encabece el listado de las ciudades que más suman este tipo de infracción.
Detrás de la capital se ubican Medellín, con 5.018 comparendos, y Barranquilla, con 3.285 en sus registros. En total, el país sumó 95.603 infracciones en ese periodo de tiempo. Las cifras fueron reveladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, entidad que se mostró preocupada por la falta de rigor entre las secretarías de Movilidad, toda vez que en el 43 por ciento de los casos (41.109) estas dependencias no cancelaron ni suspendieron las licencias de conducción de los sancionados.
“Será muy difícil erradicar esta conducta si no se cumple con la suspensión o cancelación de las licencias, pues los departamentos de Tránsito están siendo permisivos con estos conductores, quienes siguen tras el volante, atentando contra la seguridad vial de los colombianos”, recalcó Javier Jaramillo, titular de la Superintendencia.
El informe también revela que la mayor porción de infractores son de vehículos particulares (91 por ciento), en tanto que los de servicio público llegan al 5 por ciento y los de otra clase de servicio alcanzan el 4 por ciento restante. En el país, 49.671 licencias fueron canceladas en el periodo en cuestión.
Por cada una de las licencias que no han sido canceladas, sin argumento válido de las secretarías, estas dependencias podrían ser sometidas a sanciones de hasta 137 millones de pesos (por falta de gestión administrativa).
No paganOtro punto sobre el que alertó la entidad es la caducidad de las multas, renglón que también encabeza Bogotá con un 54 por ciento de incidencia (5.927), seguida por la capital de Santander, Bucaramanga, con el 50,5 por ciento (764), y en tercer lugar Pasto, con el 42 por ciento (905).
La suma total de los comparendos impuestos llega a 832.323 millones de pesos en todo el territorio colombiano. Pero solo se han pagado 498 infracciones, por un valor de 1.494 millones de pesos. Entre tanto, 6.030 multas se encuentran en trámite administrativo (implican 67.546 millones de pesos) y 78.050 estaban sancionadas (675.382 millones de pesos).
En definitiva, la cartera por cobrar suma 618.169 millones de pesos. Otras ciudades que aparecen con altos índices de caducidad de comparendos son Tunja y Florencia (ambas con 20 por ciento), Cúcuta (14 por ciento), Pereira (13 por ciento), Barranquilla y Armenia (las dos con 11 por ciento), Santa Marta y Valledupar (con 9 por ciento cada una) y Cartagena (6 por ciento).
Todo lo anterior evidencia con claridad, según Jaramillo, el nivel de permisividad con el que se está aplicando en el país la Ley 1696 del 2013, que se promulgó justamente con el propósito de reducir los eventos fatales por manejar bajo la influencia del alcohol y disuadir a los consumidores de tomar el volante.
El superintendente finalmente anotó que estos análisis, aparte de servirle a la entidad como elemento para sancionar a los organismos de tránsito inoperantes, serán remitidos a Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Agencia Nacional de Seguridad Vial “para que procedan según su competencia”. El funcionario también anunció que oficiará a las oficinas de control interno de cada municipio, para que adelanten las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
BOGOTÁ
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