Desde hace dos semanas, Lucero Rodríguez y sus dos hijos, una niña de 14 años y un niño de 9, almuerzan todos los días arroz con huevo. Ella era usuaria del comedor comunitario La Gloria, en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, que funcionaba de lunes a sábado, pero fue cerrado.
En ese lugar, ubicado en la parte alta del suroriente de la ciudad, esta mujer y sus hijos encontraban un buen plato de comida que les permitía atenuar la difícil condición de pobreza. Ahora vive de la ayuda de familiares y unos ahorros que alcanzó a hacer desde que conoció que el contrato del comedor terminaba y no iban a tener el servicio gratuito. Solo debían llevar cocas en las que les servían los alimentos.
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Ante esa situación, esta madre cabeza de familia hace rendir lo máximo posible los pocos ahorros y cualquier alimento que llegue a sus manos. Pero lo hace a costa de que en la mañana solo pueda ofrecerles a sus hijos chocolate con pan y en la noche, una colada de avena.
Lucero no tiene un trabajo remunerado y si se lo ofrecieran, tampoco podría aceptarlo. Cuida a su madre, de 66 años y quien es oxígeno dependiente, y a su cuñada, de 34 y que sufre, según ella, “una enfermedad rara parecida a la esclerosis”.
“En el comedor llevaban unos 20 días diciéndonos que lo iban a cerrar”, señala Lucero, quien asegura que está totalmente desamparada porque hace un mes también dejó de recibir la ayuda económica del programa ‘Mujeres que reverdecen’ de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico.
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En una situación similar está Mónica Duarte, de 46 años y madre de una niña de 15, debido a que su esposo apenas alcanza a conseguir para sufragar otros gastos vitales de la familia como domiciliario. Esta mujer tiene una lesión en la columna que le impide realizar labores pesadas o trabajar en casas de familia. “La situación está un poquito complicada”, dice esta madre, que con resignación afirma: “Dios no nos desampara, pero no tenemos la opción de comer carne ni pollo, nos toca dirigirnos al huevo o lo que se pueda”.
En ese comedor, según los usuarios, cerca de 300 personas, la mayoría niños y adultos mayores, viven cada día la incertidumbre de si tendrán al menos una comida y anhelan que se vuelva a abrir el comedor. Los más afectados, asegura Mónica, son los “abuelitos”, a quienes personal del comedor les llevan la comida hasta sus viviendas porque no pueden caminar varias cuadras y luego subir por las empinadas calles del barrio.
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“Simplemente nos dijeron que lo cerraban y que teníamos que estar pendientes, pero nada más”, agrega Lucero, quien cuenta que les habían informado que una vez terminara el contrato del comedor les iban a dar un mercado, pero dos semanas después no lo ha recibido.
No puede ser que los derechos de las personas vulnerables se vean afectados por posible falta de planeación, cuando lo que tiene que ocurrir es que se protejan en mayor medida.
Un hecho similar se presenta en el comedor del barrio Ciudad Garcés Navas, en el occidente de Bogotá. Armando Rodríguez, presidente de la junta de acción comunal, señala que desde principios de mayo les avisaron que la cocina comunitaria quedaba fuera de servicio a partir del 31, pero no les informaron sobre la posibilidad de bonos o mercados, como había ocurrido en otras ocasiones.
“Sí se nos hizo raro. Entiendo que eso está pasando casi en todas las localidades”, advierte Rodríguez, quien dice que el cierre afecta a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y estudiantes de la jornada de la tarde.
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A cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) hay 62 comedores, cada uno con capacidad para entregar 400 raciones al día (para un total de 24.800), y lo sorprendente es que todos comenzaron a cerrar de manera paulatina sus puertas para la atención al público desde el 11 de mayo pasado y, al cierre de la edición, había 61 fuera de servicio.
Estos sitios, que son operados por particulares, beneficiaban a no menos de 20.000 personas en condición de vulnerabilidad. La información que tienen los beneficiarios es que se terminaron los contratos con Integración Social.
Y aunque no funcionan los comedores, la entidad le dijo a EL TIEMPO que “no ha estado cerrando el servicio” y que “la operación en algunos de ellos se ha suspendido mientras se surte el proceso de contratación”, el cual se espera que concluya en agosto. Ayer, según conoció este diario, la secretaría abrió la licitación.
La entidad distrital anunció que ampliará la oferta con ocho comedores en Bosa, La Candelaria, Los Mártires, San Cristóbal, Suba y Usme, lo que les permitirá llegar a 1.800 nuevos beneficiarios, y que en total operará en 108 comedores en 18 localidades.
Esta semana, en una sesión en el Concejo, la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, reconoció que los comedores han cerrado por terminación de los contratos y argumentó “dificultad con la fuente de financiación”.
La funcionaria señaló que siempre esos servicios se han suplido con un apoyo alimentario, que empezarán a ser entregados la próxima semana.
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“Es un tema de falta de planeación y previsión. No es que se acabó la plata, dejaron vencer todos los contratos. Ellos saben que la embarraron, pero no lo admiten”, asegura Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde y quien ha llamado la atención sobre la urgencia de solucionar el problema generado con el cierre de comedores. “Es un tema de hambre de muchas familias y hay que darle prioridad”, agrega la cabildante.
Ante esta situación, el contralor distrital, Julián Ruiz, le dijo a EL TIEMPO que ordenó una actuación especial en visita fiscal para revisar por qué se cerró el servicio de comedores y que espera resultados máximo en un mes.
“No puede ser que los derechos de las personas vulnerables se vean afectados por posible falta de planeación, cuando lo que tienen que ocurrir es que se protejan en mayor medida, precisamente por su situación de debilidad manifiesta”, señaló el jefe del organismo de control.
Este tema se suma al de los bonos canjeables para la población vulnerable y en condición de discapacidad, que la semana pasada fue la causa de una protesta de beneficiarios frente a la sede de la Secretaría de Integración Social. La entidad anunció que entre la última semana de junio y la primera de julio los entregará.
En este caso, la Contraloría Distrital también informó que hoy inicia una visita fiscal, que además buscará explicaciones sobre la integración de adultos mayores y habitantes de calle en los mismos centros de atención.
Frente a esta última situación, la SDIS respondió que las personas mayores que acuden a los servicios para habitantes de calle o están habitando la calle o están en riesgo de habitarla y que "ninguna ingresa a estos servicios sin su consentimiento y aceptación voluntaria".
Julián Moreno, subsecretario de Integración Social, le dijo a EL TIEMPO que con la pandemia aumentó la demanda de alimentación y en la medida que se ha ido normalizando la emergencia sanitaria, económica y social la entidad ha tenido que revisar si continúa el mismo número de usuarios o no y si es necesario hacer ajustes a los contratos.
“Esos ajustes toman a veces unos tiempos adicionales (...) y a veces toman un tiempo más, como el que está pasando ahora. Por eso se habilita el tema de los paquetes alimentarios”, señaló Moreno.
El segundo a bordo de la entidad distrital a cargo de los comedores agregó: “Lo importante es que las personas no pierdan la alimentación. Lo que buscamos es que no pierdan el aporte nutricional que se les brinda a través de los comedores o de los paquetes alimentarios”.
Y anunció que esperan que dichos paquetes empiecen a ser entregados la próxima semana y se mantendrán mientras reinicia la operación de las cocinas comunitarias. “Tenemos dispuestos cerca de 24.160 paquetes, para igual número de personas, que vamos a empezar a entregar”, puntualizó Moreno, quien dijo que tienen listos 17.000 para entregar a partir del martes próximo y que los otros 7.160 para la siguiente semana. Cada paquete garantiza 26 días de alimentación, descontando los domingos.