Luego de las denuncias de la comunidad de Usaquén, sobre el funcionamiento de una escombrera ilegal en el barrio Santa Cecilia (calle 163 con cra. 4.ª), la Secretaría Distrital de Ambiente, acompañada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Sijín, selló el lugar.
Así, pues, es la primera vez que se realiza un allanamiento por un delito ambiental en la capital.
El operativo comenzó en la madrugada y, según Secretaría de Ambiente, fue producto de varios meses de seguimiento al manejo irresponsable de residuos que se presentaba en el lugar.
Conforme con lo dicho por algunos vecinos de la zona, quien hacía uso del predio para el manejo de desechos, tenía hasta retroexcavadoras. Parte de los residuos, al parecer, iban a la quebrada La Arauquita, ubicada en los cerros orientales al norte de la ciudad.
"Estamos esperando la evaluación del Idiger sobre el tipo de riesgo que existe en este sector. Con Secretaría de Ambiente estamos poniendo el sello. Por uso del suelo, en este predio no se pueden manejar desechos, ni poner en funcionamiento un parqueadero, como estaba ocurriendo", afirmó la alcaldesa local de Usaquén, Mayda Velásquez.
Y es que la cantidad de material acumulado (55.000 metros cúbicos) formó una montaña de escombros que estaba poniendo en riesgo a los habitantes de Santa Cecilia, ante posibles deslizamientos y problemas de salud, por almacenamiento de residuos peligrosos.
Durante el operativo se logró la captura de dos personas, una de ellas, el presunto administrador del lugar, y el otro, el conductor de una volqueta, que fue atrapado en flagrancia disponiendo ilegalmente de los residuos.
"Luego de varios intentos por entrar al lugar, de recibir amenazas con armas de fuego y de un largo trabajo de investigación, el Distrito logró ingresó a este predio por una orden expedida por la Fiscalía 205 seccional de Bogotá, lo que permitió la contaminación del suelo", explicó Óscar López, director de Control Ambiental, de Secretaría de Ambiente.
Luego del operativo la autoridad ambiental del Distrito comenzó con el levantamiento topográfico para delimitar la ruta de trabajo para la recuperación del lugar. También comenzó con el proceso sancionatorio ambiental, que puede terminar en multas de hasta 3.600 millones de pesos.
En lo corrido de esta administración, más de 170 personas han sido judicializadas por atentar, al hacer uso indebido de desechos, contra quebradas, canales y los cerros de la ciudad.
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