Quince días después del revuelo que provocó la captura de 13 policías, aparentemente involucrados en el tráfico de drogas y extorsiones en el barrio Las Cruces, junto con nueve civiles, hoy 11 uniformados están en sus casas, dos más quedaron libres, los civiles fueron a la cárcel y el proceso judicial ya no es igual de grave.
Pese a que según la Fiscalía sus pruebas contra los capturados eran contundentes, la juez 25 de garantías les otorgó medida de aseguramiento en centro carcelario para los civiles y domiciliaria para los policías.
En un principio, y basada en las interceptaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía, la juez les imputó a los funcionarios y a los civiles cargos por los delitos de cohecho, extorsión, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, falsedad en documento público y uso excesivo de la fuerza; sin embargo, y tras la revisión de los folios de las pruebas por parte de la defensa, los capturados ahora tendrán que responder solo por delitos excarcelables.
Es decir que los patrulleros adscritos al CAI Las Cruces, quienes eran acusados por recibir sobornos de los traficantes y por cobrar cuotas de entre 50 mil y 100 mil pesos por no hacer incautaciones de los estupefacientes, ahora solo tendrán que responder por cohecho propio, es decir, recibir sobornos, una condena que por ser menor a cuatro años podría pagarse con libertad condicional.
Los funcionarios de la Sijín, entre los que está un capitán, eran acusados por pedirles 50 millones de pesos a los civiles capturados para devolverles la mercancía y no judicializarlos, y por realizar supuestos falsos allanamientos. Ahora solo tendrán que responder por falsedad en documento público y por uso excesivo de la fuerza, delitos cuya pena también pueden pagar sin estar en la cárcel.
Según algunos de los defensores, si bien las interceptaciones telefónicas dan cuenta de la comunicación de los supuestos traficantes con policías, no es claro si es con los mismos capturados, lo que habría provocado que la juez desvirtuara dichas pruebas y les otorgara detención domiciliaria, decisión que apeló la Fiscalía.
