Tres argumentos de la CCI para respaldar TM por la carrera 7.ª

Tres argumentos de la CCI para respaldar TM por la carrera 7.ª

Cámara Colombiana de Infraestructura envió carta al juez que frenó licitación. Coadyuvará apelación.

TransMilenio carrera séptima

A principios de mayo, la Procuraduría había solicitado la suspensión de la licitación de la troncal. Después, el juez 49 ordenó la suspensión de la adjudicación.

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Alcaldía de Bogotá

Por: Bogotá
28 de mayo 2019 , 08:31 p.m.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) decidió intervenir a favor del Distrito en el proceso judicial de acción popular que tiene paralizada la adjudicación de la licitación de TransMilenio por la carrera 7.ª.

En un oficio de 11 páginas en el que se declara como coadyuvante del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en su petición de apelación de la medida cautelar que suspendió la adjudicación de la obra, la CCI explica por qué la acción popular no debió haber sido aceptada; por qué, en su concepto, la decisión del juez se basó “en apreciaciones subjetivas” y sobre si hay estudios suficientes o no para licitar.

En el fondo del asunto, la CCI pide que se conceda la apelación para que un superior del juez 49, Jorge Luis Lubo Sprockel, resuelva la suspensión de la licitación con la que se terminó defendiendo el interés particular de un grupo de vecinos (Altos de la Cabrera) y no el interés general de la ciudad. Este documento fue firmado por Juan Carlos Quiñones Guzmán, vicepresidente jurídico de la CCI.

Una de las principales críticas del vicepresidente jurídico se fundamenta en que el juez basó la medida cautelar en “apreciaciones subjetivas que desbordan su ámbito de conocimiento especializado (...) sin haber decretado ni practicado las pruebas técnicas pertinentes”.

Por ejemplo, cita en la carta el apartado en el que el juez explica cómo estableció una medida a través de una navegación en Google Earth. Dice el abogado, entonces, que “este tipo de conclusiones atentan contra el debido proceso”.

Para Quiñones, la acción popular de Altos de la Cabrera no debió ser admitida porque ese instrumento busca proteger el interés colectivo y tiene unos requisitos señalados por la ley para que se pueda conceder, y en este caso, no se cumplían. “La solicitud de los accionantes obedece más a un interés particular (...) y se enfatiza que la acción popular tiene como finalidad la protección de derechos e intereses colectivos”, asegura.

La CCI argumenta que la medida cautelar pone en riesgo el valor del voto programático, que impone por constitución (en el artículo 259) a los alcaldes el cumplimiento de su programa de gobierno. Es decir, que Enrique Peñalosa tenía la obligación de cumplir con el proyecto de la troncal de la 7.ª, al ser parte de su agenda como alcalde de Bogotá.

“Este proyecto (TransMilenio por la carrera 7.ª) fue concebido como una de las medidas propuestas por la administración distrital para solucionar los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá que aqueja a miles de ciudadanos”, afirma.

La solicitud de los accionantes obedece más a un interés particular (...) y se enfatiza que la acción popular tiene como finalidad la protección de derechos e intereses colectivos

“Resulta preocupante que decisiones judiciales afecten el cabal cumplimiento de estos fines y lesionen el principio de división armónica de poderes”, advierte Quiñones.

El otro asunto que cuestiona la CCI en la medida cautelar del juez 49 es el relacionado con la supuesta ausencia de estudios suficientes para seguir con la licitación, es decir, que habría una supuesta transgresión del principio de planeación.

Quiñones defiende que el IDU sí cuenta con los estudios de factibilidad para licitar y que, respecto a los estudios de detalle, estos “se encuentran a cargo del futuro contratista, el cual, durante la fase de preconstrucción del proyecto, deberá adelantarlos; hecho que no supone la transgresión del principio de planeación”.

En este punto, recuerda que es clave que la entidad contratante ponga al tanto al contratista de elementos a tener en cuenta para perfeccionar durante la ejecución del contrato.

Así, con una detallada defensa, la CCI solicita que la decisión de segunda instancia se tome con “carácter de urgencia”, para no afectar los recursos y una posible solución para el mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos.

BOGOTÁ

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