Cinco años tuvieron que pasar para que Bogotá recibiera su regalo: las obras de la fase II de peatonalización de la carrera 7.ª entre la calle 26 y la avenida Jiménez, en el corazón de la capital.El corredor peatonal listo para ser disfrutado por transeúntes, turistas y familias. Pero el panorama no es el esperado.
Un reportero gráfico de EL TIEMPO hizo un recorrido ayer por la carrera séptima desde la calle 26 hasta la ´calle 13 y registró cómo el anunciado corredor para peatones y bicicletas está lleno de ventas informales. Lo mismo han comprobado periodistas de este diario en los últimos años mientras le hicieron seguimiento a esta obra, que tuvo retrasos, crisis y hasta cambios de contratista.
Darse un septimazo se convirtió en algo más parecido a un recorrido por un enorme mercado persa que a un paseo peatonal o ciclístico. Hay desde ropa a bajo precio o de segunda hasta todo tipo de cachivaches y alimentos. La invasión del espacio público ha llegado a tal punto en algunos sectores que los peatones terminan caminando sobre la ciclorruta y los ciclistas andan a pie con su bici.
Esta alcaldía, que aseguró en campaña que no perseguiría a los vendedores informales, propuso iniciar en marzo un plan piloto de pico y placa con los comerciantes ambulantes del sector. Libardo Asprilla, el director del Ipes, le explicó en su momento a EL TIEMPO que esta iniciativa no busca negar el derecho de esta población a trabajar, sino que tiene como propósito establecer acuerdos entre autoridades y vendedores para no congestionar las zonas.
Mientras se encuentra una solución para esa población, la fiesta por la entrega de la fase II de la 7.ª busca, de alguna forma, surgir entre la muchedumbre.
Este miércoles, por ejemplo, la Filarmónica Juvenil celebró el fin de las obras con un concierto al aire libre frente al teatro Jorge Eliécer Gaitán. “Estos años fueron un poco dramáticos para el teatro. Pero ahora queremos redignificar la carrera 7.ª, y para hacerlo tendremos una programación especial en marzo. El arte y la cultura nos permitirán caminar y disfrutar del espacio público”, manifestó Catalina Valencia, directora del Idartes.
El Jorge Eliécer Gaítán fue solo uno de los escenarios afectados por el consorcio Peatones Go, que en 2015 firmó el contrato de la fase II y prometió entregar la obra terminada en septiembre de 2017.Al final, el contrato se cumplió, pero dos años y medio más tarde, y con otro contratista: Santa Catalina.
La eterna prórrogaLa expectativa fue constante. En 2015, se terminaron las obras de la Fase I, sobre la séptima entre la calle 10 y la avenida Jiménez. Comerciantes y transeúntes de la zona esperaron por cinco años ver el resto de la vía -es decir, de la Jiménez a la calle 26- con los espacios peatonales y de ciclorrutas listos. En su lugar, el panorama, por años, fue de polisombras, material de obra, polvo, huecos y hasta de ratas que se escabullían por entre los escombros.
EL TIEMPO hizo seguimiento constante de las obras. La revolución peatonal se tomaba el Centro Histórico y las reacciones eran de todo tipo. En 2016, Gissela Londoño una comerciante le dijo a un reportero de este diario "Las ventas son inestables. Era mejor como estaba antes (con carros). Aunque, bueno, hoy el ruido y la contaminación han bajado”. Liliana González, algo más optimista, apuntó “Los extranjeros vienen más seguido y con esto la cara del centro mejoró notoriamente”.
Pero el hastío llegó cuando empezaron los problemas. El contrato de Peatones GO fue suspendido y se retomó un año después, ya en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, con una prórroga: las obras ya no se entregarían en 2017, sino en el primer trimestre de 2019.
La demora, explicó esa administración, sucedía porque faltaban nueve estudios, entre ellos de topografía, tránsito, señalización y semaforización, geotecnia y pavimentos; y diseños geométricos, hidráulicos, de alumbrado, el inventario forestal y de redes eléctricas.
Y, aunque los trabajos se retomaron a toda máquina, el idilio duró poco. A mediados de 2018 se juntaron no solo hallazgos en las obras de la Fase I, con problemas de calidad, sino que se notó una “paralización” de la Fase II. La crisis estalló en agosto, cuando el consorcio admitió tener problemas financieros y de no estar en capacidad de continuar con la construcción.
Solo en diciembre de 2018 se consiguió el reemplazo, Santa Catalina, que, aunque prometió terminar el 15 de diciembre, acabará entregando en 2020.
La buena noticia es que, en medio de todo, según el IDU, nada del lío contractual produjo sobrecostos. La mala es que, aunque la infraestructura está lista, aún queda un reto: garantizar el verdadero aprovechamiento del espacio público de la vía más importante de Bogotá.
Según cifras del IDU, se renovaron 33.843 metros cuadrados de espacio público y se completó una ciclorruta de 3 metros de ancho por 1,1 kilómetros de largo. Además, se instalaron 114 canecas de acero inoxidable, 71 postes con iluminación led, 44 bancas, y se sembraron 58 árboles.
El costo de la obra asciende a 49.000 millones de pesos. Se debió entregar en 2017, pero el antiguo contratista no cumplió.
BOGOTÁ
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