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Bogotá

Capuchas y pólizas, el debate por el nuevo protocolo de las protestas

La propuesta de prohibir el uso de la capucha buscaría facilitar la judicialización de los vándalos que generan caos.

La propuesta de prohibir el uso de la capucha buscaría facilitar la judicialización de los vándalos que generan caos.

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

Por una orden judicial, los gobiernos nacional y distrital se sentaron a construir nuevas reglas.

Óscar Murillo
“Lo que no quiero es que haya antagonismos entre el Gobierno Nacional y el Distrital y que ambos trabajen conjuntamente, porque ese antagonismo entre unos y otros es lo que ayuda a que la gente tome partido de lado y lado, y eso no es bueno”.
La frase es de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar, quien sentó la semana pasada –y les dio tres días– a la Alcaldía de Bogotá, al Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Policía, para que encontraran soluciones de corto, mediano y largo plazo para prevenir la violencia entre ciudadanos y la Fuerza Pública en medio de las jornadas de protestas.
Sin embargo, todo indica que la intención de la togada para que se realizara un trabajo armonioso entre los involucrados no resultó como se esperaba. Después de tres reuniones, celebradas los días 28, 29 y 30 de septiembre, las diferencias se hicieron evidentes, por lo cual decidieron solicitar, conjuntamente, un plazo de 60 días para cumplir con lo ordenado.
La discordia se originó por la propuesta del Gobierno Nacional de incorporar en su proyecto de estatuto varias disposiciones que para el Distrito son “inconstitucionales”. Algunas de esas son la intención de prohibirles a los manifestantes el uso de la capucha, la adquisición por parte de los organizadores de las movilizaciones de una póliza de seguro, y quitarle a la autoridad civil facultades sobre la Policía.
La capucha sin duda se convirtió en uno de los temas polémicos. Mientras que unos aplauden la iniciativa al calificarla como necesaria para poder identificar y judicializar fácilmente a los vándalos que generan destrozos y caos en medio de las marchas, para otros se trata de un atentado en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y limita el derecho de la manifestación.
“Las protestas deben mantenerse, pero sí estoy de acuerdo con que no tengan capuchas, no podemos seguir patrocinando el vandalismo”, dijo la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas.
De hecho, esta medida se aplica en otros países. Por ejemplo, el Código Penal de Canadá, en el numeral 2 del artículo 351, dice que toda persona que, “con la intención de cometer un delito procesable, tiene la cara enmascarada o coloreada o está disfrazada de otra manera, es culpable de un delito procesable con una pena de prisión por un periodo no superior a 10 años”.
Pero expertos y manifestantes coinciden en que las condiciones de seguridad de nuestro país son distintas a las de Canadá, y esto debe tenerse en cuenta antes de tomar alguna decisión.
“Es preferible que no usen capuchas, pero aquí matan a la gente cuando es identificada como un líder”, opinó Édgar Ardila Amaya, director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional.
Añadió que si la motivación para prohibir esta prenda es que se facilitaría la judicialización de los violentos, esta medida no es adecuada. “Hay que usar otros recursos de inteligencia policial, otro tipo de herramientas que posibiliten que los vándalos puedan ser perseguidos”, sugirió.
El politólogo Shameel Thahir Silva considera que la capucha es un mecanismo de protección de integrantes de movimientos sociales y populares. “El problema para mí es que la capucha perdió su legitimidad. La opinión pública la iguala a vandalismo y eso hace más difícil que hablen de las razones por las cuales las personas que protestan lo hacen”, señaló Thahir.
William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, dijo que sería inconstitucional “establecer prohibiciones y limitaciones a derechos fundamentales que son de órbita de ley estatutaria y no pueden regularse a través de resoluciones o decretos”.
Daniel Sánchez, un joven integrante de la Plataforma de la Juventud, y quien lidera las jornadas de Noches sin Miedo en Ciudad Bolívar –jornadas de manifestaciones pacíficas que se realizan todos los viernes desde hace siete semanas en la localidad–, dice que aunque aplaude que se estén debatiendo estos temas, lamenta que en la mesa de trabajo para la construcción de estos protocolos no haya una participación de los sectores populares.
“La capucha es por seguridad. Lastimosamente, personas externas a las movilizaciones la han cogido como un instrumento para delinquir, y eso a la movilización social se le sale de las manos y también a la institucionalidad; pero si quedamos con el tema de prohibir las capuchas, entonces que la policía que se identifique completamente en las manifestaciones”, opinó.
Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, este no es el tema central, pero considera que, de incorporarse la prohibición, lo primero que habría que hacer es dar una definición clara de qué es una capucha, teniendo en cuenta, además, que por la pandemia es obligatorio el uso del tapabocas.
En Patio Bonito, Kennedy, se registraron las protestas más fuertes en noviembre del año pasado.

En Patio Bonito, Kennedy, se registraron las protestas más fuertes en noviembre del año pasado.

Foto:Mauricio León. EL TIEMPO

“No hay una norma que describa qué es una capucha, entonces sí podría atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, porque la RAE lo ha definido como una prenda. Eso no quita que hay vándalos y delincuentes que sabiendo eso usan la capucha para cometer sus fechorías”, expresó el experto.
Por su parte, el Gobierno Nacional manifestó a través de Diego Molano, Director de la Presidencia de la República, que la propuesta de protocolo que presentaron tiene énfasis en tres sentidos.“Garantizar la tranquilidad y protección de los bienes y derechos de quienes no marchan, garantizar la protección y el ejercicio de la protesta pacífica e implacable con quienes infiltren las marchas, generen vandalismo o terrorismo o ataque a los ciudadanos o a los bienes de estos”, dijo funcionario.
Entre tanto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, manifestó que seguirán trabajando para llegar a “soluciones de fondo y estructurales que aseguren el derecho a la movilización pacífica”.
Otro aspecto con el que, según pudo conocer EL TIEMPO, estaría en desacuerdo el Distrito son las atribuciones que el proyecto del Gobierno Nacional le entregaría a la Policía en detrimento de las competencias legales de las autoridades territoriales.
“La Policía no es militar, sino civil y debe estar sometida a la ley y la autoridad civil, y en la propuesta que se entrega no aparece que la Policía está sometida a las órdenes de la autoridad civil, en este caso los alcaldes como máxima autoridad”, precisó Édgar Ardila.
Molano señaló que “los colombianos pueden tener la certeza que del Gobierno garantiza el derecho a la protesta pero también deben ejercerse los deberes de quienes participan”.

¿Pagar un seguro para manifestarse?

Para expertos en la materia, establecer como requisito para los organizadores de una marcha la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, además de ser un requisito que no puede ser impuesto a través de acto administrativo por ser una materia de reserva legal, constituye una verdadera barrera de acceso para el ejercicio del derecho a la protesta.
La concejal Lucía Bastidas recordó que ella ha impulsado esta iniciativa desde el cabildo distrital. “Lo he pedido desde el Concejo desde hace tantos años para que haya una póliza y que alguien responda por tantos daños ocasionados a comerciantes y personas de a pie que se ven perjudicadas. Eso no es limitar la protesta, es dar garantías a otros ciudadanos que no marchan y que se ven afectados por los hechos de vandalismo”, manifestó.
Respecto a este tema, Andrés Nieto puso en duda que las aseguradoras estén dispuestas a asumir los riesgos y costos sobre hechos que muy seguramente terminarán en desmanes.
“Las pólizas siempre tienen un alcance claro sobre qué responder. Acá, sobre qué sería, ¿daños materiales?, ¿lesiones personales?”, se preguntó Nieto. Por su parte, Tatiana Hernández, líder comunitaria, manifestó que las organizaciones sociales no tienen el músculo financiero para pagar de sus bolsillos esta exigencia. Para Johan Avendaño, analista en temas de seguridad, las discusiones sobre la capucha y las pólizas son un distractor.
“Nos están desviando de la discusión de fondo que son dos temas, la violación reiterativa y sistemática del derecho internacional humanitario en la protesta social en Colombia y, en segundo lugar, el riesgo en el que se está incurriendo en relación con decirnos a los colombianos cómo comportarnos”.
Finalmente, Ómar Oróstegui, analista urbano, argumentó sobre los protocolos de la protestas social que “antes que regularla, hay que fortalecer este mecanismo democrático de expresión política que tienen los ciudadanos para influir en las políticas de gobierno”.

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ÓSCAR MURILLO MOJICA
REDACCIÓN BOGOTÁ
Óscar Murillo
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