La idea de que Bogotá tenga un operador público de transporte masivo ya se echó a andar. EL TIEMPO conoció el borrador del decreto que establece la constitución de dicha empresa para prestar el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.
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Con la iniciativa se desarrolla lo ordenado en el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, aprobado a finales de mayo de 2020 por el Concejo. Este fue, de hecho, uno de los temas más candentes entre los cabildantes en ese momento, en parte porque en el pasado la ciudad tuvo una desafortunada experiencia con la Empresa Distrital de Transportes Urbanos (Edtu), que terminó siendo inviable y liquidada a principios de los 90, y también por el temor de un sector de que sea para reemplazar a la Empresa TransMilenio S. A.
La nueva sociedad se llamará Operadora del Sistema de Transporte Público de Bogotá, y según el concepto de la Secretaría de Hacienda, su creación no tendría impacto en el ‘Marco fiscal de mediano plazo’.
El objetivo es que la empresa se convierta en un operador del sistema de transporte masivo, que tiene como ente gestor a TransMilenio, en Bogotá y en el área de influencia.
En la exposición de motivos, el proyecto precisa que la operadora “representa una herramienta para completar la red del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) y garantizar la continuidad en la prestación del servicio público”. En otras palabras, será un nuevo operador del sistema.
El borrador del decreto, que fue publicado ayer en la página web de la Secretaría de Movilidad para comentarios, le da también funciones para prestar las otras actividades y servicios complementarios y conexos al de transporte de personas. Esto quiere decir que podría operar cables, bicicletas, trenes de cercanías o, incluso, metros.
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Darío Hidalgo, investigador en movilidad, dice que esta es una oportunidad para que la ciudad vuelva a tener un operador de transporte estatal y que con ella se pueden generar mejoras y eficiencias en el sistema. Destaca los ejemplos exitosos de Medellín y Santiago (Chile) y que en la otra orilla están los casos de Cartagena, con el TransCaribe, y de Ciudad de México.
Sin embargo, advierte que es necesario que desde su creación la empresa estén bien estructurada y cuente con mecanismos de control. En lo que no está de acuerdo es en que la Empresa TransMilenio sea “juez y parte”, por cuando, según el proyecto, el ente gestor será accionista y controlará al nuevo operador.
Lucía Bastidas, quien votó en contra de esa iniciativa en el debate del Plan de Desarrollo, dice que el peligro es que el operador público termine politizado y considera que su creación es “una bandera de la izquierda radical de la ciudad”.
También señala que no ve claro lo que hará TransMilenio y lo que hará el operador de transporte, y teme que se quiera acabar con la Empresa TransMilenio. No obstante, confía en que la nueva agencia sirva para solucionar la crisis actual del transporte público de la ciudad.
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José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, opina que también hay un riesgo de politización y de que no sea un organismo técnico, pero cree que “permitirá comparar con los demás operadores del sistema niveles de eficiencia, costos operacionales y calidad del servicio.
Una fuente de la Administración le dijo a este diario que TransMilenio, como ente gestor del sistema, ejerce la planeación, coordinación y seguimiento de los operadores del SITP y que por tanto no existiría una operación simultánea. En cambio, el operador público sí operará de manera simultánea con los demás operadores.
“El operador público constituye una herramienta para que el Distrito pueda avanzar en el proceso de implementación del SITP y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, cubriendo aquellas rutas que no están siendo prestadas por el SITP implementado”.
Según el borrador de decreto, la Operadora del Sistema de Transporte Público será una sociedad comercial por acciones que tendría como único accionista a la Empresa TransMilenio, aunque esa participación puede ser modificada. La sociedad tendrá personería jurídica, autonomía administrativa y estará adscrita a la Secretaría de Movilidad.
También tendrá una junta directiva que será presidida por el alcalde mayor o quien este designe, y un representante legal de libre nombramiento y remoción designado también por el mandatario distrital.
El proyecto, que deberá permanecer publicado mínimo cinco días, señala, además, que los estatutos deberán incorporar la formulación de un código de gobierno corporativo. La creación del operador fue aprobada el 12 de abril por el Confis Distrital y 19 por la asamblea de accionistas de TransMilenio.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
Twitter: @guirei24
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