La alcaldesa Claudia López dio hoy otro paso en su nueva estrategia de atender la reactivación económica de la ciudad y ayudar a reconstruir los lazos de confianza entre sus habitantes y la institucionalidad, deteriorados por la pandemia del último año y las manifestaciones del paro nacional, que ya completan un mes.
Lo primero fue el plan social de choque por 1,7 billones de pesos, que se radicará en el Concejo el próximo 11 de junio, y lo segundo, que se hizo público ayer, fue la presentación de un informe en el que se reúnen las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos recolectadas por organizaciones civiles, entidades distritales y la Personería, entre otras.
Antes de revelar las cifras de denuncias por acciones violentas, generadas tanto por la Fuerza Pública como por los manifestantes, López pidió perdón en dos sentidos. Por un lado, reconoció que debido a la crisis sanitaria había enfocado sus esfuerzos en tratar de paliar los efectos, descuidando de algún modo las necesidades apremiantes de la gente: el hambre, el desempleo, principalmente en jóvenes y mujeres. Y, por otro, pidió perdón por los heridos, los maltratados y víctimas de violaciones de su integridad entre el 28 de abril y el 23 de mayo de este año en la ciudad.
El informe que la alcaldesa le entregó a Juliette de Riveros, representante de la alta comisionada para los DD. HH. de Naciones Unidas –y que no será el único– incluye cifras que dan cuenta de la magnitud del impacto de las marchas y los desmanes que se han registrado en la capital. Van 380 policías heridos, 17 de gravedad, y 361 civiles heridos, cinco de ellos se encuentran en delicado estado de salud.
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En lo que va del paro nacional, se han registrado 775 protestas, de las cuales 238 fueron marchas; 78, bloqueos, y 459, concentraciones en lugares públicos, que contaron con la participación de 240.000 personas. El 72 por ciento de los hechos en los que hay denuncias por exceso de fuerza de la Policía se concentran en cuatro puntos de la ciudad: portal de las Américas y alrededores, el portal de la 80 en Engativá; cerca del portal de Suba, en la autopista Sur, en cercanías con Soacha, y en la plaza de Bolívar, en el centro.
A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2020, cuando se desataron marchas en rechazo al asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, y en las que murieron 10 personas y hubo 75 heridos por arma de fuego, esta vez no se ha confirmado ninguna muerte asociada a las marchas.
No obstante, la alcaldesa explicó que hay dos fallecimientos en investigación. “Dylan, un joven maravilloso, lo conocía; su energía, su trabajo, era un músico maravilloso del movimiento del hip-hop de Bogotá, aparentemente fue un accidente en su moto, con una tanqueta del Esmad, está en investigación; y de Daniel Alejandro, de 20 años, graduado de un colegio público en Kennedy, que falleció por un muy severo trauma craneoencefálico producido con un objeto contundente”, dijo.
La mandataria agregó en su lista de cifras que van 33 jóvenes manifestantes con lesiones oculares. Igualmente aseguró que se tiene registro de 600 acciones de abuso de la fuerza contra algún ciudadano (golpiza, retención u hostigamiento). Explicó que se han presentado 161 intervenciones del Esmad y que en el informe están los detalles de cada una de ellas, como hora, lugar y comandante al mando del escuadrón.
“Nuestros gestores de convivencia resultan afectados con lacrimógenos, aturdidoras, a veces con piedra y objetos que lanzan algunos manifestantes”
Pero también se refirió a lo que denominó intentos de homicidio contra policías de la ciudad. Rechazó el caso de Cristian Calderón, de 22 años y miembro del Esmad, a quien le arrojaron una bomba molotov en el rostro.
“Es un muchacho humilde como muchos de los mismos manifestantes, solo que es miembro del Esmad. No estaba cometiendo ningún acto arbitrario, y le lanzaron una bomba molotov al rostro. Él está hoy en cuidados intensivos, por cumplir su labor en medio de una aglomeración, se contagió de covid-19, ahora tiene la cara destrozada y una profunda afectación física y emocional”, expresó López.
“Aquí ha habido 15 intentos de homicidio de policías, 14 de ellos fueron víctimas en el CAI de La Aurora. Se entraron (los uniformados) al CAI para no tener ningún tipo de confrontación, y unos ciudadanos lo apedrearon, lo rompen pese a que es blindado, les tiraron bombas incendiarias a los policías, y los vieron quemarse, los grabaron y lo celebraron, y no les dieron ninguna opción de salida”, recordó.
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Hasta el 23 de mayo, 14 CAI habían sido incinerados y 26 vandalizados, y se estima que hubo 6.657 daños a la infraestructura de la ciudad, principalmente al sistema de transporte público, y las pérdidas podrían alcanzar los 28.500 millones de pesos.
En el informe también se habla de afectaciones a los funcionarios públicos. “Nuestros gestores de convivencia resultan afectados con lacrimógenos, aturdidoras, a veces con piedra y objetos que lanzan algunos manifestantes contra la policía. Hemos tenido varios gestores heridos, incluso a una funcionaria de la Personería herida por una piedra lanzada por manifestantes”, indicó.
Juliette de Riveros, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, destacó el informe que le entregó López. “Saludo el ejemplo que están dando con este informe, es muy importante que las autoridades reconozcan los errores que hay en estas movilizaciones. Ese es el primer paso para dar soluciones. Esto es un ejemplo para el país”, señaló.
Finalmente, se presentó al ex defensor del Pueblo Carlos Negret, quien hará las veces de relator frente a los violentos actos ocurridos en septiembre de 2020, que dejaron más de 350 heridos, 75 con arma de fuego, así como 10 homicidios, y ejercerá la misma labor frente a lo que siga sucediendo en las actuales protestas y manifestaciones.
REDACCIÓN BOGOTÁ
EL TIEMPO
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