Bogotá, clasista e intolerante / Voy y vuelvo

Bogotá, clasista e intolerante / Voy y vuelvo

Se apela a los jueces para que ese clasismo, disfrazado de denuncia, quede con ropaje institucional.

7.ª

Esta imagen corresponde a los puentes que se construirían en el punto de la 7.ª con calle 85, como parte del corredor vial que complementa la troncal de la 7.ª, una obra de 2,4 billones de pesos.

Foto:

IDU

Por: Ernesto Cortés Fierro
25 de mayo 2019 , 08:44 p.m.

Cuando se miran episodios recientes de clasismo e intolerancia en Bogotá, uno termina por concluir que lo de la pareja gay en el centro Andino es poco comparado con las expresiones de odio, rechazo y las decisiones absurdas que se toman en escenarios en los que, con tal de no ver al otro respirar el mismo aire, se promueven sin más.

Es verdad que la pobreza multidimensional bajó a dígitos históricos. Y que las inversiones en el sector social son astronómicas. Y que gracias a ellas la clase media creció y la llamada bomba social no ha estallado, como en países vecinos. Pero, lastimosamente, esto no se ha traducido en una reducción de la desigualdad –tema en el que no me voy a detener– ni en una actitud más condescendiente con el otro. Lo contrario: sorprenden las argucias que se tejen para evitar un mínimo de roce social en momentos en que la humanidad, justamente, experimenta el mayor desafío del presente siglo: la llegada de nuevos ocupantes a un territorio.

Bogotá sigue atada a un pasado de hegemonías y castas que le impide dar el paso hacia una sociedad más justa. “Zambo” llamó a un exalcalde un encopetado oligarca capitalino durante un coctel, solo porque lo aterraba decirle congresista. Y todo esto se debe en buena parte al discurso que impera en las toldas partidistas, que más que tender puentes ha hecho lo posible por elevar fronteras entre unos y otros.

La troncal de la 7.ª puede resistir debates técnicos para oponerse a ella. Pero lo que prevalece allí son intereses de clase y discursos populistas. Cuando uno lee la sentencia del juez 49 solo puede concluir una cosa: que los propietarios de 98 apartamentos de estrato seis, con congresista a bordo, paralizaron una obra de 2,4 billones de pesos por el tamaño de un andén. Muchos otros vecinos lo que no quieren es que TransMilenio pase por el sector, con su carga de obreros y estudiantes.

La polémica por la intervención del parque Japón es otro caso épico. Los residentes se oponen porque “nos van a poner una cancha para que jueguen los obreros”. Y voceros de izquierda respaldan tamaño despropósito (así pretendan ampararse hábilmente en el discurso ambiental).

Pero ojo, no es un tema de estratos. Esto pasa en cualquier escala social. Hace poco revivió el conflicto de los vecinos del humedal Juan Amarillo, en el occidente, que buscan excusas para que no se construya un puente que permita que los del lado de Suba puedan cruzar. Sí, algunos alegan razones ambientales (pero son inmunes a los diez pasos ilegales que están afectando el espejo de agua), cuando lo que no quieren es ver a los del barrio pobre pasar por el vecindario ‘rico’.

Otro caso: vecinos en Ciudad Techo hicieron lo posible para que no se construya un colegio en terrenos del Distrito porque “se nos llena de marihuaneros”. Otro juez suspendió las obras del parque San Rafael, a donde cualquier bogotano pobre o rico podría ir a ver montañas y lagos. Pero eso sí: el sindicato que puso la demanda tiene allí su casa de recreo.

En el humedal Córdoba, los vecinos se oponen a su intervención, a la mejora del sendero y a la iluminación porque afecta las especies. Pero poco importa que allí atraquen, violen y que el lugar permanezca vació después de las 5 de la tarde. Ellos mismos inundan el barrio con carteles advirtiendo la presencia de ladrones. Pero no quieren que el humedal sea visitado por otras personas o que por allí pase una ciclorruta, lo que ayudaría a su seguridad.

Y la última perla: ¿alguien osaría oponerse a la troncal de TM por la avenida 68? ¡Por Dios! Si hasta los candidatos la sugieren como prioridad. Pues resulta que los politiqueros están organizando a los vecinos (estratos 1, 2 y 3) para que se opongan a ella. Lo curioso es que han pasado 2.000 derechos de petición y alrededor de 400 han resultado falsos o están firmados por personas que ni siquiera fueron consultadas.

Seguimos siendo una sociedad obsesionada con estar un peldaño por encima del otro. Y ahora, se apela a los jueces, en muchos casos, para que ese clasismo, disfrazado de denuncia, quede con el ropaje institucional que necesita –‘la estética convertida en ética’ (Eliane Brum)– para frenar una obra de beneficio general.

¿Es mi impresión o... la Boyacá y la 68 se volvieron a llenar de cráteres?

ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor Jefe de EL TIEMPO
En Twitter: @ernestocortes28
Correo: erncor@eltiempo.com

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