Lo anterior, luego de realizar auditorías a los 52 hospitales del departamento, con vigencia del 2015.
Lo que sorprende, es que en el mismo trabajo del 2014, la cifra correspondía a un poco más de $ 574 millones, por lo que el ente de control señaló que se presentó un aumento de 1.100 por ciento en posible detrimento patrimonial.
“El régimen de contratación especial de los hospitales no es una patente para violar los principios de contratación pública”, señaló el contralor y presidente de la Comisión de Moralización departamental, Ricardo López, tras la posesión de los gerentes de los hospitales públicos.
Entre las malas prácticas que pudieron generar esta posible afectación al erario se encuentra la deficiente inversión en infraestructura; la falta de compra de equipos especializados; el compromiso de recursos en obras que terminan inconclusas; la contratación de personal sin idoneidad para ejercer algunos cargos, entre otros.
Además, hizo un llamado a los nuevos gerentes para que se comprometan a mejorar el manejo administrativo de centros de salud y a atender las falencias en atención, dado que algunas de ellas solo atienden de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 5 p. m.
López también se refirió a las irregularidades que se han presentado en hospitales como el San Rafael, de Fusagasugá, en donde en octubre de este año se pretendía adjudicar un contrato por $ 5.400 millones en un periodo de cuatro días hábiles.