Así atenderá Cundinamarca a las víctimas del conflicto armado

Con el fin de priorizar recursos para la atención de la población víctima del conflicto, que se estiman por el orden de los 3.200 millones de pesos, la Gobernación de Cundinamarca presentó el Plan de Atención Territorial (PAT) en el marco del primer Comité Territorial de Justicia Transicional del departamento (CTJT).

A la sesión fueron convocados los delegados de entidades encargadas de atender a esta población, representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF), la Unidad de Restitución de Tierras, así como los 116 alcaldes municipales.

A estos últimos, el gobernador Jorge Emilio Rey les hizo un llamado, para que desde sus territorios fomenten la participación de las víctimas del conflicto armado del país en mesas de trabajo que permitan conocer sus necesidades y las metodologías de trabajo que deberá implementarse durante el posconflicto.

Una vez se aprueben los acuerdos presentados por el Gobierno Departamental, la Asamblea de Cundinamarca podrá aprobar el PAT para que se desembolsen recursos para ejecutarlo, lo que deberá ocurrir este año.

Una de las primeras acciones que se implementa desde la gobernación es la instalación de mesas de trabajo con personas que se reconocen como víctimas del conflicto. Allí exponen sus necesidades, los procesos de reparación que han vivido, o las barreras de acceso a la justicia que han presentado. Además, la Gobernación propone la instalación de estos espacios, exclusivamente para niñas, niños y adolescentes.

También se apoyarán las iniciativas productivas, que buscan fomentar el empleo y el sustento económico de esta población, así como realizar una caracterización de los ciudadanos y de sus actividades financieras.

Otra de las propuestas es la creación de un Centro de Memoria Histórica para el departamento, que promueva el arte desde la mesa de víctimas departamental, entre otros.

Según la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), en el departamento se encuentran registradas 139.512 personas que se reconocen como parte de este grupo social.

Los municipios más azotados por la violencia en los últimos años, según el reporte de la entidad, han sido Viotá (5.464), La Palma (7.249), Fusagasugá (8.633) y Soacha (41.318), este último es el que más personas ha recibido en los últimos años en el departamento, y el tercero en todo el país.

"Entre los hechos victimizantes más comunes se encuentran, en su orden, el desplazamiento forzado (80%), seguido de homicidio (11.1%), amenaza (3.8%) y desaparición forzada (1.9%)", señala la Gobernación de Cundinamarca.

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