El más reciente acto en contra de TransMilenio (TM) sucedió el pasado 12 de agosto, cuando habitantes de la calle rompieron los vidrios de algunos buses articulados y de la estación Bicentenario de la troncal carrera 10.ª.
Según cifras del sistema, en los primeros seis meses de este año, por acciones de vándalos, los ciudadanos han pagado cerca de $ 261 millones en reparación de vidrios, puertas automáticas y tapas sobre las puertas del sistema troncal (allí se cuelgan y las dañan).
Aunque esta cifra ha bajado con respecto al mismo periodo del 2015, en el que fueron $ 419 millones, no deja de ser preocupante.
En los seis primeros meses del 2016 se registraron 478 actos de vandalismo en contra de los buses articulados. Estos bajaron, en comparación con el mismo periodo del año pasado (581 casos), y aunque EL TIEMPO preguntó sobre el monto de las reparaciones, las cifras no fueron reveladas.
Este diario consultó a expertos y analizó por qué algunas personas que protestan terminan agrediendo y desquitándose con el sistema. (Ver también: Indigentes rompieron vidrios a cinco buses de TransMilenio)
“Esas acciones en contra de TransMilenio pueden ser porque saben que termina afectando a toda la ciudad o gran parte de esta. Y por grande o pequeña que sea la protesta, siempre querrán tener una incidencia mediática y en la ciudadanía. A esto se suma que cuando se bloquea cualquier lugar, termina afectándose todo el sistema de transporte”, explica Hugo Acero, exsubsecretario de Convivencia y Seguridad de Bogotá.
El experto recuerda que, tradicionalmente, las protestas han terminado afectando el transporte público colectivo y, en una época, en la Universidad Nacional quemaban buses durante las manifestaciones estudiantiles.
Generalmente, las marchas tienen instigadores dispuestos a botar la primera piedra y luego le siguen personas que se dejan llevar por esto, dice Ariel Ávila, subdirector académico de la fundación Paz y Reconciliación.
“Lo que sí es cierto es que ante la falta de respuesta institucional, la gente toma estas vías de hecho, pero esto no justifica el vandalismo. Hay que tener en cuenta que cuando las personas toman estas medidas, lo hacen con el cálculo de que la impunidad es alta. Por ejemplo, si alguien se para al frente del Ministerio de Defensa a botar piedra, la probabilidad de que sea castigado es muy alta, pero si está en la carrera 10.ª y acompañado de 3.000 personas, es muy probable que haya impunidad ante este tipo de actos”, agrega el investigador.
Darío Hidalgo, experto en movilidad, va un poco más allá y asegura que desde el inicio de la operación, bloquear TransMilenio se volvió una forma de llamar la atención a diversas causas que van desde la reforma universitaria hasta pedidos de comunidades para atención a sus barrios.
“Con la caída en la calidad de servicio por demora en la expansión planeada, falta de mantenimiento y ampliación en las primeras troncales, las protestas se tornaron también contra el servicio”, manifiesta.
Una de las últimas grandes afectaciones al sistema se dio en febrero pasado, cuando en las estaciones Biblioteca Tintal, Patio Bonito, Portal Américas, León XIII, Terreros y San Mateo, en Soacha, las protestas llevaron a que estos vagones terminaran destrozados, al igual que los buses rojos.
En ese momento, el balance final entregado por la Administración Distrital fue de 53 buses rojos y 7 azules afectados. Su reparación, al igual que la de las estaciones, le costó a la ciudad cerca de $ 180 millones. Los desmanes también dejaron 70 personas detenidas, que horas después fueron dejadas en libertad.
Después de esta protesta y la captura de una persona que fue puesta a disposición de las autoridades y encarcelada, los desmanes y las agresiones a los buses bajaron, acotó el exsubsecretario Acero.
Se trataba de Julián Mulato Escobar, el hombre que alevosamente le lanzó una pierda al panorámico de un articulado en esas protestas y horas después se entregó. (Ver: Aumenta la agresión a los conductores de TransMilenio)
La Fiscalía le imputó el cargo de perturbación en servicio de transporte público y fue enviado a la cárcel Modelo, donde permanece detenido.
Debe existir una sanción social de parte de la gente para quienes cometen algún tipo de delito en contra del transporte.
“Si alguien observa que se están robando un extintor o están lanzado piedras a los buses, deben existir reacciones en contra de esas acciones y se le debe decir al agresor que eso no está bien. Debe haber una solidaridad social, una expresión colectiva sin castigo a mano propia, sino que sean las autoridades que apliquen la justicia como debe ser”, manifiesta Ariel Ávila.
TransMilenio se pronunció sobre este tema y aseguró que “este tipo de hechos no serán tolerados y se seguirá trabajando de la mano con las autoridades del Distrito para que los responsables sean detectados y llevados ante la justicia”.
Íconos intocablesPara Ariel Ávila, uno de los graves problemas es que TransMilenio es un medio que se muestra desgastado y deficiente, “lo que crea una sensación de que se lo están robando, aunque sabemos que no es así; a esto se suma que no hay respeto sobre el bien ajeno”.
“En cambio, los paisas perciben el metro de Medellín como de ellos, y esto tienen un tinte especial y es que allá no ha colapsado como sí lo ha hecho TransMilenio”, agrega el experto.
También falta por parte de la ciudadanía esa sensación del valor que tienen determinados bienes; en este caso, nuestro sistema de transporte.
“Por ejemplo, en la Universidad Nacional, el edificio nuevo de la facultad de Ciencias Humanas no se pinta y no se raya; en cambio, todo lo demás ‘sí se puede’ rayar o hacer grafitis”, indica Ávila.
Hidalgo manifiesta que es cierto que al metro de Medellín lo respetan mucho más, pero ha sufrido actos vandálicos de hinchas de fútbol desadaptados.
“Creo que tiene algo que ver el tema de orgullo y sentimiento de apropiación, así como el gran esfuerzo continuo de cultura metro realizado por Medellín. En Bogotá se hizo ese esfuerzo en los primeros años, pero como otros temas de cultura ciudadana el esfuerzo se redujo con el tiempo”.
Juan Camilo Camacho, del colectivo Usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), asegura que cuando hay una manifestación, la comunidad tiende a violentar el sistema argumentando que está atacando a los privados, y eso no es cierto.
“Cuando dañamos el sistema, lo que afectamos es nuestro patrimonio público porque por el simple hecho de tener que cambiar un vidrio o una puerta estamos generando un gasto adicional a los impuestos y al pasaje que pagamos. No hay que dañar el bien público ni el privado”, aconseja Juan Camilo.
¿Y el SITP?Voceros del SITP Colombia manifestaron que, en promedio, a diario rompen cinco vidrios y panorámicos por operador (son siete), por actos vandálicos contra estos buses azules.
“Es una cifra muy alta, y en lugar de disminuir sube. El año pasado, en esta misma época rompían en promedio tres vidrios diarios por operador”, asegura Alcides Torres, presidente de la junta directiva del SITP Colombia.
Sobre los desmanes de que han sido objeto los zonales, Torres dice que es la manera de desquitarse que tienen los que protestan.
“Estos daños afectan a la ciudad y a los operadores en sus finanzas. La situación es preocupante porque a esto se suma la falta de implementación del total de los operadores, que hoy deberían ser nueve, pero dos no lograron hacerlo (Coobús y Egobús). Además está el hecho de que “la velocidad con la se mueven los buses es muy baja (14 o 15 km por hora), y esto desespera a los pasajeros y la demanda ha bajado”, concluye.
¿Se puede castigar el vandalismo?Hoy, en la legislación colombiana no existe el tipo penal de vandalismo, y aunque los hechos podrían encajar en otros delitos, rara vez se formulan cargos por asonada, perturbación del transporte colectivo y obstrucción de vías públicas.
En un informe publicado por EL TIEMPO se estableció que, en el país, nueve de cada diez personas detenidas por participar en desórdenes, agresiones y actos vandálicos en protestas quedan en libertad.
Hugo Acero, asesor en temas de seguridad y convivencia, asegura que la ley de seguridad ciudadana establece que quien bloquee, atente o perturbe el servicio público de transporte puede tener cárcel de entre 4 y 8 años, y aunque existe esa normatividad, es lamentable que esta no se aplica, y como no se aplica la gente dirá, ‘yo protesto y de todo y nada pasa’. Agrega que “mucha gente piensa y dice ‘hago desorden y acabo con cosas y aquí no pasa nada’.
Aunque esta ley no se está aplicando, sí está vigente”. En cuanto al Código Penal, en el artículo 265 está contemplado que quien incurra en daño en bien ajeno tendrá prisión de uno a cinco años y multa de cinco a veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, señaló que con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía en enero próximo, las autoridades van a tener más herramientas administrativas para castigar este tipo de actos que atentan contra el bien público. “Hoy solo es una contravención, pero esperamos que esto cambie y podamos tener sanciones administrativas y multas para quien cometa estos actos que atentan contra la infraestructura de la ciudad”, agregó el subsecretario. También hizo un balance de este semestre y aseguró que los tres primeros meses fueron muy duros, pero ya ha bajado la protesta y hoy los índices son inferiores, comparados con los que había al llegar el gobierno.
JOHN CERÓN
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter johcer@eltiempo.com
