Julio Alberto Reyes, de 42 años, ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y de hostigar a su expareja aun cuando ella ya le había puesto fin a la relación. Con Claudia Johanna Rodríguez se habrían conocido en la cárcel Modelo, cuando ella, optómetra de profesión, realizó una visita profesional a la misma. Esto lo confirmó un miembro de su familia.
Como si ya lo tuviera planeado el hombre habría ingresado a las 7:19 de la noche a un local de la óptica GMO, ubicado en el segundo piso del centro comercial, donde la víctima trabajaba.
Según lo relató la hermana de la mujer asesinada, a algunos medios de comunicación, la pareja le había puesto fin a la relación hace un poco más de un mes, y justo, después de eso, la víctima comenzó a recibir amenazas.
El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que Reyes tenía antecedentes por homicidio, entre 2005 y 2006, y médicos por perturbación mental, razón por la cual fue dejado en libertad.
En Bogotá, 109 mujeres murieron violentamente en manos de una tercero en el año 2016, lo peor es que en la mayoría de los casos el autor es su pareja sentimental.
Es decir, una muerte violenta de una mujer se produce cada tres días en la ciudad.
Según Medicina Legal, son más de 23.000 los casos conocidos por violencia física contra las mujeres, en todas las manifestaciones. En 9 de cada 20 casos el presunto agresor fue la expareja.
La infancia no se escapa de este atroz crimen. El 82 por ciento de las víctimas de violencia física al interior de las familias fueron mujeres y niñas y por esta misma razón están en riesgo de feminicidio.
EL TIEMPO consultó para un informe con la psicóloga forense Lilian Janeth Ospina, de la Secretaría Distrital de la Mujer, quien explicó que si bien todos los casos de los feminicidas son diferentes, los agresores comparten algunos rasgos como problemas de origen neuronal o físicos –los cuales pueden ser enfermedades psiquiátricas– que los impulsan a cometer estos delitos; antecedentes de maltrato y abuso en su niñez, y, el más grave de todos: la legitimización que da la sociedad acerca de que las mujeres son un objeto y que los hombres las toman como un bien.
“(Esto último) es parte de un aprendizaje social donde el que ama, controla o maltrata lo hace en nombre del supuesto amor que siente. El fin último es la posesión y el sometimiento de las mujeres”, explicó.
Pero, además, cuando la justicia no es efectiva, este tipo de criminales saben que si cometen una violación y un homicidio, la ley será laxa con ellos. “En la medida en que esas personas comiencen a ver que sí hay un castigo y que sus conductas son un delito, se contribuye a evitar muertes femeninas”, explicó Ospina.
Lo mismo piensa Isabel Agatón, una de las personas que impulsó la ley contra los feminicidios: “El Estado, a través de la Ley Rosa Élvira Cely, dice que la vida de las mujeres es un bien jurídico que merece una protección con la que cualquier persona que atente contra la vida de una ellas tendrá un castigo equivalente a una cadena perpetua”.
No obstante, el sistema judicial en el país sigue teniendo un alto porcentaje de impunidad. “Creo que es mayor cuando se trata de crímenes contra las mujeres. Es un problema estructural de la sociedad que tiene que cambiar. Solo hay que revisar los códigos penales”, explicó el antropólogo Esteban Cruz, autor de los libros ‘Vampiros, caníbales y payasos asesinos’ y ‘Los monstruos en Colombia sí existen’.
BOGOTÁ
