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Amenazas contra TM: ¿un acto de protesta o de terrorismo?
Portal de Suba

Así quedó el Portal de Suba tras ataque de delincuentes.

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Mauricio Moreno

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Amenazas contra TM: ¿un acto de protesta o de terrorismo?

El sistema ha sido la víctima principal de los ataques durante las protestas.

Esta semana circuló un panfleto de la llamada primera línea de la protesta que hace presencia en la localidad de Suba. En él se anuncia una serie de atentados contra TransMilenio que incluyen a los pasajeros que hagan uso de este.

Pese a las críticas al sistema, hasta el momento, en sus más de dos décadas de historia, este no había sido objeto de una amenaza tan directa como la reseñada en ese escrito. Si bien en los últimos años han sido múltiples los ataques contra su infraestructura, esto es, contra buses, estaciones y portales, jamás se había intimidado abiertamente un sistema cuyo servicio resulta esencial para las personas de estratos uno, dos y tres de la ciudad.

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El panfleto hablaba de declararles la guerra a TransMilenio y sus usuarios porque, supuestamente, se prestaba para que allí la policía torturara a jóvenes que participan de las marchas y movilizaciones. Desde entonces, ese ha sido uno de los principales argumentos de la llamada primera línea para adelantar acciones vandálicas contra más de 50 estaciones y un centenar de buses articulados y zonales.

Para Alberto Sánchez, experto en temas de seguridad urbana, este tipo de acciones están aumentando el riesgo del sistema de transporte público, que ha tenido serias afectaciones a raíz de las protestas adelantadas en la ciudad. “Hay incidentes que tienen un nivel de coordinación mucho más alto, donde los ataques son más violentos”, explica.

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Para Sánchez, antes se estaban dando unos ataques puntuales contra el sistema, pero esta amenaza agrava la situación al generalizar la violencia contra cualquier usuario u operador. También advierte que las afectaciones contra TransMilenio deben ser entendidas como el detrimento de la calidad de vida de los bogotanos.

“Afectar a TransMilenio no es hacerlo contra la plata de unos ricos que se lucran, es hacerlo contra el derecho de la gente a moverse por la ciudad libremente”, dice el experto. La alcaldesa Claudia López se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y sostuvo: “Lamentablemente, estas amenazas a TransMilenio y los ciudadanos son resultado de quienes alientan caos y radicalismo”.

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A esta condena se sumaron otras voces, como la del gerente de la empresa, Felipe Ramírez, quien de inmediato puso una denuncia por amenaza y terrorismo ante la Fiscalía General para garantizar la seguridad no solo del sistema, sino de usuarios y funcionarios de este. “Estas amenazas son absolutamente condenables”, expresó.

Cuando el asunto empezó a tomar ribetes judiciales y ante la posibilidad de que los autores de las amenazas puedan ser procesados por terrorismo, la misma primera línea aseguró en otro comunicado que ellos no habían sido los promotores del escrito, aunque mantuvieron sus argumentos de rechazo a TransMilenio y a la Policía. Más tarde aceptaron que uno de sus compañeros compartió el escrito “violento”, procedieron a borrarlo y pidieron disculpas.

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“Nuestra única intención fue informar a la comunidad dicho comunicado, como medio de comunicación independiente estamos en pro de la protesta pacífica, esa que puede cambiar este país”. Pero la alcaldesa López fue más allá y aseguró que detrás de los ataques y las amenazas hay un claro interés político. “El vandalismo viene de una minoría política que radicaliza, dota y financia jóvenes para que se enfrenten con la policía y alienten el caos como campaña electoral”, dijo.

Más allá de la autenticidad o no del documento panfletario, para conocedores de la materia no se trata de un tema menor. En otras protestas del pasado se ha atacado a los buses articulados con pasajeros en su interior, por fortuna sin consecuencias. Pero en este caso la amenaza dirigida particularmente contra civiles sí acarrea sanciones contempladas en el Código Penal.

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Francisco Bernate, abogado penalista, sostiene que la Fiscalía debe individualizar a los actores implicados en estos hechos de vandalismo y determinar la conexión con las publicaciones hechas.

“Sí hay delito de amenaza porque involucra a personas, pero no está tan claro por qué se amenaza la infraestructura”, explica el abogado sobre los posibles delitos que pudieron haberse cometido al difundir estos mensajes a través de redes sociales.

Mientras se define jurídicamente lo acontecido durante esta semana, lo cierto es que el vandalismo ha afectado la movilidad de los bogotanos. Con corte al 23 de junio, TransMilenio estimaba pérdidas cercanas a los 21.606 millones de pesos. De los 2.347 buses troncales que tiene el sistema, 1.017 han sufrido algún tipo de afectación. Seis buses del sistema zonal han sido incinerados y 616, de los 6.200, han tenido algún tipo de daño. Este viernes, en horas de la noche, sobre la avenida Boyacá con calle 64 sur, le prendieron fuego a un bus del SITP.

Además, 41 estaciones están inoperativas por no poder brindar las condiciones de seguridad debido a los actos vandálicos contra el sistema.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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