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Bogotá

Con panfletos amenazan a extranjeros en Ciudad Bolívar

Una ciudadana ora frente al CAI de Arborizadora Alta, al que pertenecía el patrullero Beltrán. El día que lo asesinaron aparecieron los panfletos.

Una ciudadana ora frente al CAI de Arborizadora Alta, al que pertenecía el patrullero Beltrán. El día que lo asesinaron aparecieron los panfletos.

Foto:Óscar Murillo

Secretaría de Seguridad rechazó cartas intimidatorias contra venezolanos.

El 21 de mayo pasado, el mismo día que asesinaron al patrullero de policía Javier Beltrán en el barrio Arborizadora Alta, de Ciudad Bolívar, por las redes sociales y en algunos barrios de esta localidad empezó a rodar un panfleto en el cual amenazan de muerte a “venezolanos y viciosos” que habitan en el sector.
Aunque este tipo de mensajes intimidatorios no es algo nuevo en esta zona, preocupa la referencia directa a ciudadanos de esa nacionalidad.
Pese a que cifras oficiales señalan que en Ciudad Bolívar, entre enero y abril de este año, los homicidios se redujeron un 30 por ciento, sigue siendo la localidad de Bogotá con más asesinatos: 58 casos. Además, el hurto a personas se incrementó en un 37,6 por ciento, al pasar de 957 casos en 2018 a 1.317 en 2019.
“Si uno analiza ese panfleto, se identifica que hay un problema de seguridad con los venezolanos y que se quiere atacar eso, también a los jóvenes; se han incrementado los robos a la gente, se ha aumentado la delincuencia que está practicada lastimosamente por la juventud”, explicó un líder social de esta zona que prefiere omitir su nombre.
No obstante, según Jerónimo Castillo, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), recogiendo los resultados de un estudio publicado en 2018, no se ha establecido ninguna relación entre la migración y el aumento de la delincuencia. Este año, de acuerdo con otro análisis de la FIP que está por publicarse, lo que se ha detectado es un factor de “señalar que la población venezolana está quitándoles oportunidades laborales a los colombianos, lo que aumenta el nivel de riesgo de convertirlos en parte de una población victimizada por xenofobia y discriminación”.
Por su parte, Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dice que los ciudadanos de ese país que llegan a sectores como Ciudad Bolívar no escapan de las dinámicas criminales de esas zonas, al ser captados por estas.
Además, según dice Rodríguez, con la dinámica de migración se está culpando a terceros de problemas que han sido tradicionales. Esto, advirtió, puede generar que los ciudadanos extranjeros empiecen a organizarse para generar acciones de autoprotección que podrían derivar en una profundización de la violencia en los territorios.
Eso es lo que, al parecer, está ocurriendo. Pese a que las autoridades han dado duros golpes a estructuras delincuenciales de esta localidad del sur de la ciudad, como la de hace una semana al desarticular la banda ‘los Paisanos’, la comunidad cree que todavía hay redes criminales aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de jóvenes migrantes, al igual que colombianos, a quienes están instrumentalizando.
“Hay estructuras que les están ofreciendo a jóvenes venezolanos dinero para que cuiden las ollas”, denunció un líder comunitario de Potosí, uno de los sectores más afectados por la inseguridad.
Justamente en este barrio, el pasado 7 de mayo, la Secretaría de Seguridad hizo entrega de 37 motos y 27 vehículos para la Policía; además, anunciaron la instalación de un CAI móvil que hasta el momento no está funcionando. Según Jairo García, titular de esa entidad, aunque faltan algunos detalles, este estará operando la primera semana de junio.
El funcionario también rechazó la circulación de estos panfletos y señaló que no han identificado acciones criminales asociadas a estos. “Vamos a investigar y estamos haciendo presencia, y obviamente invitamos a los ciudadanos a rechazar ese tipo de acciones”.
Sin embargo, y aunque residentes del sector reconocen que ha aumentado la presencia de la Policía con retenes, requisas y constantes patrullajes, consideran que esto se debe a la desafortunada muerte del patrullero Javier Beltrán.
Además, según líderes sociales, no basta la presencia de policías o la instalación de cámaras de vigilancia, y, por el contrario, reclaman más acción institucional con ofertas educativas, económicas y culturales que alejen a los jóvenes, colombianos o extranjeros, de las garras de la delincuencia.
“Urge un plan integral de convivencia, no solo de dotación y choque, sino que evalúe las formas y condiciones de calidad de vida en estas zonas para que las redes delincuenciales no se conviertan en una posibilidad de ingresos para los jóvenes”, sugirió Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central.
Ante esto, el secretario de Seguridad manifestó que sí están desarrollando acciones institucionales en Ciudad Bolívar, como la realizada el pasado domingo 26 de mayo, cuando abrieron las puertas del colegio Tesoro la Cumbre para poner a disposición de la comunidad todas las ofertas de las diferentes entidades distritales.
Aunque no se ha podido detectar con precisión de dónde provienen las amenazas, se manejan dos hipótesis. La primera tiene que ver con la presunta presencia de grupos criminales acerca de los cuales advirtió la Defensoría del Pueblo el año pasado en una alerta temprana, pero desestimada por autoridades distritales; y la segunda proviene de la comunidad, según la cual comerciantes y algunos habitantes de la localidad, cansados por la delincuencia, quieren tomar justicia por mano propia.
Serán las entidades a cargo de la seguridad las que determinen el origen de estos nuevos panfletos.

Distrito insiste en seguir brindando apoyo a los migrantes

Según las cifras oficiales de la Secretaría de Integración Social en lo corrido de este año, el Distrito ha invertido poco más de $ 80.000 millones en atención a la población venezolana. Esto sin incluir los cupos escolares ni jardines infantiles en donde cada niño le cuesta, al año, 3,5 millones de pesos y 7 millones respectivamente.
“Les estamos prestando atención legal y psicosocial a migrantes y estamos abriendo la puerta de los servicios sociales, que incluye todo para los niños sin importar su estatus migratorio”, reveló la secretaria de Integración Social, Cristina Vélez.
Además de las ferias de empleabilidad, indicó que de por medio hay un reto muy grande y es la formalización de los ciudadanos venezolanos que están en el país. “El alcalde (Enrique) Peñalosa ha dicho en todos los idiomas que deberían darles la nacionalidad a los migrantes. Y tiene toda la razón porque en este momento estamos con el peor de los dos mundos: migrantes que tienen ganas de trabajar pero que no pueden porque no están regularizados ni hay una ventana abierta para regularizarse”, anotó Vélez.
La secretaria social considera que para evitar que caigan en manos de los microtraficantes, “lo mejor sería poder legalizarlos a todos y que el gobierno les diera un estatus regular de nacionalidad”. En cuanto a la posibilidad de que la ayuda social en refugios, jardines o colegios sea un factor atractivo para atraer más migrantes, Vélez opina que “el tamaño de Bogotá es un atractivo natural intrínseco, ya que es una ciudad grande que atrae más y más migrantes porque hay más oportunidades y posibilidad de asentarse”.
ÓSCAR MURILLO MOJICA
EL TIEMPO
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