En el 2014, Weimar Quiñónez salió de Puerto Meluk, en Chocó, huyendo del conflicto. En la zona la guerrilla estaba reclutando menores de edad para que hicieran parte de sus filas, por lo que tuvo que dejar a su mamá y a su hermana.
Weimar llegó a la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde residía su padre, pero esta vez no se salvó de ser reclutado. Bandas del microtráfico lo obligaron a trabajar para ellos. Su victimario, según denunció, fue su padre.
Durante ocho meses, Weimar vendió, transportó y camufló droga en Bogotá. Cuando se negó a seguir en la organización, su padre y los líderes de la organización lo llevaron engañado al barrio Tunjuelito, donde fue baleado en seis oportunidades. Los atacantes creyeron que estaba muerto y lo lanzaron al río Tunjuelito, pero antes se aseguraron de que no fuera identificado con la extracción de sus huellas dactilares.
Una testigo del hecho dio aviso a la Policía. Casi sin signos vitales, fue llevado al hospital Santa Clara; durante ocho meses estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos como N.N. y el parte médico no era alentador. Weimar estaba condenado a permanecer el resto de su vida en estado vegetativo.
Pronto, las noticias de un N. N. circularon por el país hasta llegar a su casa, donde Francia Barahona, su madre, lo buscaba con desesperación. Un escudo del Nacional en su brazo izquierdo le confirmó que se trataba de su hijo.
Su padre, por su parte, al enterarse de que Weimar continuaba con vida, lo buscó en el hospital y trató de asesinarlo. Los médicos advirtieron de sus intenciones y fue detenido por la Policía. Sin embargo, recobró la libertad con el tiempo porque supuestamente los hechos fueron confusos.
Francia viajó a Bogotá y se hizo cargo de la recuperación de Weimar. Con terapias empíricas durante tres años ha ido ganando movilidad en su cuerpo y el habla, pero las huellas del atentado siguen.
Su caso, que fue revelado por Citynoticias, había estado en la impunidad hasta junio del año pasado, cuando Weimar pronunció sus primeras palabras y denunció lo que habían sufrido él y otros campesinos que huyeron de la guerra y fueron reclutados por una banda dedicada a la venta de drogas.
Su denuncia no es un hecho aislado. La alta consejera presidencial para los derechos humanos, Paula Gaviria, reconoce que es un problema derivado del posconflicto. “La preocupación ahora son las ciudades, se tornan hostiles incluso para personas que han sido víctimas de delitos como el desplazamiento y al estar inmersos en lugares donde hay narcotráfico y extorsiones son utilizados”, indicó.
Muchos de los jóvenes están siendo entregados a las bandas por sus familias para tener ingresos. Las autoridades tienen el registro de varios casos de menores que después de huir de la guerra han sido reclutados por organizaciones criminales. Hay alertas en los departamentos de Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
El director de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, señala que en la ciudad operan 695 organizaciones dedicadas al microtráfico, que “están instrumentalizando a los menores de edad que vienen de otras zonas, porque eso les permite a ellos eludir la acción de la justicia”, indicó.
La Asociación Nacional de Campesinos atribuye el éxodo de familias a la falta de oportunidades laborales con la salida de grupos guerrilleros, puesto que muchos de ellos dependían económicamente de los cultivos ilícitos. Hay migración en la Costa Atlántica, Pacífico, Cauca, Nariño, Putumayo y Santander.
Cifras del Gobierno indican que en los últimos 32 años han migrado de los campos a las ciudades 1’028.111 jóvenes. En lo corrido del año, en Bogotá han sido capturados 359 menores por tráfico de drogas.
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MARCELA ULLOA BELTRÁN
Periodista Citynoticias
