La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, espera darle un giro a la tensa relación que existe en la ciudad entre los manifestantes y las autoridades –principalmente con el Esmad–, a través de un nuevo protocolo para las marchas en el que todos los involucrados tendrán que poner de su parte.
Esta reglamentación fue puesta a prueba este jueves horas después de ser anunciada en compañía de líderes sindicales como Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, cuando un grupo de estudiantes se manifestó frente a la Universidad Nacional.
Bloquearon la NQS, en la calle 45. Después de más de dos horas de protestas, y pese a la llegada de gestores de convivencia, y a una conversación con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y de Seguridad, Hugo Acero, los manifestantes decidieron seguir adelante con los bloqueos.
Esto llevó a que, tal y como lo propone la nueva hoja de ruta para las movilizaciones, llegara al lugar la fuerza disponible de la Policía, seguida del Esmad, que finalmente despejó la vía.
La mandataria fundamentó su estrategia en dos principios: que la protesta social no debe ser vista como una mala noticia o una razón de miedo, sino como una evidencia de que la democracia funciona; y que una marcha no debe ser abordada como un problema de orden público, sino, por el contrario, como un asunto del orden democrático.
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“No es que honremos la movilización, hacemos parte, la reconocemos como una expresión legítima y deseable de nuestra sociedad, y queremos hoy, fruto de un diálogo que hemos venido sosteniendo, informar que hemos acordado un nuevo protocolo de relación entre la Alcaldía y sus instituciones y las diferentes ciudadanías y organizaciones que se manifiestan”, explicó López.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
Mauricio Moreno / EL TIEMPO
El protocolo dice que el Esmad solo entrará a dispersar una movilización como último recurso. Es decir, solamente cuando los brotes de vandalismo que surjan no sean resueltos ni por una sanción social apoyada por manifestantes y madres gestoras de paz, ni por la intervención de los gestores de convivencia, ni por la acción de policías de la fuerza disponible, que son los agentes de vigilancia que recorren todos los días la ciudad.
Para el analista y columnista John Mario González, esta es una decisión acertada.
“Estoy de acuerdo con que el Esmad sea el último recurso, porque cuando usted tiene una crisis de aceptación, de favorabilidad, o cuando lo desborda la protesta ciudadana, el Gobierno no puede poner a los antimotines a que le resuelvan una inconformidad social”, opinó.
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Sin embargo, cuestionó otro de los puntos sugeridos por la Administración, y que consiste en facilitar escenarios móviles con sonido, telones blancos y materiales para expresiones artísticas. “Yo creo que se le va la mano y está haciendo política, se le está olvidando que ella debe procurar que la ciudad se canalice hacia al bienestar de todos. Ponerse a prestar telones y equipos de sonido para que se vuelva una fiesta no me parece”, dijo González.
Sobre la forma en cómo se actuó ayer en el plantón, el expresidente y senador Álvaro Uribe destacó en su cuenta de Twitter la decisión de enviar al Esmad. “Alcaldesa Claudia López tomó una conveniente y necesaria decisión de autoridad, la protesta no puede confundirse con el vandalismo”, dijo.
Por su parte, el senador Gustavo Petro recriminó esta determinación escribiendo en sus redes sociales: “La repetición de lo mismo”.
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Alcaldesa Claudia López tomó una conveniente y necesaria decisión de autoridad, la protesta no puede confundirse con el vandalismo
Otro cambio importante en la manera como las autoridades abordarán en adelante la movilización social tiene que ver con que la concertación ya no será directamente con la Secretaría de Seguridad, sino con la de Gobierno y la de Cultura.
También se va a aplicar el decreto 563 de 2015 sobre el manejo de la protesta social, que está vigente y que fue expedido durante el periodo de la Bogotá Humana. “El decreto contiene pautas para prevenir el abuso de autoridad, el desorden público y la violencia”, explicaron.
Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es la creación de mesas de diálogo con líderes, gremios y sectores de la protesta social.
También resaltó la nueva figura de madres gestoras de paz, un grupo de mamás de manifestantes y uniformados que tratarán de mediar en medio de una confrontación.
“Hay que hacer un proceso de capacitación, sensibilización y empoderamiento a ese grupo de madres gestoras de paz, a los gestores de convivencia y ampliación del número que nos permita llegar a la protesta y a otros eventos de la ciudad”, sugirió el experto.
Otro elemento que entrará a operar en las manifestaciones que se espera surjan en adelante es el acompañamiento permanente de órganos de control y veedurías ciudadanas.
Esta reglamentación se pondrá a prueba de nuevo el próximo martes 21 de enero, a las 5 de la tarde, donde se convocó un ‘cacerolazo’ en la plaza de Bolívar. Finalmente, el 20 y 31 de enero, en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, se definirá la agenda de movilizaciones para el 2020.
Medicina Legal confirmó que una munición del tipo 'bean bag' disparada con una escopeta calibre 12 del Esmad perforó el cráneo del joven Dilan Cruz.
Abel Cárdenas - EL TIEMPO
En medio de un fuerte debate y de cuestionamientos de distintos sectores, la Policía tendrá que decidir si el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sigue usando la escopeta calibre 12 que fue usada durante las protestas de noviembre del año pasado en Bogotá y cuyo proyectil ocasionó la muerte del joven Dilan Cruz.
El Esmad no solo ha sido objeto de debates como el de diciembre del año pasado en el Congreso, sino que algunos sectores han llegado a pedir que esa fuerza no siga funcionando.
Ahora está en manos del equipo jurídico de la Policía el análisis del documento de la Procuraduría General en el que pide que no se sigan usando la escopeta y su munición por considerar que es un peligro para la sociedad y que los uniformados no están capacitados para su utilización.
Ese análisis, que podría estar listo la próxima semana, será entregado a la cúpula de la Policía y el Ministerio de Defensa para tomar decisiones al respecto.
El jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió “un poquito de paciencia” para poder analizar “serenamente y a profundidad el contenido del documento, para fijar una posición sobre la materia”.
El funcionario ha manifestado su apoyo a este cuerpo de la Policía y que por ahora no se plantea modificar su accionar. De hecho, en la política de seguridad lanzada por el Gobierno a finales de 2019 se habla de un “fortalecimiento de la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios”, de multiplicar su número, mejorar la respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos, y como última alternativa.
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