Al tiempo que se encienden las alarmas por la incesante ola de construcciones que se registran en la Sabana de Bogotá, y justo cuando la Procuraduría adelanta varias investigaciones por irregularidades en diversos planes de ordenamiento territorial, el hecho de que un alcalde se enfrente a las poderosas constructoras de la región no pasa inadvertido.
Eso fue lo que hizo Orlando Díaz, alcalde de Cajicá, que frenó 30 proyectos de construcción en inmediaciones de la variante de su municipio donde buscaban edificar 10.000 unidades de vivienda que iban prácticamente a duplicar la población de 59.000 residentes.
Para el mandatario, esos proyectos se estaban licenciando sin proveer vías, lo que tendría consecuencias para la movilidad, y tampoco tenían garantizado el acceso a los servicios públicos, que habría desencadenado problemas sanitarios.
Oriundo de Cajicá, graduado de su colegio municipal, ingeniero civil y experto en temas de planeación, pues trabajó como secretario de esa cartera en su municipio, y también como subdirector de Infraestructura en la Contraloría de Cundinamarca, dice que las modificaciones al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que dieron viabilidad a las viviendas, se hicieron sin la debida planificación en la administración que lo precedía.
Por eso, en marzo del 2016, expidió dos decretos que suspendieron por nueve meses los proyectos. Luego concertó con las constructoras. De los 30 proyectos a 6 les negaron la licencia, otras 6 desistieron, 7 están en licenciamiento y 11 fueron aprobadas.
Camacol demandó las medidas, pero hace dos semanas, en primera instancia, el juzgado administrativo de Zipaquirá falló a favor del municipio.
¿Por qué frenó las obras?
La modificación al PBOT en el 2014 permitió que en el corredor vial, variante de las vías principales, se tuviera mayor densidad. Se iban a construir edificios de cinco pisos y en algunos casos de ocho. Íbamos a tener problemas de movilidad porque se tenían proyectadas 10.000 viviendas sobre el corredor y sin alternativas viales.
¿Tenían servicios públicos?
No. Las licencias que estaban aprobadas o en trámite tenían una viabilidad condicionada de servicios públicos. No podían prestarlos, la verdad sea dicha.
¿Qué deficiencias tienen?
No tenemos acueducto propio, y ni siquiera se ha avanzado en el proyecto de un acueducto regional. Compramos agua en bloque y eso es lo que consumimos en todos los municipios; incluso hay problemas de presión en algunos sectores. Gestionamos con el Acueducto de Bogotá otra conexión de agua potable y requerimos dos tanques de almacenamiento.
¿Y en alcantarillado?
Ejecutamos un plan maestro de alcantarillado, pero está en un 30 por ciento. Con la CAR tenemos un convenio para construir una planta que mejore el tratamiento de aguas residuales e instalamos una de bombeo para evitar los vertimientos al río Bogotá.
¿Qué sucedió tras expedir los decretos?
Recibí del Viceministerio de Vivienda una carta en la que me decían que iba a ser denunciado en la Fiscalía. Afortunadamente, la Fiscalía no encontró mérito para que se realizara el procedimiento penal que presentó esa cartera.
¿Y el Ministerio de Vivienda?
Logramos tener una charla con la entonces ministra Elsa Noguera que muy gentilmente nos recibió e instaló unas mesas técnicas. Pero el Viceministerio tampoco lo permitió.
¿Cómo se dio lo de la demanda de Camacol?
Nos visitaron, y les dijimos que concertábamos con los constructores porque hicieron cosas fuera del PBOT. Camacol envió una propuesta para revisar el decreto, les dijimos que la tendríamos en cuenta. Luego instauraron la demanda en contra de los decretos y el juzgado de Zipaquirá falló a nuestro favor.
¿Se opone a la construcción en la Sabana?
Sí se puede construir, pero debe ser muy bien planificado. Muchos por querer desarrollar hacen el trámite que sea por la licencia, sin darse cuenta de los inconvenientes a futuro.
¿La región sí tiene vocación residencial?
No solo residencial. Debe haber un equilibrio económico, no puedo permitir que la gente llegue a vivir sin que tengan posibilidad de conseguir empleo.
Por no contar con estudios técnicos, no respetar las decisiones del Concejo de Cajicá y no tener en cuenta las competencias en ordenamiento territorial del Gobierno Nacional y de las administraciones locales, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) demandó los decretos que expidió el alcalde Orlando Díaz, con los que se suspendieron las licencias de construcción para los proyectos de vivienda en ese municipio.
Aunque el Juzgado Administrativo de Zipaquirá falló en primera instancia a favor del municipio, en Camacol señalaron que apelaron la decisión judicial porque dejó a esa población “en un limbo jurídico que desestimula la inversión, el desarrollo y la generación de empleo”.
Señalaron que los decretos del alcalde Díaz carecían de un sustento técnico que justificaran que el desarrollo inmobiliario afectaba a los residentes de Cajicá.
“Cualquier medida en materia de ordenamiento territorial no surge espontáneamente sino de estudios y consideraciones técnicas”, dijo Sandra Forero, presidenta de Camacol.
En la entidad agregaron que la suspensión de los proyectos de vivienda se realizó por vía de decretos y que de acuerdo con las normas vigentes Díaz no tenía la facultad para impedir que se llevaran a cabo las autorizaciones que se dieron en el PBOT y que además ignoró lo que aprobó el Concejo.
BOGOTÁ
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