Las imágenes en las que se ve que integrantes de la Policía golpean a un joven en el Centro de Atención Especializada IPSICOL de Bogotá, más conocido como El Redentor, puso en evidencia la grave situación que se está presentando en este lugar y que va más allá de la reprochable agresión que despertó el rechazo de varias entidades y organizaciones y que desencadenó en el retiro de siete uniformados que estarían involucrados en el hecho.
Según lo declarado por el General Ricardo Alarcón, comandante (e) de la Metropolitana de Bogotá, la situación se generó después de que se presentara un intento de fuga en el que dos policías resultaron agredidos con arma blanca, el 28 de septiembre. De hecho, en lo que va del año ya se han reportado 77 intentos de evasión de este centro de reclusión y 20 motines, según la Policía.
Este sitio es administrado por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) a través de la gestión de tres operadores, y aunque aún no se ha informado sobre la cantidad de jóvenes que se encuentran hoy recluidos, se sabe que el lugar cuenta con dos ‘pabellones’: uno para menores de edad con 400 cupos para hombres y 27 para mujeres y otro para mayores de edad (en donde ocurrió la agresión) con una capacidad para 56 adultos.
Los operadores, en lo que va del 2018, han solicitado el apoyo de la Policía de Bogotá en 35 ocasiones por situaciones de riesgo inminente, además, 177 jóvenes se han evadido de la instalaciones, de los cuales 168 han sido recapturados.
Ante este panorama, la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, señaló que es necesario evaluar el Código de Infancia y Adolescencia en relación a los adolescentes que cumplen la mayoría de edad en privación de la libertad.
“Se estudiará la posibilidad de brindar a estos jóvenes un tratamiento diferenciado. El principio restaurativo y pedagógico del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente no resulta suficiente para el tratamiento de los adultos que incurran en conductas sancionables”, expresó Pungiluppi, quien la mañana de este martes realizó una visita al centro de reclusión.
Por otro lado, los secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, en un reciente encuentro en la capital, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se replantee la manera en la que se operan estos centros. En definitiva, solicitaron que estos lugares pasen de manos del ICBF a los gobiernos locales.
Según Andrés Nieto, experto en seguridad, los problemas en estos centros de reclusión los viene advirtiendo la Defensoría del Pueblo desde el 2012.
“Para entender lo que viene pasando en El Redentor y otros centros de transición de jóvenes en conflicto con la ley, hay que ver que en promedio estos centros superan hasta en 60 cupos lo que está autorizados para la atención integral. La Defensoría del Pueblo y otros organismos han emitido alertas sobre las condiciones que no se están teniendo en cuenta para estos centros de atención: problemas de salud pública, hacinamiento y agresiones”, sostuvo Nieto.
ÓSCAR MURILLO MOJICA
Twitter: @oscarmurillom
Escríbame a oscmur@eltiempo.com
Comentar