El Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación le pondrán la lupa a los casos de abuso sexual denunciados en la última semana en Bogotá. Así lo confirmó este lunes, en entrevista con EL TIEMPO, la Ministra María Victoria Angulo.
"El Fiscal definió generar un comité que va a presidir la Vicefiscal... un comité que sesione periódicamente no solo por estos casos de coyuntura", explicó Angulo. La primera reunión se daría esta semana y tendría como objetivo coordinar las acciones para atender los casos del Marymount, el Colsubisidio Ciudadela y otros más pendientes por resolver.
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De acuerdo con la Ministra, ya hubo un primer acercamiento con el Fiscal y, desde el Ministerio, se enviaron comunicaciones a la Secretaría de Educación de Bogotá, a la Personería de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para iniciar un trabajo conjunto.
Este lunes, la Fiscalía estará en el Marymount analizando la situación y recolectando material para continuar con el proceso.
La Ministra agregó que si un caso de abuso se presenta en un colegio público, el protocolo apunta a lograr "desvincular al maestro de aula, es decir, sacarlo de la relación que tiene que tener con niños y niñas y ponerlo en trabajos administrativos mientras se define la investigación. Esta medida es bien importante y es que la institucionalidad no puede ser complaciente con este tipo de comportamientos. Además de conocer el manual, el sistema, el protocolo, tiene que reportarlo oportunamente".
No obstante, resaltó que en los colegios privados estos protocolos dependen de ellos. "Son decisiones que yo no puedo tomar en los privados, pero que serían buenas prácticas y eso lo tienen que analizar todos los consejos directivos. El mayor órgano rector de un colegio privado es el consejo directivo y tiene que actuar a tiempo. Esto es un trabajo de todos. Aprovechemos este momento tan difícil para realmente dinamizar estos temas y que no seamos complacientes a ningún nivel".
La Ministra reconoció que, si bien hay protocolos desde el Ministerio y las Secretarías de Educación, es necesario mejorar los tiempos de respuesta.
"Según las oficinas de control interno de las Secretarías de Educación en Colombia tenemos 684 casos de presunto abuso, donde tenemos fallos en 65, 127 se han archivado porque no se dio el material", indicó Angulo.
Una veintena de denuncias de abuso y acoso contra estudiantes de colegios privados de la capital salieron a la luz la semana pasada y encendieron las alarmas sobre los presuntos comportamientos abusivos de dos docentes. Además, dejaron varias dudas sobre los protocolos para la atención de situaciones de violencia sexual.
El primer suceso fue reportado por la madre de una niña de 8 años estudiante del colegio Colsubsidio. De acuerdo con la denuncia, la menor fue víctima de tocamientos indebidos por parte del profesor de matemáticas Leonardo Ramírez Herrera. El hecho causó la indignación de los estudiantes y una serie de plantones y manifestaciones.
Dos días después, la asociación de exalumnas del colegio Marymount publicó un documento que recoge 20 testimonios de jóvenes que dicen haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del profesor de Educación Física Mauricio Zambrano cuando las estudiantes tenían entre 14 y 17 años.
“Durante los últimos días, la comunidad Marymount se ha visto rodeada por un escándalo en torno al entrenador de fútbol de nuestro colegio, al cual se le ha acusado recientemente de verse envuelto de manera inapropiada y abusiva con una alumna de séptimo grado, menor de edad y por debajo de la edad legal de consentimiento”, se lee en el documento sobre el caso más reciente, ocurrido este año.
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En ambas situaciones, los padres de familia y estudiantes dicen estar preocupados por la falta de herramientas y protocolos para que los menores denuncien. En el caso del Marymount, las víctimas dicen que el comportamiento del docente era recurrente y que “era un secreto a voces desde 2013”.
“El colegio nunca tuvo conversaciones abiertas con nosotras sobre relaciones sexuales o protección de estos abusos. Jamás nos dieron herramientas para identificar estos casos. Era como un tabú alrededor de la vida sexual que permitió que gente como esta pudiera actuar. De hecho, este abuso lo reconocí ahora que soy estudiante de medicina porque veo los mismos patrones en mis pacientes de Medicina Legal”, dice Laura Giraldo, quien ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía por un hecho ocurrido cuando ella tenía 17 años.
“Es cierto que como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de enseñarles cuándo una persona se está aprovechando, pero el colegio también tiene que saber a quién contrata y abrir espacios para que los niños hablen y no tengan miedo a denunciar”, dijo Lina Castillo, madre de un estudiante de quinto grado del colegio Colsubsidio.
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Es clave tener una escucha activa y empática, sin sacar conclusiones, y haciéndole saber que les preocupa su bienestar genera un espacio de confianza entre las familias.
Pero estos casos no solo ocurren en instituciones privadas de la ciudad. Hay registrados más de un centenar de procesos de violencia sexual que vinculan a maestros y personal administrativo de colegios públicos.
Según un informe de la secretaría, publicado por EL TIEMPO en diciembre del año pasado, a noviembre de 2021 había 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad, y de estos solo hay 10 con fallo judicial. Las denuncias registradas por la entidad en colegios públicos van desde irrespeto o acto sexual abusivo hasta acoso sexual e incluso acceso carnal violento.
Para expertos en educación, este tipo de casos podrían evitarse si hubiera y se aplicaran protocolos de protección para los niños y si los padres conocieran la hoja de ruta y las señales que pueden indicar un abuso. De hecho, antiguas estudiantes del Marymount consultadas por el EI TIEMPO afirman que no existe un protocolo para estas situaciones.
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Al ser consultada sobre este tema, la Secretaría de Educación dijo que tiene un protocolo para identificar y atender casos de violencia sexual en la ciudad. De acuerdo con la entidad, este cuenta con los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La entidad explica que las situaciones de abuso o acoso se pueden identificar con señales de tres tipos: físicas, comportamentales y de la esfera sexual. Se incluyen síntomas como dificultad para caminar o sentarse; presencia de brotes o sangrado en la boca sin justificación médica; actitudes de sometimiento; cambios repentinos en la afectividad (manifestaciones de ansiedad, angustia o depresión); resistencia a bañarse o desvestirse; conocimiento, expresiones corporales y lenguaje sexual propios de un adulto, entre otros.
“Es clave tener una escucha activa y empática, sin sacar conclusiones, y haciéndole saber que les preocupa su bienestar genera un espacio de confianza entre las familias y sus hijos que permite entender mejor la situación y, por lo tanto, buscar ayuda”, explica la entidad.
Después de la identificación del caso, el paso siguiente es comunicarse con el área de orientación escolar del establecimiento educativo, desde donde se deben activar las rutas de atención dispuestas para este tipo de casos. Luego, la situación se debe reportar ante la Fiscalía, el ICBF y la Secretaría de Salud o la de Educación.
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“La SED viene liderando a través de la estrategia de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica RIO-P el acompañamiento socioemocional y la activación de protocolos para la activación de rutas de restablecimiento de derechos. Cada institución educativa cuenta con el directorio de las y los profesionales que están dispuestos en unidades móviles para reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación crítica que desborde la capacidad de las IED”, agregan.
Ambos casos ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación. La denuncia presentada por las exalumnas del Marymount está en indagación desde el 22 de febrero.
“Estoy corriendo con todos los trámites investigativos. Lo que pido es que se capture al docente. Debo decir que las entidades del Estado han sido muy diligentes en mi caso”, señaló la madre la estudiante del colegio Colsubsidio.
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Por su parte, la Secretaría de Educación confirmó la denuncia y señaló que apenas se recibió el caso, "se reportó al sistema integrado de alertas, se llevó a cabo un acompañamiento a la familia de la presunta víctima y se hizo presencia en el colegio.
En la noche del sábado se conoció que, en una reunión entre la junta de directores del Marymount y la rectora del colegio, se llegó a un acuerdo para que María Ángela Torres abandone su puesto a partir de este lunes.
La decisión se tomó horas después de que padres de familia enviaron una carta a los miembros del consejo directivo de la institución en la que expresaron su preocupación por las denuncias y les pedían que se evaluara la pertinencia de mantener a la rectora en cabeza de las investigaciones. “Al verse señalada por omisión se podría encontrar en situación de conflicto”, expresaron.
En otra comunicación, un grupo de acudientes exigió la renuncia de la educadora bajo el argumento de que los abusos y situaciones de acoso se habían denunciado verbalmente a la dependencia de la rectora desde hace más de 10 años.
De acuerdo con la junta directiva, sus miembros asumirán temporalmente las riendas del colegio “mientras se escoge una persona adecuada para el cargo”.
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La ministra de Educación, María Victoria Angulo, envió tres comunicaciones a diferentes entes del orden nacional y distrital. En la primera carta le pidió a Edna Bonilla, secretaria de Educación, adelantar las actuaciones administrativas que correspondan en la investigación por los presuntos casos de acoso y abuso sexual que habrían tenido lugar en el colegio Marymount. Además, se comprometió a prestar apoyo a la entidad del Distrito en las indagaciones.
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Asimismo, les solicitó a Julián Pinilla, personero de Bogotá, y a Bibiana Valencia, jefa de Infancia y Adolescencia, hacer un esfuerzo por atender aquellos casos que no han sido resueltos. Por último, Angulo le escribió al fiscal Barbosa, a quien le pidió actuar dentro del ámbito penal para esclarecer los hechos denunciados.
BOGOTÁ