El alto riesgo de favoritismos, la falta de transparencia y el poco impacto de la contratación local en la comunidad llevaron al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a adoptar un plan de choque para blindar de la corrupción los recursos distritales y garantizar la calidad de las obras y servicios en las localidades.
El mandatario explicó que el año pasado se erradicó la práctica de hacer convenios de asociación con organizaciones sin ánimo de lucro para eludir las licitaciones, pero reconoció que la medida no ha sido suficiente.
Al mandatario le preocupan tres temas: la poca participación de oferentes en las licitaciones, la ausencia de parámetros para garantizar la objetividad y carácter técnico al evaluar las propuestas y el bajo impacto de las obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. (Lea también: Con Samuel Moreno comienza cruzada para endurecer penas por corrupción)
De ahí que la primera medida sea que, desde ahora, los fondos de desarrollo local estarán obligados a utilizar pliegos tipo, definidos por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para licitaciones relacionadas con malla vial y parques. Según Peñalosa, esos pliegos facilitan una mayor participación de oferentes y permiten que “la evaluación de los proponentes y las propuestas sea más objetiva y transparente”.
Los pliegos tipo son formatos estandarizados que hacen énfasis en la unificación de requisitos habilitantes, como la experiencia exigida en años, el índice de liquidez y el de endeudamiento de los oferentes, y es eso lo que facilita la evaluación a la hora de decidir la adjudicación de los contratos. (Además: 'Buscamos pertinencia y relevancia': Miguel Uribe)
Para temas diferentes a parques y malla vial, las alcaldías locales tendrán que utilizar sistemas electrónicos de contratación pública que administra Colombia Compra Eficiente para la inversión de sus recursos locales. “Todos los bienes y servicios deberán ser adquiridos preferiblemente por esta vía”, advirtió el Alcalde.
Desde ahora, los fondos de desarrollo local estarán obligados a tener un concepto técnico de viabilidad de las entidades distritales de cada sector sobre sus procesos licitatorios. En este caso, explicó Peñalosa, la pretensión es garantizar la pertinencia y relevancia de los contratos, conforme a los planes de desarrollo local y los procesos de participación ciudadana.
A minimizar ineficienciaEl Alcalde Mayor aseguró que con medidas como la eliminación de los convenios de asociación, Bogotá se adelantó un año a las acciones contra la corrupción que acaba de tomar el Gobierno nacional, pero consideró que hay que avanzar para “minimizar los riesgos de ineficiencia y corrupción”.
Señaló, por ejemplo, que al revisar la contratación del 2016 se encontró que mientras el IDU celebró dos licitaciones por $ 97.000 millones para mantenimiento vial, en las cuales participaron 51 oferentes por cada proceso, en las localidades realizaron 35 licitaciones para contratar 228.000 millones, y el promedio de oferentes no pasó de tres. (Además: Colombia, rajado en 2016 en percepción de transparencia)
“Más preocupante aún es que identificamos 13 procesos en los que solamente se presentó un oferente, o solo terminó habilitado un oferente”, afirmó el Alcalde, que el año pasado, como parte de las medidas, ordenó a los alcaldes locales destinar el 85 % de los recursos a malla vial, parques y seguridad para lograr mayor impacto en la inversión.
Indagan contratos en SubaLa Personería de Bogotá abrió indagación preliminar a la alcaldía local de Suba porque identificó que este despacho pagó el arreglo de 18 camionetas cuando solo dispone de 12 y tanqueó cuatro vehículos más de 150 veces, pese a que estaban fuera de servicio.
“Acogiendo un concepto técnico, el Fondo de Desarrollo Local, a partir del 2 de marzo del 2015, dio de baja dos camionetas (una Nissan D22, placa OBE-770, y otra Chevrolet Rodeo, OBE-634). Sin embargo, un día después, el 3 de marzo del 2015 y hasta el 24 de abril del 2016, el vehículo OBE-634 fue tanqueado 67 veces por $ 712.337.
Mientras que la Nissan OBE-770 recibió combustible 85 veces, desde el 4 de marzo del 2015 hasta el 28 de abril del 2016, por $ 1’144.625”, dijo el órgano de control. (También: Después de 25 años, el Congreso tiene Código de Ética)
“A partir de las denuncias en versión preliminar, estamos atentos a todas las actuaciones que el ministerio público considere, igual que la Fiscalía, y estamos prestos a entregar toda la información necesaria para esclarecer los hechos que se están manifestando”, dijo el alcalde local encargado de Suba, Miguel Cortés.
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