Con acción popular, vecinos buscan cerrar bares en Modelia

Con acción popular, vecinos buscan cerrar bares en Modelia

Alcaldía Local tramita 93 procesos contra establecimientos por incumplir normas de uso del suelo.

Se le acabaría la fiesta a Modelia I CityTv
Se le acabaría la fiesta a Modelia I CityTv

CityTV

Por: Bogotá
30 de octubre 2018 , 06:42 a.m.

La Personería de Bogotá presentó una acción popular ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito, para solicitar que ordene el cierre definitivo de establecimientos de comercio de alto impacto como discotecas, bares, tabernas, clubes sociales y otros, que operan en la zona residencial de Modelia, en la localidad de Fontibón.

Los residentes, cansados de soportar día y noche el exceso de ruido, las riñas de los borrachos, la ocupación del espacio público, los vehículos parqueados en sus andenes o frente a sus casas, la venta de estupefacientes y licor adulterado y, en el peor de los casos, la prostitución en la zona, decidieron llegar hasta las últimas consecuencias para que se protejan los derechos colectivos de los habitantes del sector.

Protesta barrio Modelia

Protesta de residentes del barrio Modelia este 30 de octubre contra los bares que generan ruido.

Foto:

Milton Campos / residente barrio Modelia

El ente de control fue claro en señalar que está en la obligación de garantizar los derechos a un ambiente sano, el disfrute del espacio público, la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de los habitantes del sector, que se ven afectados por el funcionamiento irregular de establecimientos de comercio de alto impacto, en una zona exclusivamente residencial.

Aclararon que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el decreto 190 de 2004, que determinó el uso del suelo, estableció la UPZ del barrio Modelia como residencial y prohibió el desarrollo de actividades de alto impacto.

Según las normas, Modelia tiene como usos permitidos la vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. Como uso complementario está el comercio vecinal y local; es decir, actividades económicas limitadas y equipamentos de cultura, educación y bienestar social, no negocios de alto impacto.

Aclaró el decreto 364 de 2013, de un nuevo POT, que permitía el comercio en la zona, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado; en otras palabras, no está vigente.

Según la Personería, también existe inconformidad por la presunta vulneración de las normas de edificabilidad para la zona con la construcción de un mayor número de pisos a los permitidos, así como la invasión del espacio público con la construcción en antejardines.

Por todas estas razones, la Personería solicitó que se decrete la ilegalidad de la explotación de servicios de alto impacto, de diversión y esparcimiento en la zona y se ordene su cierre definitivo, que, en contravía de las normas, modificó las características urbanísticas del sector y el uso del suelo. Además, que se ordene la demolición o desmonte de los antejardines construidos como la extensión del área comercial a los andenes de los establecimientos, por la invasión y violación del espacio público.

Finalmente, les exige a las autoridades administrativas distritales, locales y de Policía que realicen todas las acciones necesarias para evitar la proliferación de actividades de alto impacto.

En este sentido, pidió que se hagan los operativos necesarios para determinar el grado de afectación y se apliquen las sanciones a que haya lugar.

Beatriz González, veedora ciudadana de la localidad novena, Fontibón, siempre ha mostrado su preocupación porque los comerciantes están pidiendo que se les aprueben cambios que los favorezcan dentro de las planeaciones. “El barrio se nos puede convertir en un sector comercial, como el Santa Fe, por ejemplo. Aquí al lado me pueden poner un bar, una cantina o edificar sin ningún permiso”, insistió la veedora.

Por su parte, Milton Campos, propietario y miembro de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), afirmó que el gremio no adelanta ninguna petición sobre cambios en el uso del suelo. “No promovemos ningún cambio en el POT. Lo que queremos es que se nos respete el derecho que adquirimos con el decreto 364 de 2013, en el cual fuimos legitimados por la ciudad para el uso comercial del suelo”.

REDACCIÓN BOGOTÁ
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