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8.000 mujeres, víctimas de delitos de alto impacto este año en Bogotá
Secretaria de la mujer

Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco. Foto: Cortesía

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Archivo particular.

8.000 mujeres, víctimas de delitos de alto impacto este año en Bogotá

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EL TIEMPO entrevistó a la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco. 

A pesar de los esfuerzos del Distrito por atender las violencias contra las mujeres, más de 8.000 de ellas han sido víctimas de delitos de alto impacto en la capital. Para hablar del tema EL TIEMPO entrevistó a Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer.

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De 163.000 personas atendidas en 2020 en las comisarías, 9.000 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Aumentaron los casos o las denuncias?

La pandemia y el confinamiento profundizaron las condiciones de violencia y discriminación a las que están expuestas las mujeres. Muchas víctimas tuvieron que estar aisladas en casa con sus agresores, otras tantas perdieron sus ingresos y se vieron expuestas a situaciones de dependencia económica que las hicieron cohabitar con ellos. El confinamiento redujo las posibilidades de activación de redes de apoyos familiares e institucionales frente a la violencia.

Esto pudo impactar la disminución en el número de casos denunciados, pero no su ocurrencia. Desde la Secretaría de la Mujer se fortalecieron los canales y medios virtuales y telefónicos, para garantizar alternativas que permitieran que las mujeres que estuviesen en casa con sus agresores pudieran acceder a la oferta institucional. Los servicios de orientación y asesoría se incrementaron. Las llamadas a la Línea Púrpura, por ejemplo, fueron más del doble de las recibidas antes del confinamiento.

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¿Cuáles son las fallas que se siguen cometiendo en los sitios de denuncia?

Los estereotipos que naturalizan y justifican la discriminación y las violencias contra las mujeres están arraigados en todas las estructuras de la sociedad y el Estado, incluidas todas las responsables de la administración de justicia. Hay barreras asociadas a la falta de credibilidad en los testimonios de las mujeres víctimas de violencias, la culpabilización, la revictimización en las instancias administrativas y judiciales, entre otros obstáculos que limitan su ejercicio del derecho de acceder a la justicia.

La Corte Constitucional de Colombia ha instado a que los operadores de justicia sean formados en el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres y apliquen el principio de debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres.

En el caso de las Comisarías de Familia, pese a los esfuerzos, persiste la multiplicidad de funciones: jurisdiccionales, conciliatorias, administrativas, policivas y policía judicial, y la inadecuada arquitectura e infraestructura institucional para responder a las necesidades técnicas y operativas, situación que disminuye la oportunidad, la integralidad y la interdisciplinariedad en la atención a las víctimas.

¿Qué ha cambiado en las comisarías y en los otros puntos de denuncia para humanizar el servicio?

Hoy cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre las Comisarías de Familia que busca fortalecer el diseño y el desempeño institucional de esta entidad crucial para la atención y protección integral de las mujeres víctimas de violencias. Hemos presentado observaciones para fortalecer la reforma y que apueste por superar el enfoque familista, especializar y cualificar los equipos, garantizar disponibilidad permanente de sus servicios, mejorar los sistemas de información y, en general, disponer las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencias en el contexto familiar, quienes en su mayoría son mujeres.

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Se han reconocido problemas estructurales como la brecha entre las funciones asignadas a las Comisarías de Familia y su capacidad operativa para cumplirlas. También la ausencia de protocolos unificados de atención, debilidades en la aplicación del enfoque de género y diferencial que pueden conllevar procesos de revictimización, la precariedad de los sistemas de información que dificultan el seguimiento a las medidas de protección otorgadas por estas autoridades, entre otros asuntos críticos de urgente intervención a nivel nacional.

Conscientes de que hay mucho por fortalecer, a través del Plan de Desarrollo Distrital ‘Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’ se formuló el proyecto de inversión 7564, ‘Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá’, que busca fortalecer la atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar y el oportuno acceso a la justicia a través de 5 capacidades: organizacional, tecnológica, humana, operativa y física.

Teniendo en cuenta lo ordenado en el decreto 460 de 2020, con la prestación ininterrumpida del servicio en las Comisarías de Familia que requieren víctimas de violencia intrafamiliar, la SDIS puso en marcha el canal virtual denominado Una Llamada de Vida, canal que ha permitido desde su creación, el 31 de marzo de 2020, y hasta el 28 de febrero de 2021, la atención a 376 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

El Distrito, en coordinación con entidades nacionales, viene fortaleciendo estrategias y servicios para atender, proteger y acercar la justicia a las mujeres víctimas de violencias.

Desde el Consejo de Seguridad se instaló la mesa de seguimiento para las mujeres en alto riesgo de feminicidio. Cada 15 días se reúnen las secretarías de Mujer, Integración Social, Convivencia y Justicia, Policía, Medicina Legal y la Fiscalía para articular acciones que propendan por la inmediata intervención a casos con riesgos de feminicidios. También está la estrategia de atención de Justicia al Barrio, que permite a través de las Comisarías de Justicia móviles acercar la institucionalidad a los territorios más distantes y con altos índices de violencia intrafamiliar.

La reciente inauguración de la Ruta Integral para Mujeres en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, con presencia de atención de Comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, Sijín, ICBF y los servicios psicojurídicos permanentes de la Secretaría de la Mujer, coordina su intervención para brindar una atención digna desde el primer contacto de la mujer con la institucionalidad.

CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com 

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