Porque en Colombia hay un estado de emergencia moral no declarado que nadie se atreve a desconocer. Por eso, con base en la estructura constitucional del país, la Fiscalía General de la Nación debe atender la situación derivada del vacío que dejó la organización judicial.
Son funciones del fiscal general de la Nación, entre otras muy importantes, investigar y acusar a los altos funcionarios. En la escala de poder, ningún otro funcionario –ni siquiera el presidente– supera al fiscal general de la Nación. La controversia entre el anterior fiscal –el doctor Eduardo Montealegre– y la anterior contralora –la doctora Sandra Morelli–, ambos connotados juristas, dejó notar la supremacía de quien ocupa la jefatura de la política criminal del país.
Nadie ronda al fiscal y, en cambio, el fiscal ronda a todo el mundo. Además, Néstor Humberto se ha movido con destreza. De ahí la referencia del polémico doctor Santiago, asesor de las Farc, de que no conoce otro país, además de Colombia, que le tenga tanto pánico a un fiscal.
Después de los últimos escándalos que involucran a funcionarios del mayor grado jerárquico, la verdad judicial ha desaparecido. Dependemos de la información periodística en vez de la objetividad de la justicia. Cambiamos la verdad judicial por la verdad individual.
En condiciones normales nos basamos en la verdad de los hechos, función que corresponde a los jueces. Perdida la autoridad para establecer esa verdad, cada quien tiene la suya.
Enfrentados a la emergencia moral, sin antecedentes en la historia de nuestro país, lo lógico es establecer prioridades. Lo mismo se hace con una gran tragedia como la de Sierra Leona, por no mencionar sino una de las más recientes catástrofes, en la que un derrumbe de tierra causó la muerte de más de mil personas en agosto pasado: lo primero, atender a los heridos; luego, buscar a los desaparecidos, y así sucesivamente, en medida de la gravedad de cada una de las múltiples dificultades, hasta que se recupere la normalidad.
Abrir un debate interminable sobre las bondades –o, si se quiere, sobre la necesidad– de una reforma constitucional por cualquiera de los caminos tortuosos para perfeccionarla, no parece oportuno. El enfermo podría fallecer mientras se surte el proceso.
El camino más rápido, el que equivale a la atención a los heridos en la catástrofe, es que el fiscal acuse con las pruebas que tiene a su disposición y que los jueces competentes resuelvan con la mayor brevedad posible lo que les corresponda.
Como estamos en emergencia moral, se debe aplicar la “teoría Uprimny” –mediante la cual, para los delitos de corrupción comprobados, no caben los efectos derivados del fuero constitucional de “hechos u omisiones ocurridos en el desempeño del cargo”, que son constitutivos de las garantías– para impedir que tales funcionarios sean objeto de presiones en el cumplimiento de sus obligaciones y no como un privilegio a los magistrados para protegerlos de investigaciones penales.
Para el profesor constitucionalista, autor de la teoría, debe haber un vínculo claro entre los hechos y el cargo que se desempeña. Por tanto, no puede existir un vínculo entre un soborno y el desempeño de un magistrado, de la misma manera que en el caso de los militares no puede existir una conexidad de una violación sexual con el servicio. Las cortes ya se pronunciaron al señalar que, en esos casos, queda roto el vínculo entre el servicio y el delito. Así, se evitaría el procedimiento tortuoso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la que habría que llegar si no se acepta la “teoría Uprimny”.
En todo caso, cualquier solución que se adopte con los recursos actuales de la Constitución y la ley será más expedita que la de las reformas.
Logramos pasar airosos las guerras del siglo XIX, el 9 de abril de 1948, el 13 de junio de 1953, el narcoterrorismo, el paramilitarismo, el terrorismo de las Farc y, ahora, estamos intentando superar el del ELN. Siempre hemos superado los dolores graves y peligrosos de las crisis. ¿Por qué ahora no atender con inteligencia y cabeza fría el inmenso reto que nos plantea esta emergencia moral?
ALBERTO CASAS SANTAMARÍA
REVISTA BOCAS
EDICIÓN 67 - SEPTIEMBRE 2017
