A los líderes sociales

A los líderes sociales

Revista BOCAS - Edición 85

Por: BOCAS
26 de mayo 2019 , 05:00 a.m.

Lo primero que les queremos decir desde BOCAS es que no están solos. La sociedad colombiana, en su gran mayoría, mira con total preocupación las amenazas y los crímenes que se comenten contra ustedes y sin duda es uno de los problemas más graves que afronta Colombia.

Resulta inverosímil que un país que dice estar en busca de la paz sea indiferente a los asesinatos de los líderes sociales, sobre todo cuando este problema ha crecido, alarmantemente, luego de la firma de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las Farc.

Nadie debería revivir fantasmas del pasado. Nadie debería querer que cifras como las que reveló Indepaz, en uno de sus informes, las cuales registran que los homicidios de líderes sociales llegó al tenebroso número de 1.912, en el 2003, se vuelvan a repetir. Estar con ustedes también es evitar que se conviertan en una estadística más del conflicto.

Según el más reciente informe presentado por Medicina Legal, entre enero del 2018 y abril de este año han sido asesinados 317 líderes sociales. Campesinos, indígenas y personas que lideran los procesos de sustitución de cultivos ilícitos son las principales víctimas de estos crímenes y los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander. Un aumento significativo si se tiene en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, desde el primero de enero del 2016 hasta el 28 de febrero del 2019, van 467 líderes asesinados.

Algo que vale la pena definir es: ¿qué es un líder social? Según el informe ‘¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo’, del Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas y el programa Somos Defensores, entre otros, dice: “La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta”. Es importante aclarar que no existe una definición única.

Por eso encontramos que dentro de los líderes sociales hay personas que se han dedicado a promover la restitución de tierras o la defensa del medioambiente, en muchos casos oponiéndose a megaproyectos energéticos o mineros como lo ha hecho Víctor Hugo Moreno, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. También hay líderes en la reparación a las víctimas, lucha que ha liderado, por ejemplo, Angelina Isabel González, del Carmen de Bolívar; en la defensa de los derechos humanos y de los derechos LGBT, como la activista Zunga, La Perra Roja, hasta las luchas étnicas tanto de indígenas (lideradas por personas como Jaison Pérez), como de afrocolombianos.

Algo que sí es común para todos los líderes es que la violencia viene desde todos los actores del conflicto: paramilitares, guerrilla e incluso algunos miembros de la fuerza pública. De ahí una posible explicación de su vulnerabilidad y desprotección.

Si bien ha aumentado la protección que brinda el Estado a los líderes amenazados, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esto no parece ser una medida disuasoria para sus victimarios. Según cifras de la entidad, más de 4.500 líderes cuentan con esquemas de protección, que incluyen escoltas, vehículos blindados hasta esquemas de protección colectiva.

Atentados como el cometido contra Francia Márquez Mina, el pasado 4 de mayo, en Santander de Quilichao, muestra que los criminales están dispuestos a atacar, así los líderes tengan protección. Dos hombres de la UNP que protegían a Márquez resultaron heridos. O el atentado contra Mayerli Angarita Robles, líder de los Montes de María, que luego de publicar una columna en la revista Semana, el pasado 19 de mayo, sufrió un atentado en Barranquilla donde dispararon contra su carro que, al ser blindado, evitó una tragedia.

Tal vez sea más efectivo que la justicia actúe y encuentre a los responsables de estos hechos, desde las personas que ordenan los crímenes hasta los sicarios que los llevan a cabo. Aunque, según cifras de la Fiscalía, de los 231 crímenes ocurridos entre el primero de enero del 2016 y diciembre del 2018, 126 han sido esclarecidos. Solo un 9 por ciento de los casos está en ejecución de penas, según el informe ‘¿Cuáles son los patrones?’.

Una política clara por parte de todas las entidades del Estado es fundamental para que estos crímenes no continúen. Aquí no se trata de pasar “las papas calientes” de una entidad a otra, el compromiso debe ir desde las autoridades locales, alcaldes, personeros y gobernadores, hasta las más altas esferas del Estado. Palabras de ministros de Defensa como: “Eso son líos de faldas” o que los crímenes son “una refriega”, no deberían repetirse. La protección también incluye la no estigmatización de los líderes y sus protestas.

Este problema ya ha llegado hasta las instalaciones de la CPI, en La Haya. Incluso un grupo de cineastas y actores protestó en el reciente festival de Cannes por la muerte de los líderes en el país. Los ojos del mundo empiezan a mirar estos crímenes, algo que esperamos ayude a que ningún acto de violencia como los cometidos contra ustedes quede impune. Los homicidios de líderes como Maritza Quiroz, asesinada en la vereda San Isidro en la Sierra Nevada, por defender la restitución de tierras; o el de Víctor Manuel Trujillo, cometido en Puerto Guamo, Bolívar, por liderar protestas agrarias; o el del cineasta Mauricio Lezama, no pueden quedar en el olvido.

REVISTA BOCAS
EDICIÓN 85 - MAYO 2019

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